Revista Ercilla

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El polémico proyecto del Gobierno: Guerra santa por el aborto

Se llama Bernardita Vial y sobrelleva un embarazo cuyo feto es inviable. Ella, empática y buenamoza, a través de las pantallas de CNN Chile, conmueve mientras hace un descarnado análisis de la simación que la afecta. Ha decidido tener a José, su hijo en gestación, no importa que pueda peligrar su propia vida o que la criatura muera antes de nacer o sobreviva apenas algunos días fuera del vientre materno. "Yo estoy satisfecha de haber hecho todo por él", dice y aconseja a otras mujeres que estén en su caso: "Animo, persevera, vas a querer tener a tu hijo en los brazos (...) Yo he cambiado el sufrimiento de muerte por el sufrimiento de vida".

Bernardita es el ejemplo viviente de alguien que está en contra del aborto terapéutico y aparece como la voz paradigmática de un debate que divide profundamente a la sociedad chilena, entre ciudadanos, religiosos, políticos y facultativos.

LAS TRES EXCEPCIONES

Hay diversas opiniones a favor y en contra del proyecto del Gobierno, que ha especificado que el aborto terapéutico sólo se podrá practicar con pleno consentimiento de la madre y debidamente informada por exhaustivos análisis médicos, en caso de: 1.- Feto inviable, por ejemplo porque no tiene cerebro y ninguna perspectiva de vida 2.- Embarazo incompatible con la vida de la madre, y 3.- Violación, generalmente a manos de un familiar. El proyecto entraña un hecho no menor: se despenaliza el aborto para los tres casos excepcionales ya señalados.

La polémica alcanzó niveles impensados de virulencia con el ingreso del proyecto a la Cámara de Diputados el 31 de enero. Las acusaciones de "criminales" para los que están a favor de la iniciativa y de "medievales" para quienes están en contra, han terminado por transformar el debate en una verdadera guerra santa, como lo señalara el doctor y diputado socialista Juan Luis Castro, ex presidente del Colegio Médico.

RECTOR DE CARÁCTER

Una de las primeras voces disidentes frente al proyecto presentado el 31 de enero, y que se alzó con gran fuerza, fue la del rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez. Fue rotundo para advertir que en el Hospital Clínico de la PUC no se realizarán abortos, aun así sea ley. A esta decisión se sumaron la Universidad de los Andes y el Hospital Parroquial de San Bernardo —ambos del Opus Dei—, que pertenece a este último establecimiento de educación superior y está bajo la tutela del obispo de esa comuna, Juan Ignacio González Errázuriz.

El diputado socialista Marcelo Schilling saltó indignado a través de los micrófonos de Radio Valparaíso: "Quiero decirle al rector de la UC, a los directores de las clínicas y al arzobispo de San Bernardo, que también administra un hospital, que así como los parlamentarios no están sobre la ley, los curitas y las universidades tampoco (...) Las leyes aquí son de validez general y si hay que expropiar la Universidad Católica por razones de interés superior, bueno, habrá que hacerlo". Ante tamaño exabrupto del parlamentario, las reacciones no se dejaron esperar.

TOTALITARIO E INTOLERANTE

El rector Sánchez dijo que "lo de Schilling sobrepasa todos los límites porque habla de expropiar (...) Eso es completamente totalitario, intolerante, contrario a cualquier democracia y a la expresión de ideas. Lo que nosotros estamos diciendo es que nadie se va a poner fuera de la ley; la ley, si se aprueba, va a decir que una mujer puede o no hacerse un procedimiento, que un médico puede o no estar disponible para hacerlo y que un establecimiento puede estar dispuesto o no. Esto no es legalizar el aborto, esto es despenalizarlo y el diputado Schilling debe saber que hay una diferencia importante". Si bien es cierto que la objeción de conciencia que se les respeta a los médicos en el proyecto de ley tiene carácter individual y no rige para los hospitales y clínicas, no es menos cierto que éstos tienen sólo facultativos que no hacen abortos por un compromiso de principios. Por lo tanto, en la práctica, en esos establecimientos no se harán abortos de ningún tipo porque no hay médicos que los practiquen. De ahí que la polémica en este sentido es absolutamente bizantina.

Sánchez también respondió a los que lo señalan con la intención de infringir la ley. "Quiero se enfático: no nos estamos poniendo fuera de la ley; todo lo contrario, estamos aportando para que la ley permita, si se aprueba, que todos los chilenos nos sintamos interpretados o tengamos cabida en instituciones que sí hagan la prestación. Y no sólo la Universidad Católica; hay otras instituciones de la Iglesia, también las clínicas de la Cámara Chile na de la Construcción, que han dicho que tampoco van a realizar este procedimiento".

A su vez, le salieron al paso al diputado prominentes miembros del clero, encabezados por el cardenal y arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, quien puntualizó: "Con todas nuestras fuerzas hemos dicho que un proyecto de aborto es siempre contrario a lo que Dios quiere, porque Dios nos ha hecho para vivir y la sociedad humana está llamada a organizarse justamente para que la vida sea defendida y pueda crecer desde el comienzo y hasta el final".

LLAMADO A LOS LAICOS

Ezzati también llamó a los laicos a organizarse. "Que sean ellos —dijo— los primeros responsables de la acción pública. Los obispos no somos los llamados a organizar manifestaciones. Estamos llamados a defender la vida, a proclamar la dignidad de la vida, y en el ámbito propiamente social y político los laicos tienen una tarea indispensable... Yo sé que los laicos de Santiago y de Chile se están organizando para mantener nuestra fe sobre la vida (...) Y siempre he invitado también a quienes están en la tarea legislativa y que son cristianos y creyentes, que su juicio y su voto sobre estos hechos obedezca siempre a una recta conciencia y a sus convicciones cristianas".

El ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo, pretendió ser salomónico al decir que "todas las opiniones son muy respetables (...) Este es un país democrático, todo el mundo se puede manifestar. Lo importante es hacerlo con altura de miras y en un debate en el marco de tolerancia, respeto de la diversidad que expresa Chile (...) Por supuesto que la Iglesia tiene una opinión en ésta y otras materias y la dará... El Gobierno tiene la suya y la ha expresado y la ha hecho en un proyecto de ley". Sin embargo, nada dijo respecto de la "expropiación" de la U. Católica que sugiere el diputado Schilling.

EL OTRO EXABRUPTO

Pero tampoco el jefe del Gabinete comentó nada sobre otro exabrupto incomprensible, el del diputado democristiano Pablo Lorenzini, quien argumentó livianamente que ciertas violaciones son provocadas porque algunas mujeres "se tomaron unos traguitos de más". Pero su correligionaria y ex ministra del Semam Laura Albornoz no trepidó en repudiarlo. "Nos parecen del todo inadecuadas y agraviantes sus declaraciones (...) Son una estupidez", expresó, aclarando que a pesar de que el parlamentario ofreció excusas, "la verdad es que las disculpas no sirven". Remató su crítica diciendo que "soy católica y no me siento representada por él".

Al cabo, a Schilling, primero, no le quedó otra que recoger cañuela y festinó sus palabras señalando que "lo dije medio en broma... Voy a empezar a retirar las bromas porque este país está demasiado grave".

A su vez, Lorenzini aclaró, muy enredado, que "yo siempre digo lo que pienso, pero esta vez no dije lo que pensaba... No sé qué me pasó, porque no pienso eso que dije".

Las mujeres DC, sin embargo, no aceptaron las explicaciones del diputado.

MARISTA POLÍTICA

A la inalterable postura de la Iglesia Católica respecto de todo tipo de aborto, viene a sumarse la arista política del polémico debate y que encuentra en el centro del huracán a la Democracia Cristiana (DG), en su carácter de partido de la Nueva Mayoría, pero a la vez de raíces profundamente católicas y defensor de los postulados del humanismo cristiano. Ya hay evidencias en la falange de una división frente al proyecto abortivo. El diputado Gabriel Silber rebatió los dichos del cardenal Ezzati, que llamó a los laicos y a los parlamentarios a rechazar el proyecto de ley sobre el aborto que impulsa el Gobierno. "En Chile tenemos separación del Estado y la Iglesia desde 1925, y en consecuencia los parlamentarios tenemos que legislar pensando en la sociedad", sostuvo Silber, que es uno de los DC que votarán a favor del aborto terapéutico.

Conforme a los principios de la Iglesia, no hay diferencia alguna. No importan la inviabilidad del feto ni el peligro para la vida de la madre. Menos aún la violación. El diputado Lorenzini no habría dicho lo que dijo si estuviera enterado de que el 98 por ciento de las violaciones son perpetradas por parientes cercanos a la víctima, y sólo un dos por ciento por extraños o delincuentes.

ENCRUCIJADA DE LA DC

Al respecto, desde siempre la DC ha comulgado en este tema con la Iglesia. Sin embargo, cuando el partido entró a la ex Concertación y luego a la Nueva Mayoría, empezaron los resquebrajamientos en el hasta ayer sólido muro de los principios falangistas del humanismo cristiano. Mientras duró la Concertación, que le dio a la centroizquierda cuatro presidentes de la República, el tema abortivo no fue, precisamente, un tema. Pero en el programa de Michelle Bachelet figuraba la despenalización del aborto terapéutico. "Estuvimos año y medio elaborando el programa y esto se discutió intensamente y se acotó sólo a los tres casos que contempla el proyecto de ley. La DC firmó dicho programa y se suponía que el partido estaba como tabla con él. Mal podrían ahora varios de sus miembros declarar algo en contrario", sostuvo uno de los que participaron en aquel equipo de trabajo programático.

DOCUMENTO AMENAZANTE

Pero los hechos suelen ser más porfiados que la retórica y la dialéctica políticas. Hay un documento redactado por los democratacristianos Eduardo Saffirio y Sergio Micco Aguayo —hermano del subsecretario de Hacienda, Alejandro Micco—, con motivo de los 50 años de fundación de la falange, en que se traen a colación las condusiones del V Congreso Ideológico de la DC del 2012, en que se fija una categórica oposición del partido al aborto. En ese momento la colectividad era integrante de la Concertación y ya se sabía que la candidata presidencial iba a ser Michelle Bachelet, quien nunca ocultó sus intenciones de despenalizar el aborto.

El documento, titulado "Conciencia y Comunidad en un Partido Político'', plantea la amenaza de expulsión a los parlamentarios que voten a favor del proyecto del Ejecutivo. Micco, abogado y académico, fue taxativo al señalar que "uno tiene que atenerse a las consecuencias de violar un acuerdo democrático en una institución a la cual pertenece", y que "la DC no ha acordado libertad de conciencia".

NO ES UNA MONTONERA

A su vez, Saffirio, cientista político y ex diputado, expresó que "yo entré a un partido y no a una montonera, y estaba obligado a respetar definiciones doctrinarias y políticas en distintos niveles. Y lo que veo ahora es que (...) vamos a un creciente chipe libre bajo el bello rótulo la objeción de conciencia".

El punto de colisión interno en la DC respecto del aborto terapéutico es que quienes voten a favor del proyecto del Ejecutivo estarán contraviniendo los postulados del partido y en franco desconocimiento del V Congreso Ideológico. Como entidad política, sin embargo, la DC está entrampada entre su fidelidad de principios con la Iglesia Católica y su lealtad al Gobierno y a la Nueva Mayoría. ¿Cómo conciliar ambos mundos?... Ése es un problema no resuelto en el corazón de la falange. Se diría que más allá de adherir al programa de Gobierno de Bachelet, en octubre de 2013, la DC, presidida por Ignacio Walker, planteó reservas respecto del aborto en general y también sobre la interrupción del embarazo en casos excepcionales. Quien llevó adelante las conversaciones y expuso las aprensiones falangistas fue el abogado constitucionalista Patricio Zapata, quien seguía instrucciones precisas del timonel Walker.

CON DIOS Y EL DIABLO

La DC se oponía y se sigue oponiendo a que se reconozca el derecho de la mujer para abortar. Frente a quienes postulan que hay que cumplir el programa, Zapata les retruca que "el proyecto habla de despenalizar, no habla del derecho de la mujer a interrumpir el embarazo. En algunas partes el proyecto va más allá de lo que se comprometió y se dijo al país".

Con todo, nadie va a salvar a la DC de defraudar a la Iglesia o al Gobierno, porque a despecho de la libertad de conciencia para votar de sus parlamentarios, bien podría ser rechazado el proyecto ante el repudio generalizado de la Nueva Mayoría y el aplauso de la centroderecha y, obviamente, de la Iglesia. Caso contrario, Chile dejaría de ser, junto a Nicaragua, Malta y El Vaticano, uno de los cuatro países que aún no han despenalizado el aborto terapéutico.

La estadística es clara. La religión no ha sido óbice para despenalizar el aborto terapéutico en ningún país, salvo esos cuatro casos excepcionales. Podría decirse, entonces, que la guerra santa por la interrupción del embarazo ha sido ganada casi indefectiblemente por los agnósticos y los infieles.

Y en el caso de la Democracia Cristiana, sus diputados y senadores deberán decidir si están con Dios o con el Diablo, según el prisma con que se mire.

A pesar de la alianza tácita entre la Iglesia, la DC y los partidos de centroderecha

REFORMA EDUCACIONAL Y LA BATALLA QUE SE PERDIÓ

Durante buen tiempo la Iglesia y la Democracia Cristiana (DC) coincidieron en materia educacional y hasta hicieron un frente común, en forma tácita y coincidiendo, además, en varios puntos con la centroderecha. A la hora de las votaciones, sin embargo, el clero criollo y la centroderecha fueron derrotados por la izquierda de la Nueva Mayoría, autora de la reforma de manera gravitante, y a lo cual coadyuvó la DC. Con mucho pragmatismo político, aunque sin mayor convicción, la falange terminó entregando la oreja, como se lo reprochara el senador de RN Andrés Allamand.

La oposición del cardenal Ricardo Ezzati fue frontal para representar sus críticas al proyecto educacional del Gobierno. "Nos llama la atención que el proyecto no considerara la totalidad de la persona humana, los derechos que tienen los padres, la sociedad intermedia al emprender de acuerdo a las leyes y la Constitución", dijo el prelado antes que la reforma fuera cuerpo legal.

"El Estado no puede ni debe convertirse en el dueño de la educación y, por consiguiente, que la quiera dirigir a su antojo de acuerdo con la ideología de turno. Eso es inaceptable", agregó.

A la Iglesia chilena se le reconoce autoridad, de manera transversal, en materias educacionales. Pero el Gobierno de Bachelet no hizo mayor caso de los planteamientos del cardenal Ezzati. Su eminencia santísima reconoció que era necesaria una reforma pero "una que tenga como centro a la persona humana y su desarrollo integral; que tenga como actores fundamentales de la educación de su hijos a los padres, que son los primeros educadores (...) Es fundamental que exista pluralidad de proyectos educativos y que, por consiguiente, grupos que se organizan para ofrecer educación de calidad de acuerdo con lo que la Constitución y las leyes del Estado lo puedan hacer".

La centroderecha también lo planteó en similares términos, junto con algunas figuras de la DC, entre ellas la ex ministra Mariana Aylwin.

Respecto del nivel educacional, Ezzati sostuvo que "se ha perdido la ocasión de prospectar una educación de calidad para todos, especialmente para el sector público, y se ha centrado en demasía la atención sobre aspectos económicos, patrimoniales y administrativos (...) es de esperar que el proyecto aprobado no se convierta en obstáculo".

Juan Colombo y José Luis Cea, ex presidentes del TC

DOS OPINIONES DE ALTO VUELO

Juan Colombo, abogado, ex presidente del Tribunal Constitucional (TC) (20072009) y profesor emérito de la Universidad de Chile, plantea "Las personas jurídicas no tienen conciencia. Es un concepto propio del ser humano". Con ello difiere de la posición del rector de la Pontificia Universidad Católica (PUC), Ignacio Sánchez, quien señalara que en el hospital institucional no se realizarán abortos terapéuticos por objeción de conciencia.

Colombo dice que tiene claro que la Constitución protege al que está por nacer, que cada vez está más convencido de que "éste no es un problema jurídico y que los juristas y los legisladores se están metiendo en temas que no corresponden. El problema del aborto es un problema médico, y por tanto son los médicos los que tienen que decidir si esto se hace o no. Cuando los legisladores comienzan a decidir, las opiniones son absolutamente contradictorias".

Frente al debate entre el derecho a la vida y los derechos de la mujer, que se está planteando, Colombo sostiene que "éste es un típico conflicto constitucional. Tendrán que llegar al TC o a la Corte de Apelaciones mediante los amparos personales; ahí se tendrá que decidir lo que corresponda".

DESPROLIJA Y APRESURADA

A su vez, el abogado y también ex presidente del TC, además de docente de la PUC, José Luis Cea dio un juicio lapidario: "es una iniciativa cuya redacción en varios aspectos no es prolija. Denota, como en otros proyectos de ley, un apresuramiento en la redacción. Es un proyecto que se une a esta serie de iniciativas legales que han sido calificadas como 'frenesí legislativo'. No se comprende cabalmente por qué tanto apresuramiento de legislar en cuestiones que son tan delicadas".

¿En qué se nota aquello? "Específicamente en la objeción de conciencia", señala. El docente de la PUC disiente de su colega Colombo en el sentido de que "la objeción de conciencia (...) es propia del sujeto que la manifiesta, o sea, es individual y no colectiva, pero perfectamente bien podría llegarse a un acuerdo entre diversas personas o personal médico. Puede incluso que se pueda manifestar institucionalmente".

Respecto del debate entre el derecho a la vida y los derechos de la mujer, Cea es categórico: "Soy gran defensor de la mujer dentro del derecho chileno, pero no estoy de acuerdo en que se le reconozca la facultad de disponer de la criatura que tiene en el vientre. Lo diré en todos los tonos: me parece ilegítimo".

Pero el académico concluye en que el aborto terapéutico "es la puerta abierta para que se dé el paso hacia la configuración del aborto lisa y llanamente libre".