La Segunda
Con una mirada centrada en que "la voluntad de la mujer está en el centro de esta regulación" y en que "siempre debe primar la protección del bienestar de la mujer", la ministra de Salud, Carmen Castillo, iniciará esta tarde la defensa del proyecto de Aborto Terapéutico ante la comisión de Salud de la Cámara de Diputados
La iniciativa del Gobierno busca despenalizar la interrupción del embarazo en los casos de riesgo de vida de la madre, inviabilidad fetal y violación.
En la cita participarán también los ministros Ximena Rincón (Segpres), José Aantonio Gómez (Justicia) y Claudia Pascual (Sernam).
La ministra irá con una presentación de 26 láminas de Power Point, donde se detallan los argumentos y cifras para echar impulsar la iniciativa.
Según las cifras contenidas, en 2012 hubo 31.943 abortos en el país y se detalla que entre 2000 y 2012, un 14% de las muertes maternas se produjeron por aborto.
En el caso de inviabilidad fetal, en el mismo período —se asegura—, se produjeron 1480 casos.
Respecto de la violación, dice que entre 2005 y 2013 se registraron 2.019 casos denunciados de violación. Y señala que 198 niñas entre 12 y 15 años quedaron embarazadas producto de abuso sexual, estupro y violación, según cifras del Sename.
Sin listado de enfermedades
Una de los temas que se aclara en la presentación, es que en la causal de riesgo de vida de la madre, operaría ante un riesgo "presente o futuro", de tal manera que no es necesario esperar que la mujer esté muriendo para interrumpir el embarazo.
Y en el caso inviabilidad fetal, operará exclusivamente cuando el diagnóstico médico determine que "el embrión o feto, tras el nacimiento, no podrá sobrevivir ni aún con el apoyo de las técnicas más avanzadas disponibles en la medicina actual". De esta manera se distingue inviabilidad fetal de discapacidad severa.
Para implementar estas dos causales, se deberá contar con un diagnostico escrito y previo de un médico cirujano más la ratificación del mismo diagnóstico de otro especialista. Además, "no se considerarán listados de patologías" para estas causales.
En el caso de la violación, se señala que "siempre primará la protección del bienestar de la mujer", pudiéndose interrumpir el embarazo hasta las 12 semanas de gestación y hasta la semana 18 en las menores de 14 años.
Para acreditar la violación, un equipo de salud acreditará la ocurrencia de ella "para que el Estado no cometa una nueva vulneración de la víctima".
El proyecto no exige que la mujer denuncie la violación para interrumpir su embarazo, aunque establece que en menores de 18 años, todo delito de carácter sexual tiene acción penal pública.
La idea, precisa el texto, "es evitar que la mujer se inhiba de entregar información fidedigna acerca de su condición de salud al personal médico o de solicitar asistencia médica por temor a una posible sanción penal".
Con este fin, cita el documento, "el proyecto establece que el deber de confidencialidad médica primará por sobre el deber de denuncia ante los casos de interrupción del embarazo". Respecto a la objeción de conciencia, dice que es un acto estrictamente individual del profesional que debe intervenir directamente en la interrupción de un embarazo y no del resto de los profesionales médicos.
Abogada penalista
"Riesgo enorme en la causal de abuso"
La abogada y profesora de la Derecho Penal de la UC, Magdalena Ossandón, advierte que tal como está planteado en el proyecto, no será fácil probar —en la práctica— la causal de violación.
"Hoy con la denuncia de la mujer, para los jueces es muy difícil establecer una condena por violación cuando no se denuncia de inmediato o no existen lesiones físicas en la víctima. Y, en general, las víctimas denuncian cuando ya ha pasado un tiempo del hecho".
Más complejo entonces, dice, será ahora que se omite la obligación de denunciar la violación en el caso de mujeres mayores de 14 años.
"Es muy difícil lo que el Gobierno pretende sin que signifique un abuso de la causal, ya que sólo bastará con que un equipo médico constate que una mujer fue víctima del delito y la declaración de la mujer, para dar valor a un aborto por violación", explica.
Agrega que eso generará más incertidumbre sobre la validez de un caso. "El Gobierno debe estar consciente que algunas mujeres pueden abusar de esta causal. Es un riesgo enorme".
31.943 abortos en el país hubo durante el 2012 según cifras del Minsal.
