El Mercurio Legal
Fue secretario académico en la época del decanato de Arturo Irarrázabal, posteriormente fue vicedecano cuando Roberto Guerrero estaba a la cabeza de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y ahora, en un claro mensaje de continuidad, Carlos Fontaura Rivera fue elegido en diciembre pasado como máxima autoridad de la escuela para el período 2015-2018.
En entrevista con El Mercurio Legal, el actual profesor de Historia del Derecho se refiere a diversos temas, desde la actualidad académica y el cambio de malla de la carrera hasta el actual papel de los practicantes, sin dejar de lado, y siempre haciendo uso de la fuerte voz que lo caracteriza, algunas reflexiones sobre sus expectativas futuras y unas cuantas anécdotas personales. ¿Un ejemplo? Cuenta que alguien, al mirar las fotos de los decanos anteriores, observó que hace 100 años que la escuela no tenía uno que fuera barbudo, hasta ahora.
Dentro de los desafíos para este año está la implementación del cambio de malla curricular (ver recuadro). También se pretenden consolidar los programas de posgrado y doctorado, además de enfrentar los procesos de acreditación, "que siempre son procesos internos de mucho ejercicio, evaluación y trabajo", advierte. Por último, se va a conformar el plan de desarrollo para los próximos cuatro años.
Este año termina el plan vigente para esta facultad y hay que construir un nuevo plan de desarrollo en conjunto con toda la comunidad académica para fijar los objetivos específicos de los próximos cuatro años dentro de este marco global que ya está en curso.
Además explica que aunque hoy el derecho es una disciplina que se aborda desde las ciencias sociales, pues supone ciertas técnicas en la reflexión de cómo hacer algo en la sociedad, su deseo es volver a las humanidades, donde se supone "una reflexión del por qué y para qué. Ambas deben convivir en una facultad como esta", afirma.
¿Cuáles son sus metas a largo plazo durante su decanato?
— Aquí hay una fuerte actividad que la facultad ha ido realizando hace más de una década para entregar la mejor formación legal que se pueda recibir en el mundo de habla hispana. Ese proyecto pasa por un proceso de internacionalización que ha ido creciendo y de una formación jurídica más sólida que permita entregarle al alumno una formación general más profunda, no necesariamente especialista, sino que un conocimiento profundo del derecho de manera que le permita enfrentar las distintas realidades que está teniendo esta profesión en el mundo actual. Ese proyecto se mantiene y se busca continuar ahondándolo.
A veces a ese proyecto uno quiere agregarle elementos nuevos o diferenciadores, y entre ellos está que la facultad se convierta en un referente en los debates nacionales, en la promoción y bienes fundamentales de la persona humana, donde se reflexiona sobre los grandes temas del país, no solo desde una perspectiva de las técnicas necesarias para resolver problemas, que es lo básico de las políticas públicas, sino que también desde la perspectiva de aquellos bienes esenciales que como sociedad queremos alcanzar.
¿Ya tienen algún plan de desarrollo definido?
— No, tenemos objetivos, pero hay que debatirlos con los profesores. Cuando uno fija objetivos específicos para un plan de desarrollo de cuatro años tiene que ser de alguna manera consensuado porque si se establecen objetivos de una sola persona es difícil de implementar. Se pretende sacar el plan de desarrollo lo antes posible, porque este 2015 vence el actual plan de desarrollo existente.
¿Cuáles son las expectativas que tiene para su gestión actual?
— Nosotros somos simples continuadores de un legado que recibimos y que tenemos que prolongar hacia el futuro, claro que mirando las diferencias en la sociedad que no es la misma del siglo XIX, pero hay un legado fundamental y está marcado por una genuina vocación de servicio a la patria y a la Iglesia, de búsqueda de la verdad. Por lo tanto, queremos mantener los grandes logros que hemos tenido en los rankings, en investigación, docencia e internacionalización, pero porque sabemos que somos un instrumento al servicio de un proyecto que es más profundo.
Este proyecto pasa por formar personas imbuidas de un espíritu de servicio, de auténtica apertura hacia la verdad y el bien pero, sobre todo, de invitar a nuestros alumnos a profundizar en los valores espirituales y en la fantástica realidad trascendente del ser humano.
Los cambios
Varios profesionales critican que los recién egresados generalmente tienen poca práctica laboral al salir de la universidad. ¿Cómo se pretende mejorar eso?
— La Facultad tiene un departamento de práctica, que creo que es el más antiguo del país. Tiene más de cuatro décadas y tradicionalmente se le ha puesto mucho esfuerzo porque cumplía labores asistenciales, además de formativas. Lo que nosotros hemos venido haciendo en el último tiempo ha sido profundizar el trabajo en el departamento de práctica de asistencia legal a través de los cursos clínicos, para fortalecer la formación práctica de nuestros alumnos, precisamente en su último año de estudio.
Ese es un elemento necesario de fortalecer, porque efectivamente hay muchas personas en el ejercicio profesional que dicen que los estudiantes salen y no tienen muchos elementos prácticos, lo que quizás se ha acrecentado en el tiempo. Los estudiantes de derecho de hace 30 años empezaban a trabajar desde el tercer año universitario como procuradores y eso les daba un mayor nivel de experiencia, pero hoy eso no es así y tampoco creo que haya sido algo conveniente, ya que es bueno que los estudiantes se dediquen a profundizar más en lo teórico.
Por lo mismo, hay que fortalecer y profesionalizar la enseñanza clínica del Derecho. Nosotros llevamos un proyecto que tiene ya dos años y estamos muy contentos con los resultados que nos están entregando. Se trata de un programa que hemos modificado mucho y donde estas habilidades se ven profundizadas en la nueva malla.
¿Cuál es su opinión sobre el rol de los practicantes hoy?
— Siempre ha habido un nivel de práctica que ha pasado por distintas épocas. En el siglo XIX, los estudiantes de Derecho en el último año seguían una especie de práctica que se llamaba la Academia Forense, luego fue el Colegio de Abogados a cargo de la asistencia jurídica y, posteriormente, la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ).
En el gobierno anterior la CAJ elaboró un proyecto para profesionalizar la Corporación y terminar con los alumnos en práctica. Creo que tal como está estructurado hoy el sistema de formación a través del cual los estudiantes de Derecho reciben el título de abogado, es complejo saltarse una etapa más práctica. Actualmente existen universidades que no tienen clínica jurídica, no están obligadas a ello, entonces esos alumnos no van a tener ninguna experiencia práctica si no es por su paso por la Corporación.
Durante los últimos años éste ha sido un tema recurrente, primero respecto de quiénes reciben el servicio, porque parece injusto que las personas con pocos recursos no puedan recibir una asistencia profesional, más allá de que un estudiante pueda ayudar, que es lo que hacemos a través de la clínica jurídica. En la clínica la asesoría profesional la presta un profesor, que es un abogado, y el alumno va aprendiendo, participa de los debates. En la Corporación no es así y eso obviamente es un problema desde la perspectiva del acceso a la justicia que se está dando a las personas con menores recursos. Por otra parte, significa una carga pesada durante un buen tiempo —seis meses— para los alumnos, en el cual les es difícil generar recursos para solventarse.
Me parece que tenemos un problema, obviamente el primero es más importante que el segundo, pero creo que todavía no hemos alcanzado un nivel de síntesis que nos permita decir, 'ésta es la solución'. No veo que se haya alcanzado cierto consenso sobre cuál es la mejor manera de dar ese paso. Aquí hay muchas visiones diferentes todavía y eso es porque estamos en un proceso de reflexión, de crisis, pero en el buen sentido del término. Es un proceso en que lo que hay no parece convencer mucho ni a la sociedad ni al sistema jurídico, pero tampoco existe una claridad de hacia qué modelo queremos arribar.
Las carreras de medicina e ingeniería han disminuido un año sus programas, ¿existe la posibilidad de hacer lo mismo en derecho?
— Creo que en la estructura actual, donde los alumnos que estudian la licenciatura en Derecho deben hacer la práctica y aprobar el examen de grado para obtener el título de abogado, se hace muy difícil una disminución de los años de estudio. En este tipo de materias no hay cosas fijas en roca y, por lo tanto, uno siempre tiene que reflexionar y estar abierto al debate. Nosotros acabamos de tener una discusión al respecto dentro de la facultad, escuchando no solamente a los profesores sino que a personas que provienen desde el ejercicio profesional, de otras universidades, pasando por los estudios de abogados, los servicios públicos y se concluyó que la carrera debe tener cinco años de duración.
Las diferencias entre la malla curricular actual con la anterior
La malla se basa en cuatro pilares:
1) El texto: otros lo podrán llamar el derecho vigente o la dogmática jurídica, que no es sino la síntesis de una dogmática, de una técnica jurídica propiamente tal, que se refleja en las leyes y en los códigos.
2) El contexto: explicar por qué se llegó a esa síntesis, cuáles son los contextos sociales, económicos, las variables de las ciencias sociales que explican el por qué la dogmática jurídica ha llegado a determinadas conclusiones o ha evolucionado de una determinada manera.
3) Los fundamentos del derecho: esto significa pensar sobre aquellos elementos que son de corte permanente, qué es lo central sobre la persona, la sociedad. En base a eso se construye la opinión jurídica.
4) La experiencia, que tiene que ver con la parte más práctica.
"A juicio de la comunidad académica, estos cuatro pilares están logrados de manera más equilibrada en la nueva malla. Eso se concreta en un primer año más formativo, que recupera una mejor distribución de asignaturas, contenido y fundamentos, para más adelante concentrarse en los temas de texto y, por último, llegar a los elementos que recurran a la parte más práctica, de la clínica jurídica, a través de cursos optativos más amplios, especialmente para la formación ética y profesional de los alumnos", explica Fontaura.
