El Mercurio
Quiere ser constructivo.
Por eso, José Luis Cea -ex presidente del Tribunal Constitucional, académico de las universidades de Chile y Católica, miembro de Clapes (el thik tank que lidera Felipe Larraín) y presidente de la Academia de Ciencias Sociales- pidió tiempo para analizar en profundidad el discurso en que la Presidenta Bachelet propuso su fórmula para llegar a una nueva Carta Fundamental. Encontró elementos "positivos", como el hecho mismo de esbozar definiciones en una materia que hasta ahora era pura nebulosa. Pero, pese a todo, su visión es crítica.
No se trata solo de que él sea un reformista convencido, escéptico, por tanto, de procesos refundacionales como el que ahora se pretende iniciar. El punto es que el propio itinerario planteado por la Mandataria le suscita abundantes dudas, las que analiza para "El Mercurio" con el estilo didáctico de quien ha formado a generaciones de constitucionalistas.
Primera duda: ¿Educación cívica en cinco meses?
Así, Cea parte por la primera etapa esbozada por la Mandataria: el proceso de "educación cívica" que se iniciaría a fines de mes y culminaría en marzo. Y también ahí surge su primera inquietud. "Resulta inverosímil pensar que se pueda llegar a adquirir un mínimo de cultura cívica y constitucional en un lapso tan breve", dice.
Y aunque evita hacer suyas las palabras de quienes sostienen que esta fase podría tener más bien las características de un "adoctrinamiento", agrega que "no lo puedo descartar".
¿Cómo se obtendrá un resultado de los "diálogos"?
Pero si ese primer paso le suscita dudas, ellas se multiplican a propósito del siguiente, el de los "diálogos ciudadanos" en torno a una nueva Constitución, que partirían en marzo del próximo año. "¿Cuál es mi preocupación? Que este país no tiene consensos básicos elementales para conversar maduramente. Pensar que de aquí a ocho, diez meses más podamos estar dialogando entre ciudadanos que no nos conocemos, que probablemente tenemos disimilitudes enormes en edades, en procesos de socialización, en cosmovisiones, es también prácticamente inconcebible. Es una muy buena intención, una muy plausible idea, pero completamente fuera de la realidad".
-¿Hay antecedentes similares en el derecho comparado?
-Puede que alguien me corrija, pero yo no conozco ninguno. Por lo demás, generalmente los procesos que llevan a una nueva Constitución son revolucionarios o contrarrevolucionarios. Están marcados por un ambiente de facto, no por un análisis calmado en una sociedad en reposo, estudiando y llegando a acuerdos o consensos.
-En cualquier caso, más allá de sus dudas, ¿cómo se debería regular un proceso de diálogo como el que se propone?
-Si no perdemos de vista que la Presidenta dice que debe ser dentro del marco institucional vigente, entonces esto tendría que ser regulado a través de leyes. Se tendrían que dictar disposiciones que no sean simplemente decretos o reglamentos. Y todo esto exige mucha prolijidad. Porque, por ejemplo, en un diálogo ciudadano en la comuna de Santiago, con cientos de miles de habitantes con maneras de pensar diametralmente opuestas, con sectores que coinciden y otros que no en los más diversos aspectos, ¿cómo usted organiza un resultado? ¿Cómo fluye de ese conglomerado de tensiones y divisiones algo coherente, aquella visión unitaria que la Presidenta pide?
-La Presidenta plantea que el proceso sea moderado por un consejo de personalidades. ¿No podría ese consejo dar las garantías que se necesitan?
-De acuerdo con el discurso, ella nombraría un consejo que tendría como objeto ser el observador que moderara el desarrollo de este proceso y que impusiera ciertos criterios éticos. Creo que es una idea positiva, pero el enunciado que ella hizo llega hasta ahí. No sé cuántos serían sus miembros, de qué manera se los designaría, con qué competencias, cómo funcionarían.
Similitud con lo que decía la Constitución del 80... antes de reformarse
"El consejo -continúa el análisis de Cea- presentaría a fines de 2016 un conjunto de ideas ordenadas de estos diálogos ciudadanos, sobre la base de lo cual ella elaboraría un proyecto de nueva Carta Fundamental que se enviaría al Congreso. Y ahí, en esta etapa tres, se abre el punto de que ella piensa en un proceso constituyente en que participarían dos congresos, lo que curiosamente tiene similitudes con la Constitución de 1833 y con la de 1980 en su versión original (que no se alcanzó siquiera a aplicar) que también contemplaban dos parlamentos sucesivos para reformar la Constitución.
"Todo puede culminar en un fracaso"
-¿Cómo observa el papel que se asigna al actual Congreso?
-La Presidenta lo pondría en movimiento para estos efectos con un proyecto de reemplazo de la Constitución cimentado en estos diálogos y en las bases que elabore el consejo moderador, que a su vez ella trabajaría desde octubre de 2016 hasta el segundo semestre de 2017. Ella va a proponer ahí un proyecto que se aprobaría por dos tercios. Detengámonos ahí: dos tercios son muy difíciles de obtener; la dificultad ya quedó demostrada esta semana con la votación del contralor, que exigía tres quintos.
"Por cierto -acota Cea-, hasta aquí hemos estado especulando que todo esto se desarrollaría en un clima de gran entendimiento y concordia, lo cual puede ser completamente equivocado: el país no vive un momento de prosperidad económica y de sosiego en materias sociales, sino, al contrario, grandes tensiones y lo más probable es que se agudicen. En ese escenario, los dos tercios que requeriría el proyecto resultan una quimera... De modo que todo esto se puede detener por no encontrar los dos tercios y culminar en un fracaso".
"Totalmente insólito"
-Concretamente, el Congreso tendría que pronunciarse respecto de agregar un nuevo capítulo a la Constitución, que consideraría un menú de opciones para su reemplazo, desde una comisión bicameral hasta una asamblea constituyente. ¿Hay precedentes de una fórmula así, con menú? ¿Qué le parece a Ud.?
-Totalmente insólito. Una Presidenta, cuando adopta una decisión como es definir un proceso constituyente, no lo hace sobre la base de transferir o de arrojar sobre otro órgano la decisión sobre ese punto. A mí me parece completamente inverosímil, pero no me resisto, no considero que sea per se irregular o espurio. Sí me parece completamente anómalo, fuera de todos los estándares, que sea el próximo Congreso el que, en la etapa cuatro, va a decidir cuál de las opciones se va a elegir y para eso además se hace una rebaja importante de quorum , a tres quintos. Por lo demás, aquí se supone que dos parlamentos sucesivos van a estar de acuerdo. A mí me parece altamente improbable.
Su gran inquietud: ¿Vale la pena?
-¿Cómo podría incidir en todo esto el contexto?
-Esa es una pregunta central: ¿En qué contexto se va a desarrollar este proceso tan largo? En primer lugar, cabe suponer que se desarrollará controladamente, que nadie se va a salir para entrar en vías de facto, pero ¿quién va a controlar que efectivamente transcurra en los carriles que busca la Presidenta y que no surjan movimientos antisistémicos? En segundo lugar, en un proceso de tan larga duración, de un mínimo de dos y medio a tres años, ¿qué pasa por ejemplo con la economía? Si el Congreso actual rechaza la propuesta de la Presidenta porque la fórmula del nuevo capítulo constitucional no reúne el quorum , ¿en qué clima quedamos? Eso hace pensar que hay un grado de simplificación enorme. Y por cierto me parece que los medios deben estar claros de la mala utilización que se pueda hacer del tema, en el sentido de que se inicie un proceso de concientización. Yo tengo la impresión, y ojalá me equivoque, de que esto va a dar lugar a una gran embestida de carácter manipulador en la opinión pública. Esto no puede salir adelante si no es usando presiones. Y este es el quinto punto que me preocupa: ¿Qué Constitución va a resultar de eso? Porque, desde luego, cuando se dice que la Constitución debe ser representativa y expresión casi como en un espejo limpio de los más variados sectores del país... eso es imposible.
-¿No existen constituciones de todos, como se dice en el anuncio presidencial?
-Nunca, en ninguna parte del mundo. Incluso respecto de las más sólidas, como la Constitución de Estados Unidos, constantemente se están publicando artículos de académicos que se manifiestan contrarios a ella o a algunos de sus aspectos. Son minoría, pero si usted me pregunta si hay alguna Constitución que haya sido perfectamente consensuada, jamás. ¿Es posible que se logre? Nunca. Es una perfecta quimera. Una Constitución que sea expresión de consensos perfectos es casi como pensar en un país de ángeles.
-¿Qué concluye entonces en su análisis?
-¿Vale la pena un esfuerzo tan grande, por tanto tiempo, con tantos factores de riesgo, que probablemente va a significar un agudizamiento extremo de las diferencias en el país? Yo llamaría a que exista un liderazgo que ponga de relieve esto, que anticipe lo grave que es entrar en el desbaratamiento de un régimen que ya tiene tantas enmiendas y que es un ejemplo de cómo una Constitución que puede ser criticada en su origen ha devenido absolutamente legitimada en su ejercicio. Esa experiencia constitucional no se puede dejar de lado, pero sobre todo sin saber su resultado.
-"La actual Carta se ha enraizado en el ethos colectivo"
Las discrepancias de Cea con el planteamiento presidencial parten desde el diagnóstico. El jurista discrepa de plano con la visión según la cual la actual Carta Fundamental arrastraría una carga de ilegitimidad dado su origen en el régimen militar. "El país -hace notar- tiene ya 25 años de gobierno perfectamente democrático, con una Constitución que ha sido mejorada a través de las 35 reformas ya en vigencia. Esa Carta hoy se está aplicando ciento por ciento, está siendo vivida en la práctica, por ejemplo, a través de los cientos de miles de recursos de protección que se presentan en los tribunales. Se ha ido enraizando en el ethos colectivo y ha permitido un desarrollo socioeconómico notable y, antes, una transición ejemplar".
-¿Pero no es la Constitución de la dictadura?
-Fue. Hubo un esfuerzo que encabezó el Presidente Aylwin y diversos sectores que lograron el acuerdo que hace 25 años hizo posible el paso del régimen militar al proceso democrático. La Constitución nació como nació, pero también se hizo en 1989 la primera reforma, que significó que el 87% de los sufragantes ratificaron los 54 cambios que entonces se le hicieron, y eso la legitimó. Y luego han venido cambios muy importantes, no solo el de 2005. No me cabe duda que desde hace muchos años, diría desde 1989, la Constitución, que se puede calificar que nació de una manera discutible, dejó de serlo y es perfectamente democrática. Entonces, el diagnóstico que se hace tiene claves artificiales y hace pensar que hay detrás una consigna ideológica.
Y aquí el académico llega a un tema que le inquieta de modo particular, y que viene planteando desde hace un tiempo, tras estudiar las luces que el programa de la Nueva Mayoría entrega respecto de una futura Carta Fundamental: el fin de la facultad de control preventivo del Tribunal Constitucional; la eliminación del trámite de toma de razón por parte de la Contraloría y la supresión de los quorums especiales para cambiar ciertas normas. "Yo llego a la conclusión de que uno de los objetivos capitales del proyecto constitucional de la Nueva Mayoría es el de disminuir al máximo la supremacía constitucional. Lo que se busca es una ley que sea lisa y llanamente expresión de cualquier mayoría, por contingente que sea. Eso equivale a la supresión del respeto a la minoría. Porque si se suprime el control preventivo del TC, se suprime el control por la toma de razón y se puede aprobar toda legislación por simple mayoría, y con una posibilidad muy remota de recurrir a los requerimientos de inaplicabilidad y de inconstitucionalidad ante el TC, que pueden demorar años, ¿qué va quedando para la seguridad jurídica?".
-"Es un proceso de tan larga uracion, ¿qué pasa por ejemplo con la economía? Si el Congreso rechaza la propuesta de la Presidenta porque no reúne el quórum, ¿en qué clima quedamos?".
-"Una Constitución que sea expresión de consensos perfectos es casi como pensar en un país de ángeles".
