Diario Financiero
El deterioro de la situación política, económica y social de Venezuela agregado a la crisis que Maduro ha provocado con Colombia a través del cierre de parte de la frontera con dicho país y la deportación y retorno de miles de colombianos, preocupan crecientemente a la comunidad internacional y, en particular, a nuestra región. A lo anterior, debe sumarse la aberrante condena del dirigente opositor encarcelado Leopoldo López y a un grupo de estudiantes por el sólo hecho de haber convocado al pueblo a manifestarse, en febrero de 2014, en un juicio desarrollado sin las garantías del debido proceso y por un Poder Judicial coaptado por el gobierno de Maduro y carente de independencia.
Con toda razón, el ex Presidente Sebastián Piñera expresó frente a lo expuesto, que ello "refleja el profundo grado de deterioro de las libertades, la democracia, la independencia del Poder Judicial y el Estado de Derecho en Venezuela" y el ex primer ministro español calificó al gobierno de Maduro como "una dictadura de facto" donde este último "decide por el Parlamento y por la Justicia".
Uno de los principios rectores de nuestra política exterior, reconocidos en la Carta de la OEA, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Carta Democrática Interamericana es el respeto y promoción de los derechos humanos y de la democracia representativa. Por tanto, la legítima preocupación y los llamados al gobierno de Maduro a la liberación de López y al respeto de las debidas garantías judiciales en su proceso son plenamente conformes al Derecho Internacional y no constituyen una intromisión en los asuntos internos de un Estado.
La actitud del gobierno de Chile respecto de la grave crisis de Venezuela se ha caracterizado por una débil posición acorde a la de Unasur funcional a los intereses del gobierno de Maduro.
Sin embargo, debe valorarse la declaración que respecto de la condena de López emitió la Cancillería chilena, el pasado 12 de septiembre, donde se manifiesta su esperanza de que "se observen las garantías judiciales de un debido proceso y la eficacia de los recursos disponibles para que los afectados puedan reclamar de una sentencia de primera instancia", en "consonancia con el pleno respeto de los derechos humanos fundamentales universalmente reconocidos y consagrados en diversos tratados internacionales que obligan a nuestros Estados".
Por último, cabe manifestar una legítima preocupación por la libertad y limpieza de la elección parlamentaria que se efectuará el próximo 6 de diciembre en Venezuela donde las encuestas indican un triunfo opositor. Ello exige que nuestra Cancillería quiere ser consecuente con los principios de nuestra política exterior, impulse decididamente que ellas sean sujetas a la probada observación electoral de la OEA y no a la misión de "acompañamiento" de Unasur, la cual no da garantías ni de idoneidad como tampoco de imparcialidad.
