El Mercurio
La posición del rector Ignacio Sánchez de que en los centros médicos de la Universidad Católica no se realizarán abortos -calificada por el ministro del Interior Rodrigo Peñailillo como "destemplada"- y a la que se sumaron otras clínicas católicas instaló un debate en el oficialismo.
El senador PPD Guido Girardi insistió ayer en buscar una solución para la Universidad Católica: "Todas las instituciones debieran adecuarse a la ley, y no esperar que la ley se adecue a ellos, pero entendiendo que hay una situación tan compleja en la Iglesia Católica, sobre todo en cuanto al momento en que se inicia la persona humana, donde no hay consenso científico ni filosófico ni ético, intentar construir un acuerdo con el rector es posible. Pero debería ser una situación excepcionalísima".
"Posiciones extremas"
"No comparto algunas posiciones extremas, como obligar a los hospitales católicos a realizar abortos, ni menos castigarlos con retiro de la subvención estatal", dijo el diputado del mismo partido Jorge Tarud, apuntando a la fórmula planteada por algunos parlamentarios que dicen que las clínicas podrían no realizar el procedimiento a cambio de no recibir recursos públicos.
Tarud agregó que "forzar a una institución que tiene valores profundos en contra del aborto a someterse y realizar abortos me parece demasiado extremo. Debemos estudiar con el Gobierno una fórmula para respetar las creencias religiosas".
El proyecto establece que cada médico tendrá la posibilidad de manifestar si tiene una objeción de conciencia en la materia, haciéndolo explícito de manera oportuna y derivando al paciente a otro profesional. El rector Sánchez se mostró de acuerdo con ello, señalando que se cumpliría con derivar a los pacientes, pero enfatizando que en los centros médicos UC no se realizarán abortos.
A diferencia de Girardi y Tarud, el presidente del PPD, Jaime Quintana, consideró que "cuando se define una política pública, la objeción de conciencia está bien, pero no puede extrapolarse a las instituciones". El martes había planteado que si el rector "obliga a sus médicos a seguir su línea del siglo pasado, estaría cometiendo abuso de poder".
Divergencias en la DC
En la DC también hay distintas percepciones. "Se tiene que respetar la conciencia institucional expresada en la declaración de principios de todas las clínicas", dijo el diputado Jorge Sabag, quien aboga por ingresar una indicación para estos casos.
"En ese sentido, la libertad de conciencia no solo puede ser individual, sino que tiene que extenderse a la personalidad jurídica", señaló.
El senador independiente Pedro Araya, que integra la bancada DC, dijo que, a su juicio, el proyecto se hace cargo del problema al considerar las objeciones de conciencia, y comentó que le inquieta el que "una excepción puntual a las clínicas católicas pueda generar problemas prácticos", como tener que derivar a una paciente en caso de emergencia. Sin embargo, aseguró estar abierto a la discusión, e incluso a la opción de que "pueda haber una excepción general para centros asistenciales que digan que no realizan tal procedimiento".
"Aberración jurídica"
Mientras, el jefe de la bancada de diputados DC Matías Walker consideró que "sería una aberración jurídica establecer en la ley una excepción a la aplicación general de una norma a una red de salud vinculada a una iglesia en particular. Una disposición de ese tipo es absolutamente innecesaria, toda vez que el propio proyecto resuelve el problema de la objeción de conciencia, que, como bien aclaró el propio rector, es siempre un acto individual".
Recuadro :
Auth (PPD): "Nadie va a pretender que haya una instrucción partidaria"
El jefe de bancada del PPD, Pepe Auth, realizó una encuesta para sondear los niveles de respaldo que concita en su distrito la despenalización del aborto en las tres causales que establece el proyecto de ley.
Según los resultados que obtuvo, asegura, en las tres causales el apoyo supera al rechazo, independiente de la religión que profesa el encuestado y de su posición política.
"Yo pienso como la mayoría de los chilenos hoy, que son ampliamente partidarios de despenalizar la interrupción del embarazo en las tres causales", aseguró el diputado. Y agregó que, en su opinión, "aquí va a pasar lo mismo que con la Ley de Divorcio: que la política decía una cosa y la sociedad, otra. Los curas una cosa y los feligreses, otra".
Pese a esto, para Auth esto no implica que toda su bancada deba compartir su posición. "Esto no tiene el mismo estatus, a la hora de las definiciones políticas, que la reforma tributaria, la reforma laboral o el cambio al binominal, que son convicciones políticas compartidas. Esta es una convicción política que comporta convicciones íntimas, y por tanto nadie va a pretender que haya una instrucción partidaria para que un parlamentario vote distinto a lo que su convicción le dice", afirmó Auth.
Su opinión se distancia de algunos parlamentarios de su colectividad que han instado a sus pares de la Democracia Cristiana a no esgrimir la libertad de conciencia como un argumento para votar en contra del proyecto del Gobierno.
En tanto, respecto de las clínicas privadas, Auth considera que pueden tomar una posición colectiva en caso de que sus profesionales coincidan en una determinación: "Yo creo que las objeciones de conciencia son, por definición, individuales, y se transforman en colectivas cuando la totalidad de los individuos de una institución declara una objeción de conciencia. Debe ser el caso del hospital de la U. de los Andes y la UC", comentó.
Proyecto: Aborto por violación no exige denuncia penal
La violación es una de las tres causales -más el peligro para la vida de la madre e inviabilidad del feto- para que proceda la interrupción legal de un embarazo, según el proyecto de ley del Ejecutivo que despenaliza el aborto. Uno de los objetivos de la propuesta, en esta hipótesis, es que "la prestación médica no puede depender de los resultados de un proceso penal" y que "no se puede imponer a la mujer (el) someterse a un proceso penal, como condición para interrumpir su embarazo".
Para María Elena Santibáñez, profesora de derecho penal UC, este último punto puede ser problemático. "En otros países -explica- solo se exige una declaración jurada a la persona que ha sido violada y no va de la mano con una denuncia o querella, pensando que se podría victimizar más a la persona con la persecución penal, pero muchos casos corresponden a menores de edad (de 14 años) que son delitos de acción penal pública, entonces debiese iniciarse igual de oficio una investigación".
En cuanto a la verificación de la causal, el proyecto dice que la hará "un equipo de salud (el que) deberá evaluar e informar de la concurrencia de los hechos que la constituyen".
En ese sentido, Santibáñez plantea que los médicos van a constatar la denuncia, pero si no hay señales de fuerza, por ejemplo, en la hipótesis de una relación de dependencia o pérdida de sentidos, solo podrán avalar lo que dice la persona, apunta la académica. "Entonces, en esos casos, tal vez sería mejor sincerarse y decir que se está permitiendo el aborto siempre".
Para la fiscal Alejandra Godoy, el tema que en el caso de una mujer mayor de edad no se requiera denuncia para el procedimiento no implicaría que "pierda su derecho o se inhiba a seguir adelante con un proceso penal contra el sujeto que la violó".
En el caso de los menores de edad, no obstante, como se trata de una acción penal pública, el tema puede ser más complejo. "El Ministerio Público actúa de oficio, tiene obligación de abrir investigación, esa es la regla con los niños", explica. El problema estaría en que sin denuncia del representante legal o de los médicos, para la fiscalía será difícil tomar conocimiento de los hechos.
"No comparto algunas posiciones extremas, como obligar a los hospitales católicos a realizar abortos, ni menos castigarlos con retiro de la subvención estatal". JORGE TARUD Diputado PPD
"Cuando se define una política pública, la objeción de conciencia está bien, pero no puede extrapolarse a las instituciones. Es un tema de personas". JAIME QUINTANA Presidente PPD
"La libertad de conciencia no puede ser solo individual, sino que tiene que extenderse a la personalidad jurídica (...) Eso tiene que ser respetado e incluido en una indicación". JORGE SABAG Diputado DC
"Sería una aberración jurídica establecer en la ley una excepción a la aplicación general de una norma a una red de salud vinculada a una iglesia en particular". Matías Walker, Jefe de bancada de la DC
