La Tercera

Ricardo Irarrázabal 158x158

Señor director:

El profesor Juan Sandoval, de la Universidad de Valparaíso, duda de la vocación pública de la Universidad Católica porque su rector considera "inaceptable" condicionar la gratuidad a la participación estudiantil en los órganos colegiados de las instituciones. Sandoval señala que el "valor de lo público es precisamente lo contrario a la primacía del interés particular", por lo que si una universidad es pública "debería asegurar que todos puedan saber, participar e incidir en los destinos de aquello de lo que son parte, cada uno desde su rol, incluyendo a estudiantes". Comparto el razonamiento de la primacía de lo público por sobre el interés particular como fundamento de la vocación pública de la universidad, lo cual lleva a no confundir el interés público con el interés estatal.

Es ese valor público el que debiera guiar a que las universidades se desarrollen con miras a ser instituciones de más calidad para realizar una mejor contribución a Chile. Es por su vocación pública que la Universidad Católica ha de velar por la calidad de su docencia e investigación. Y para eso es esencial dilucidar cuál es la estructura de gobierno universitario que de mejor forma permita más calidad. En la experiencia, la incorporación de estudiantes y funcionarios con voz y voto en las decisiones de largo plazo de las universidades no ha tenido buen resultado, ya que existe el riesgo de que estudiantes y funcionarios prioricen sus intereses por sobre los de la universidad.

Lo relevante es cómo fomentar la participación de estudiantes y funcionarios a través de sus propios órganos, por ejemplo, federaciones de estudiantes y sindicatos. Vale la pena destacar la activa participación de los estudiantes de la UC, en cuyas elecciones vota uno de los porcentajes más altos de alumnos, tanto en las discusiones universitarias como en las nacionales. Y como lo fundamental es el interés público, el rector de la UC plantea que la gratuidad no puede estar supeditada al cogobierno, ya que implicaría afectar gravemente la autonomía universitaria y la calidad institucional en docencia e investigación, que es el gran sustento de la primacía del interés general por sobre el particular.