La Tercera
En la antesala del envío de un proyecto de ley que reformará el sistema de salud, el mundo académico se ha sumado al debate en torno a los alcances de una eventual iniciativa legal. En entrevista con La Tercera, el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, Carlos Frontaura, justifica cambios a la ley que regula al sector isapres en miras a detener el proceso de judicialización dado por afiliados que buscan congelar el aumento de precios de los planes de salud.
Hoy, se desarrollará el seminario "El Derecho a la Protección de la Salud frente a los Tribunales", donde participarán juristas y autoridades que analizarán el actual escenario.
¿Qué piensa de la judicialización que se aprecia por parte de los usuarios de isapres que impugnan las alza de precios de sus planes?
En un Estado derecho los conflictos que se resuelven por la vía legal hablan de una sociedad sana. En la judicialización del alza del precio base de los planes hay una situación que es anómala, toda vez que la forma de subir el precio base está determinada por la ley. Hay una normativa legal que ampara el reajuste, pero por otro los tribunales dicen que no.
Allí hay controversia y el inconveniente que veo es que un problema de política pública se resuelve en tribunales. Las políticas públicas se deliberan en el Congreso y las instituciones se ajustan a ellas. Entonces, cuando los tribunales empiezan a pronunciarse sobre estos casos, quiere decir que tenemos un mal diseño de política pública.
¿Usted justifica el reajuste de las tarifas de la industria?
Evidentemente, si cualquier prestador de un servicio tiene aumento de costos, va a subir los precios.
Ahora, ¿cuál es la forma precisa y que resuelve este problema?
Eso debe ser definido técnicamente. Hay que tomar en cuenta que la salud tiene costos y esos costos crecen con el tiempo. Se habla de una "industria de abogados" que impulsan a las personas a iniciar juicios contra las isapres
¿Qué piensa de eso?
El abogado es un colaborador de la justicia, lo que implica dar a cada uno lo suyo. Y, naturalmente, el abogado no debe ser un promotor de litigios, sino que una persona que contribuya a resolver los problemas. Usted señala que funciona mal el sistema.
¿Apoya una reforma al sector?
Debe haber un debate más amplio porque, en la práctica, no se está cumpliendo la ley, según las isapres y desde la mirada de los usuarios. Lo natural es que los poderes Ejecutivo y Legislativo muestren la forma de resolver este problema.
¿Qué elementos debería contener el proyecto de ley que introduzca cambios a las aseguradoras? Hay ciertos principios generales, tanto a nivel constitucional como también en el ámbito de los derechos humanos, que cualquier reforma debe contemplar. Me parece que el que las personas puedan elegir entre un sistema estatal y uno privado de salud debiera contemplarse como un principio sustancial.
Existe temor en la industria que con esta ley se avance a un sistema único de salud. La Constitución plantea la elección de las personas, por lo que (un sistema estatal) sería inconstitucional. Pero más allá de eso, la posibilidad de la elección garantiza los derechos de las personas. Deben elegir dónde deben atenderse.
A propósito de elección: ¿es discriminatorio que una empresa pida una declaración de salud como requisito para entrar?
La gente que puede optar por el sector privado, lo hace porque existe un mejor servicio. La pregunta que se hacen algunos es valiosa si se elimina esa declaración: si no existe, muchas personas llegarían y recargarían los costos a los privados, sin que reciban una compensación por recibir a esos nuevos afiliados.
¿La cotización de salud pertenece a cada persona o es parte del sistema de seguridad social?
La cotización es obligatoria, pero también es parte de la seguridad social. Otra consideración es si, como Estado, tengo derecho a tomar ese 7% de cotización, usarlo y distribuirlo. Eso es un tributo, no es parte de mi remuneración. Yo pago impuestos por mi remuneración y va a fondos generales de la nación.
¿El Estado puede administrar parte de la cotización?
Tendría que pasar a la lógica de tributos y, por lo tanto, el Estado asumiría una función de provisión de la salud. Creo que se debe escoger estar en el sector estatal o bien en el privado. Si voy a estatizar la salud, se genera un problema constitucional y de principios de cómo nos ordenamos en la sociedad. El sector privado dice que un fondo mancomunado es un impuesto adicional a las personas...
Efectivamente, es un impuesto. Entonces hay que ver cómo es el proyecto de ley completo y si tiene rasgos impositivos que no son acordes a la normativa chilena. La Organización de las Naciones Unidas exige que los estados tengan seguros de salud públicos, privados o mixtos para la población. Muchas veces aparece en este debate que la única manera de garantizar los derechos sociales es que sean entregados por el Estado, pero la verdad es que eso no es así. La provisión de derechos sociales puede ser entregada mediante diversos sistemas.
