El Mercurio
El miércoles pasado, el fiscal nacional Sabas Chahuán decidió cambiar al persecutor que dirigía la investigación del denominado caso Cascadas: José Morales, jefe de la Alta Complejidad Centro Norte, y se lo pasó a su superior, el fiscal regional Andrés Montes.
Esto, luego que algunos querellantes del caso -como AFP Habitat y Moneda- solicitaran a Chahuán quitarle la causa a Morales debido a que, según ellos, no se estarían haciendo todas las diligencias necesarias y la poca "celeridad" con que estaría llevando el caso, el cual tiene una investigación de casi dos años.
Algo similar pasó en junio de este año, cuando la defensa del senador UDI Jaime Orpis -investigado por cohecho en el caso Corpesca- solicitó a Chahuán que él asumiera la causa (la cual estaba siendo investigada por los fiscales de la Alta Complejidad Oriente, José Antonio Villalobos y Carlos Gajardo) o que se reasignase a un fiscal especializado en delitos económicos de esa misma unidad.
Finalmente, luego de un amago de renuncia de Gajardo y que este entregara antecedentes que vincularían esa causa con SQM, se decidió que la tomara Chahuán.
Situación excepcional
Todos los expertos en derecho penal consultados coinciden en que estas situaciones son "excepcionales" y "puntuales".
Mauricio Duce, profesor de derecho penal en la Universidad Diego Portales, dice que es un "fenómeno relativamente natural en un contexto cuando las investigaciones se van complejizando y los casos se van agrandando". Y que incluso puede ser "positivo, que permitiría que los casos se lleven adelante más eficientemente".
Igualmente aclara que "no es un derecho de los abogados defensores", y que, por eso, no debería estar "asociado a lo que un defensor pida, sino que a cómo el propio Ministerio Público determina cómo es más eficiente para organizar la persecución penal".
Es por eso que comenta que la fiscalía tiene que ser "cuidadosa" al tomar estas decisiones, para cuidar su "imagen y legitimidad".
Para María Elena Santibáñez, profesora de la Universidad Católica, es "válido" el solicitar un cambio, en especial "si hay una objeción de fondo o un tema de eficiencia", quedando esa decisión siempre en manos del superior jerárquico.
Sin embargo, advierte que se podrían "politizar" las decisiones. Es por eso que siempre deben haber explicaciones concretas y transparentes de por qué se cambia de persecutor.
Cristián Riego, experto de la UDP, apunta a que "las defensas no pueden elegir al fiscal. Podríamos decir que, para la defensa, es un enemigo y nadie puede elegirlo". Sin embargo, podría ocurrir un cambio si hubiese aprensiones "muy específicas".
Y en caso de adoptarse una decisión de este tipo, "la fiscalía tiene que manejarse con criterios administrativos, con prescindencia de lo que digan las defensas". Finalmente, dice que "yo no pienso que las peticiones de la defensa estén influyendo; si se demuestra lo contrario, sería preocupante".
En tanto, para la académica de la Universidad de los Andes, Tatiana Vargas, "las presiones como medio que busca forzar decisiones y conductas no corresponden en general" y si estas existieran, serían "improcedentes".
Considera, además, que "si los cambios de fiscales se dan en casos de relevancia pública como los conocidos y sin fundamentos sólidos, ellos pueden generar sospechas de que hay otros intereses involucrados, ajenos a la resolución justa del caso".
