La Tercera / Diario El Pingüino - Punta Arenas
La discusión en particular de la reforma laboral avanza en la Comisión de Trabajo del Senado y los senadores de oposición, Andrés Allamand (RN) y Hernán Larraín (UDI) ya han anunciado que objetarán la constitucionalidad de dos materias que fueron aprobadas en los últimos días en dicha instancia: la titularidad sindical y la extensión de beneficios.
Y pese a que desde la oposición pretenden alcanzar acuerdos en el Parlamento que impliquen modificaciones en estas materias, tampoco quieren que estas objeciones se queden en el ámbito "testimonial".
Por esta razón, en la Alianza están contactando a un grupo de expertos constitucionalistas entre los que figuran el abogado y ex embajador en Estados Unidos, Arturo Fermandois; el abogado y magíster en Derecho Público Constitucional de la Universidad Católica, José Francisco García, y el abogado y docente de la Universidad Católica, Sebastián Soto, de cara a la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional (TC).
De hecho, desde la oposición no ven con malos ojos llegar a dicha instancia, ya que tras la nominación por parte de la Corte Suprema del abogado y magíster en Ciencia Política de la Universidad de Chile, José Ignacio Vásquez, como integrante del TC, en reemplazo del abogado -ligado al PS- Francisco Fernández Fredes, tendrían una mayoría en dicha instancia que les permitiría dejar sin efecto estas materias específicas del proyecto.
Sin embargo, desde el gobierno refutan los planteamientos de la oposición, principalmente respecto de la titularidad sindical. De hecho, el subsecretario del Trabajo, Francisco Javier Díaz , señaló en la Comisión que el Ejecutivo no tiene "ninguna duda" respecto de la constitucionalidad de esta normativa que constituye uno de los principios esenciales del proyecto de ley. "La propia Constitución de 1980 mandata expresamente a que una ley establezca las modalidades y procedimientos de la negociación colectiva, que es precisamente lo que regula el proyecto de ley", aseguró.
Extensión de beneficios
Durante la sesión de este jueves, la Comisión de Trabajo aprobó por tres votos contra dos el artículo 323 que permite la extensión parcial o total de los beneficios alcanzados en la negociación colectiva previo a un acuerdo entre el sindicato y el empleador.
Hernán Larraín señaló que esta normativa obligará a los trabajadores a afiliarse al sindicato para obtener los beneficios de la negociación. "Que subordinemos los derechos individuales de los trabajadores a los derechos colectivos me parece que no es el camino. (...) Por esta razón hemos hecho reserva constitucional de esta materia", manifestó.
El presidente de la UDI añadió que si en la Sala del Senado no se aprueba "una medida sensata que permita la extensión de beneficios para los trabajadores no afiliados, fundados en el acuerdo que pueda existir entre el empleador y su trabajadores, ciertamente la decisión sería llevarlo al Tribunal Constitucional. Pero esperamos que prime la sensatez", expresó.
