El Mercurio Legal
Recientemente Milenko Bertrand defendió con éxito su tesis doctoral cursada en el Washington College of Law donde hizo un "análisis de la crisis de legitimidad que experimentan los sistemas internacionales de adjudicación de derechos humanos, con especial atención al Sistema Interamericano".
El académico egresó en 2004 de Derecho y Filosofía —carreras que estudió paralelamente— en la Universidad Católica, cursó un Magíster en Derecho —LL.M— en la Universidad de Harvard donde se enfocó en materia de derecho internacional, law and economics y derechos humanos, y se desempeñó durante un año como Visiting Researcher en la misma casa de estudios tras haber terminado su LL.M.
Bertrand decidió hacer su doctorado en Washington debido a que el decano del College of Law Claudio Grossman es co-agente de Chile ante La Haya para la demanda de Bolivia y es presidente del Comité contra la Tortura ante las Naciones Unidas. "La posibilidad de vincularme con el trabajo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, radicada en Washington, también fue un aspecto relevante y muy provechoso durante mi estadía allá", afirma el profesor.
Mientras trabajaba en su proyecto de tesis doctoral en 2013, asumió el reto de crear la Unidad de Derechos Humanos del ministerio de Justicia. Cuenta que esta unidad fue implementada como el paso previo a la instauración de la futura Subsecretaría de la materia, cuyo proyecto de ley se presentó en 2012 y que espera sea aprobada por el Congreso este año, "debido a la urgente necesidad de un ente coordinador de las políticas públicas de derechos humanos que transversalice su promoción y protección como un componente esencial de toda política estatal, extendiéndose a áreas como el medioambiente, las obras públicas o la regulación de servicios públicos", explica Bertrand.
Desde 2012 imparte cátedra de derecho internacional de los derechos humanos a los estudiantes de la Academia Diplomática de Chile y en 2014 fue invitado a trabajar en el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), donde ha podido desempeñarse aportando la experiencia adquirida, "sobre todo en las áreas de seguimiento legislativo y la dimensión internacional del trabajo del INDH", afirma.
Actualmente es profesor de media jornada en la facultad de Derecho de la UC y planea trabajara en la publicación de un conjunto de artículos en base a los resultados de su tesis.
¿Qué más? "Tengo presupuestado utilizar toda la experiencia profesional y académica que he adquirido para dar inicio a una oficina especializada, que se dedique a la asesoría y litigación estratégica de causas ante los sistemas internacionales, como lo son la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte de Justicia y el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a Inversiones".
El proyecto de investigación según su autor
El objetivo de mi tesis doctoral fue realizar un análisis imparcial, basado en un soporte empírico respecto del eventual déficit democrático que adolecerían los sistemas de adjudicación internacional, en particular, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como lo sostiene una creciente literatura, sobre todo influenciada por la corriente del Critical Legal Studies norteamericano.
En particular, el cuestionamiento respecto de que jueces, sobre todo jueces alejados del contexto nacional, puedan resolver conflictos de derechos y determinar que leyes aprobadas por mayorías democráticas deben ser modificadas por contravenir derechos individuales o colectivos garantizados en la Convención Americana, retoma la permanente tensión entre una concepción procesalista y pro-mayoritaria de la democracia y la tradición liberal, que ve necesario poder limitar ese poder soberano de la autoridad popular cuando la voluntad de esas mayorías vulneran derechos humanos.
Quienes sostienen el carácter antidemocrático de la adjudicación de derechos fundamentales, sostienen también que ese déficit de accountability democrático permitiría que ciertos grupos de interés intenten cooptar dichos tribunales, de modo de garantizar, mediante la judicialización, el resguardo de sus intereses frente a reformas que cuentan con el apoyo de las mayorías a nivel local.
En mi estudio, y alejándome de los tradicionales análisis jurisprudenciales que tienden a centrarse en un par de casos de alta connotación publica, realicé un análisis sistemático de todas las resoluciones de fondo de la Corte y Comisión Interamericanas desde sus orígenes, de modo de poder estudiar y clasificar el origen social o grupo de protección al cual pertenecían las victimas que el sistema efectivamente ha protegido a lo largo de su historia.
Dicho análisis demostró que, contrario a lo sostenido hoy por los críticos de la Comisión y Corte, éstas han beneficiado mayoritariamente a grupos vulnerables como privados de libertad, indígenas, extranjeros o niños, generando así un beneficio a las democracias locales, al dar voz a individuos que de otra forma, muchas veces no tendrían modo de proteger efectivamente sus derechos mediante conductos políticos tradicionales.
