La Tercera
A propósito de los casos Penta y Caval, el país y sus instituciones fundamentales se encuentran fuertemente tensionados. Por una parte, la ciudadanía, quizá con razón, estaría hastiada de cualquiera forma de manifestación del poder, o sea, esa facultad de que algunos gozan para ordenar la conducta de otros. En este hastío aparecen partidos y actores políticos, empresarios, gobierno, en fin, cualquiera forma institucional que detente algún grado de capacidad de decisión para imponer reglas de conducta, imperativas para conducir las conductas sociales en orden. Se trata de una situación grave y en la cual estamos todos insertos, por ello debemos prestarle debida atención.
Como siempre, y al parecer es un vicio de nuestra convivencia, ya se escuchan opiniones de parlamentarios en ejercicio afirmando que buena parte de las responsabilidades recaen en la actual Constitución, y quizá, por artilugio de magia, una nueva Carta Fundamental -que además sea fruto de una asamblea constituyente- deberá ser la mágica solución que impida que los luctuosos hechos conocidos vuelvan a repetirse. O sea, la ética pública no sólo pende de una nueva Constitución, sino que también de la ordenación fundamental dada por una asamblea constituyente.
Ello no es más que una abstracción, pues además de carecer de fundamento empírico, aún no se conoce un proyecto serio que precise cómo se elige tal asamblea, quiénes y cuántos deben integrarla, cuál será la mejor forma de definir su representatividad, en fin, cuál será el modo en que una vez redactada la Constitución por esa asamblea, la ciudadanía defina si la acepta como ordenadora de nuestra vida en sociedad.
Al margen de la crisis actual, el país necesita una nueva Constitución, porque no da para más que a la que nos rige se le sigan achacando responsabilidades por todos los males y conflictos que el país circunstancialmente vive. El tema es definir cuál es el mejor método para darnos una nueva; esa norma que sea lo suficientemente representativa como para evitar que se le endose a ella el origen de las crisis que nos toca enfrentar. Y es aquí donde podrá haber una solución.
En efecto, pronto, y al margen de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, tendremos una ley que sustituirá el sistema electoral binominal por uno de carácter proporcional inclusivo, y que además fortalecerá la representatividad del Congreso. La pregunta que me surge es, ¿por qué razón no esperar la elección de nuevos diputados y senadores conforme a esa legislación y reconocerle al Congreso electo -conforme a esa nueva normativa- el poder constituyente derivado que permita realizar la definitiva reforma constitucional que tanto anhela una parte de la población?
Desde la perspectiva de la representatividad, ¿cual podrá ser la diferencia entre una asamblea constituyente (cuya legitimidad no me queda claro de dónde podría emanar considerando la institucionalidad vigente) y el nuevo Congreso electo de acuerdo a la nueva legislación electoral proporcional?
