Diario Pulso
A muchos los ha sorprendido la cantidad de preemergencias e incluso una emergencia ambiental en la presente gestión de episodios críticos en la Región Metropolitana, cuestión que no se veía desde hace más de 15 años. Claro, tenemos una nueva norma de calidad ambiental de material particulado 2,5, norma que tras dormir diez años el sueño de los justos fue finalmente aprobada con bastante coraje político durante el Gobierno del Presidente Sebastián Piñera.
¿Cuáles son los efectos de una norma de calidad?
Básicamente que si esta es superada, hay que declarar la zona como saturada - cuestión que ya se hizo- y luego elaborar un plan de descontaminación -cuestión que está pendiente-, y que incluye estudios, participación ciudadana y análisis económico de las medidas. Incluso, eventual reclamación al Tribunal Ambiental.
Entonces, ¿cómo es que en el actual invierno se están aplicando medidas de un plan que todavía no existe?
Simple, utilizando el mecanismo de alertas sanitarias y decretos de transporte, pero no utilizando el medio que establece la ley 19.300 para estos efectos -el plan-, convirtiendo estas alertas en verdaderos resquicios legales. Alguno dirá "pero si está en la ley". Claro, pero es para situaciones excepcionales, como por ejemplo su utilización en el caso de Freirina o el del mismo Temuco frente a eventos críticos de contaminación, pero que no puede utilizarse como regla general o estrategia, ya que esto tuerce el espíritu de la ley 19.300 que establece un procedimiento con etapas y requisitos.
¿Alguien ha estudiado el efecto de las medidas que se están decretando respecto del MP 2,5?
¿Existe participación, análisis de expertos, discusión de las medidas?
No. Y es justamente esta situación lo que explica en parte el desorden y las críticas que han generado las medidas y la gestión de episodios críticos, con errores en la predicción y otros problemas, cuestiones esperables especialmente por la falta de experiencia y estudio de medidas para el MP 2,5 y el tener que hacer convivir dos normas de MP.
Por otra parte, cabe la pregunta: ¿sirven las medidas de la gestión de episodios críticos?
El mismo intendente de Santiago, Claudio Orrego, nos da la respuesta en declaraciones a El Mercurio: "No hay ninguna medida en sí misma, por sí sola, que sea un aporte significativo. Quizá la única sería la (restricción al uso) de la leña, de verdad".
En efecto, existe bastante acuerdo en que el efecto de las medidas en relación con los episodios críticos es muy menor. Solo atenúan y políticamente sirven para decir que se está haciendo algo. Incluso, algunas pueden ser regresivas a largo plazo, como por ejemplo el tema de los catalíticos y la compra de un nuevo vehículo. Es por eso que este tipo de medidas deberían tender a ser informativas y concentrar la gestión en las medidas estructurales. A L RESPECTO, es importante tener claro que si mejora la calidad del aire no es principalmente por las medidas, sino por el factor de ventilación. ¿Y sabe usted cuánto le cuesta a Chile cada preemergencia en la RM? El economista Tomás Flores lo calculó en relación con la paralización de empresas: US$10 millones por preemergencia.
¿Y para qué?
Buena pregunta. Por otra parte, y dada la preocupación del intendente por el tema de la leña, sería bueno que las autoridades se informaran que de acuerdo con el plan de descontaminación actual de la RM, el uso de calefactores a leña que emiten sobre 2,5 grs./hora está prohibido (artículos 102 y 147). Dado que en invierno sobre el 40% de las emisiones proviene de calefactores, una efectiva fiscalización de ellos (prácticamente la totalidad de los calefactores en la RM), significaría una reducción sustancial de la contaminación basal y así se evitarían bastantes episodios.
Aunque por ley quien debería fiscalizar las medidas de los planes es la Superintendencia del Medio Ambiente, ella no ha entrado en escena. Este es un tema que hay que corregir, aunque signifique modificar la ley y cambiar los montos de las multas. Si se quieren evitar los episodios y dado que el factor de ventilación no se puede modificar, hay que bajar los niveles basales de contaminación a través de medidas estructurales que han de incluirse en el próximo plan de descontaminación, especialmente normas de emisión e instrumentos económicos (permisos de emisión transables e incentivos y desincentivos a mejores tecnologías y combustibles), más una correcta fiscalización del uso de calefactores.
