Diario Financiero
Una de las 50 medidas para los 100 primeros días del gobierno de la Presidenta Bachelet, correspondió a la presentación de una nueva versión del proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, el cual así reinició su tramitación en el Congreso.
El tema de la biodiversidad es una de las discusiones pendientes en materia de institucionalidad ambiental, la cual ha sido pospuesta varias veces, por ejemplo, cuando se discutió la ley sobre recuperación del bosque nativo (20.283) y la ley que rediseño la institucionalidad ambiental (20.417). Esta es una discusión necesaria y apremiante, ya que el diagnóstico es bastante crítico, especialmente por los problemas de institucionalidad inherentes a la condición de la Conaf como corporación de derecho privado con atribuciones públicas -una completa anomalía que en su momento hizo ver el Tribunal Constitucional- y la situación de dispersión normativa y de gestión de las áreas protegidas, en que intervienen varios ministerios, tales como Medio Ambiente, Agricultura, Economía y Educación, y que ha llevado a importantes niveles de incertidumbre.
Sin embargo, luego de la presentación de indicaciones en el mes de mayo del presente año, actualmente el proyecto se mantiene con urgencia simple y no se vislumbra mayor movimiento. Es que, sin lugar a dudas, este proyecto es uno de los más complejos que se hayan discutido dentro de la temática ambiental, ya que está cruzado por visiones ideológicas en que se enfrentan por un lado, la preservación ambiental y por otro, el derecho de propiedad y la libre iniciativa económica. ¿Cómo resolver esta aparente contradicción? Lo relevante es que este tipo de conflictos sean resueltos utilizando criterios de sustentabilidad. Así, desde un punto de vista ambiental, se requieren criterios técnicos para la creación de las áreas, las cuales han de ser de propiedad fiscal, jerarquizadas, simples y que reflejen los compromisos internacionales de Chile en términos de representatividad ecosistémica y con claridad en el objeto de conservación.
Desde un punto de vista económico, es necesario que las actividades económicas puedan ser compatibilizadas con las áreas protegidas, respetando el objeto de protección y plan de manejo, y que en la creación de las áreas existan criterios económicos, para entender bien los costos y beneficios de su creación. Finalmente, respecto al pilar social, es importante que existan tipos de áreas que permitan un uso sustentable de las mismas por parte de las comunidades, participando ellas en el proceso.
Así, para una verdadera discusión de sustentabilidad en esta materia, se requiere que estos criterios sean incorporados para resolver tanto la temática de las áreas protegidas como los instrumentos de gestión en biodiversidad fuera de áreas protegidas. Respecto a estos últimos, lamentablemente el proyecto de ley incurre en graves problemas técnicos y de constitucionalidad, afectando al derecho de propiedad y generando incertidumbre.
