El Mercurio
La bomba que el 11 de agosto de 2014 estalló en las afueras de la Primera Comisaría de Carabineros, en pleno centro de Santiago, destruyó el auto de un teniente y algunos ventanales del cuartel. Pero, a la vez, entregó una pista que hoy es clave en la investigación del atentado que a las 14.05 horas del 8 de septiembre del año pasado estremeció a la galería Subcentro de Las Condes, en la estación Escuela Militar del Metro, y afectó directamente a 23 personas (ver infografía y testimonios).
En los restos del artefacto de la comisaría, se halló material genético de tres personas: Juan Flores, Nataly Casanova y Enrique Guzmán. Supuestos anarquistas que hoy están imputados y presos por el ataque al Subcentro, el peor entre más de 200 bombazos registrados en el país durante los últimos años.
En la antesala de que se cumpla un año de este último hecho, la investigación entra en su etapa final. Y la Fiscalía Regional Metropolitana Sur (FRMS) -a cargo de las pesquisas- se apresta a enfrentar en los próximos meses un juicio oral que se prevé "crucial".
Cuatro atentados
Aparte de los ataques a la Primera Comisaría y al metro Escuela Militar, en ese mismo expediente se indagan los atentados explosivos en el metro Los Dominicos (julio de 2014) y en la 39ª Comisaría (11 de agosto del mismo año).
La FRMS tiene plazo hasta fines de octubre para seguir investigando, pero se espera que pida el cierre de la investigación antes de esa fecha.
Desde ya, el juicio oral venidero se vislumbra como una "prueba de fuego" para el Ministerio Público, tras el fracaso en el llamado Caso Bombas, indagación liderada por el hoy ex fiscal Alejandro Peña que terminó con todos los acusados libres.
En la FRMS están seguros de que no se repetirá el "papelón". Porque esta vez -se afirma- "están las pruebas" para acusar y condenar. Como el material genético hallado en los restos del artefacto de la Primera Comisaría, el seguimiento de tarjetas Bip! que ubican a algunos de los imputados en los sitios de los atentados o el hallazgo de explosivos en uno de sus domicilios.
"Respaldo" de 10 jueces
Pese a la reserva con que trabajan, se sabe que el fiscal regional Raúl Guzmán y el fiscal exclusivo para los bombazos, Claudio Orellana, están "satisfechos" con los resultados obtenidos en la investigación. Entre los "puntos" a su favor suelen mencionar el hecho de que los tribunales han mantenido la prisión preventiva de Flores, Casanova y Guzmán.
Los mismos análisis apuntan al hecho de que cuatro magistrados del 15º Juzgado de Garantía y seis ministros de la Corte de Apelaciones de San Miguel han avalado -en los hechos- la tesis de la fiscalía, al mantener las medidas cautelares que pesan sobre los imputados. Autores -a juicio del Ministerio Público- de delitos terroristas.
Se mencionan también algunas condenas logradas en este plano, como las impuestas a Luciano Pitronello o Hans Niemeyer.
La "confianza" de Guzmán y de su equipo se relaciona igualmente con el hecho de que, luego de la captura de los tres imputados, los bombazos han bajado. Entre enero y agosto de este año se registran en Santiago solo cuatro atentados, frente a los 11 que se contabilizaban en el mismo período el año pasado.
Al interior de la FRMS estiman que estos mejores resultados obedecen a un cambio en la estrategia para enfrentar los bombazos. Táctica que incluye la participación de un equipo de 20 personas, entre fiscales y policías.
Pero también a la certeza de que es necesario actuar con "pie de plomo". Lo que explica, por ejemplo, que los fiscales tomaran la decisión de retirar la imputación en contra de una cuarta persona que en su minuto estuvo detenida en la causa.
A una la sorprendieron con un celular; otro insultó a gendarmes
Dos de los imputados por el atentado explosivo en la galería Subcentro de la Escuela Militar han tenido problemas de conducta en sus respectivas prisiones.
Hace un tiempo, Nataly Casanova fue sorprendida con un teléfono celular ingresado subrepticiamente a su lugar de reclusión: la cárcel de San Miguel. En otro momento, además, hizo una huelga de hambre.
La posesión del teléfono le valió una sanción, consistente en la restricción de sus visitas.
Flores, en tanto, al inicio de su cautiverio, profirió amenazas e insultos en contra de los gendarmes. Lo que motivó un castigo en su contra.
El joven -condenado anteriormente por robo con intimidación- tiene un "alto compromiso delictual", según las evaluaciones de Gendarmería.
A diferencia de ambos, Guzmán ha observado un buen comportamiento tras las rejas.
Ninguno de ellos ha querido declarar ante la fiscalía. Pero desde el entorno de sus defensas se insiste en que los tres son inocentes.
UC defiende a victimas
Sobre los imputados pesan distintas querellas. Entre las que se cuentan las entabladas por la Clínica Jurídica de la Universidad Católica en favor de cada una de las víctimas.
La abogada y profesora de la UC María Elena Santibáñez explica que ella junto a otros académicos y alumnos de cuarto y quinto año de la Facultad de Derecho asesoran individualmente a los afectados.
"Era fundamental que tuvieran una representación como víctimas", plantea Santibáñez. Quien a su vez coincide con la tesis de la fiscalía en cuanto a que el atentado de agosto de 2014 fue efectivamente un delito terrorista, debido al "temor" que generó tanto entre las personas directamente afectadas, como en el resto de la población.
Tengo miedo que los suelten, por cómo está la justicia ahora. Saben quiénes somos. Capaz que nos hagan algo"
A nosotros nos hicieron un daño (...) No tenemos ni las soluciones para sus demandas, ni la culpa de sus problemas, que no sé cuáles son".
