El Mercurio

Ricardo Irarrázabal 158x158

Señor Director:

Resulta relevante que la discusión propuesta por el intendente Orrego en relación con las medidas del nuevo plan de descontaminación se centre más en las medidas estructurales que en las que se aplican en los episodios críticos propiamente tales, ya que el adecuado tratamiento de las primeras permitirá que los episodios disminuyan. En este sentido, las medidas para los episodios debieran tender a ser más informativas que restrictivas, dado su costo y bajísimo efecto ambiental si las condiciones de ventilación de la cuenca se mantienen malas.

Con todo, es importante tener presente que el impacto de nuevas medidas estructurales, salvo en el caso de la leña en que los efectos pueden ser relevantes, es cada vez menor, y las medidas, cada vez más costosas. En efecto, las "grandes mejoras" ambientales se lograron con regulaciones introducidas en anteriores planes.

El intendente propone tres principios para guiar el nuevo plan: integralidad, proporcionalidad y equidad. Al respecto, resulta necesario incluir un cuarto criterio que resulta fundamental en el actual escenario de medidas cada vez más costosas y de menor efecto ambiental. Y dicho principio es el de la eficiencia ambiental; esto es, la mayor ganancia ambiental al menor costo posible, como un criterio que permita priorizar medidas. Recordemos que de acuerdo con la ley y el reglamento de planes, el procedimiento incluye un análisis general del impacto económico y social del plan, debiendo evaluarse los costos y beneficios para la población, para los emisores y para el Estado. Respecto de este último, también resulta necesario equilibrar el gasto que se va a realizar para descontaminar Santiago con el presupuesto para descontaminar ciudades del sur del país, así como hacerse cargo de las externalidades sociales de las medidas, como por ejemplo la prohibición de la leña y los efectos económicos de esta medida en los más pobres de la región.

Es por esto que resulta necesario pensar en instrumentos económicos, los cuales permiten -a través de sus mecanismos flexibles y en la medida en que no sean meramente recaudatorios- que existan reducciones considerables de emisiones a menores costos. Dichos instrumentos requieren de una tramitación legal, pero son el fundamento necesario para que los planes de descontaminación funcionen correctamente y hagan suyo el principio de la eficiencia ambiental.