Cámara de Diputados
El Comité de Evaluación de la Ley/OCDE, en conjunto con el Centro de Políticas Públicas UC, desarrollará este lunes 27 de julio, en dependencias del Congreso Nacional, sede Santiago, entre las 10:00 y las 12:30 hrs., un coloquio académico para complementar el trabajo del Foro de Evaluación Ciudadana de la Ley 20.084, que establece un Sistema de Responsabilidad de los Adolescentes por infracciones a la ley penal.
Según se informó, el coloquio busca contar con una mirada académica en el ámbito jurídico, social y psicológico para enriquecer la visión de la ciudadanía respecto a los actuales problemas. Como antecedente, indicaron que, desde el inicio de la Reforma Procesal Penal, en 2007, se han registrado 379.753 casos de responsabilidad penal juvenil. "Ahora se busca discernir si la ley está fallando o si el problema está radicado en otros motivos", puntualizaron los organizadores.
Los ejes centrales sobre los cuáles se desarrollará la discusión académica son:
-Sanciones contempladas en la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (RPA).
-Oferta programática para la intervención de jóvenes infractores.
-Especialización del sistema de RPA.
Los organizadores informaron que, durante los estudios realizados por el Departamento de Evaluación de la Ley sobre la Ley 20.000, de drogas ,y la Ley 20.066, de Violencia Intrafamiliar, el tema de la responsabilidad penal adolescente fue recurrente entre los implementadores e instituciones entrevistadas, manifestando un alto interés en que esta fuese estudiada.
Los participantes del encuentro son:
-Marcela Aedo: profesora de Sociología Jurídica y Criminología de la Universidad de Valparaíso; Doctora en Derecho Público y Filosofía Jurídico-política de la Universidad Autónoma de Barcelona; y Magíster en Sistemas Penales y Problemas Sociales de la Universidad de Barcelona. Desde el año 2003 trabaja en el campo de los derechos de los/as adolescentes infractores. En la actualidad desarrolla estudios relativos a las adolescentes en el sistema de justicia penal juvenil, desde la perspectiva de la criminología feminista.
-Miguel Cillero: profesor e investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; abogado de la Universidad de Chile; y Doctor en Derecho por la Universidad Pablo de Olavide, España. Se desempeña también como investigador de la Cátedra Santander Derecho y Menores de la Universidad Pontificia Comillas Madrid y como consultor internacional en justicia penal juvenil.
-Carolina Muñoz: directora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Doctorada en Política Social de la Universidad de Birmingham, Reino Unido; Máster en Trabajo Social de Boston College, Estados Unidos; Licenciada en Ciencias Sociales, ILADES/Pontificia Universidad Gregoriana de Roma; y asistente social de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se centra en políticas públicas; familia, niños, niñas y adolescentes. Actualmente es investigadora responsable del Fondecyt "Juicio profesional y toma de decisiones sobre familias con necesidades complejas".
-Claudia Reyes: profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile; Doctora en Ciencia Política; Máster en Justicia Criminal de Washington State University, Estados Unidos; y asistente social de la Universidad de Concepción. Su investigación se centra en adolescencia e infracción de ley, juicio profesional, justicia restaurativa juvenil y violencia política. Entre sus últimas publicaciones destacan un estudio comparativo en justicia restaurativa con jóvenes infractores de ley y un proyecto sobre caracterización de jóvenes infractores de ley.
-María Elena Santibáñez: profesora del Departamento de Derecho Penal y del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho UC; Doctorando en Derecho y abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Su investigación se centra en derecho penal y derecho procesal. Ha realizado investigaciones sobre la aplicación práctica de la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, sobre circunstancias calificantes del delito de homicidio, evaluación pericial psicológica de credibilidad de testimonio, entre otras.
