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En muchas democracias avanzadas se ha entendido que, con el objeto de equilibrar el desbalance producido por grandes concentraciones urbanas, el elemento poblacional de la representación se debe equiparar con un principio democrático bastante razonable: la igualdad política de los territorios que conforman un Estado, el que reconoce la dignidad jurídica de los territorios que integran un país unitario, pero compuesto de diversas realidades geográficas, sociales, económicas y culturales.
El nuevo modelo electoral maximiza sólo una variable –la poblacional- aumentando el peso relativo de Santiago. En efecto, la ley recientemente aprobada aumentó el número de diputados de 120 a 155, y en el caso de los senadores, de 38 a 50. Hasta ahora, 32 de los 120 diputados (un 26,6%) pertenecía a la Región Metropolitana. La nueva ley hace que 47 de los 155 diputados sea de la Capital, elevando dicho porcentaje a un 30,3%. Igualmente, en el Senado, el porcentaje de representación poblacional de Santiago también se eleva, dado que en la actualidad 4 de los 38 Senadores (un 10,5%) son de la Región Metropolitana y la reforma subirá ese porcentaje a 14%, es decir, 7 de 50 senadores, profundizando aún más la asimetría jurídica entre regiones generada en la reforma constitucional de 1989.
Un adecuado balance entre ambos elementos –población y territorio- parecía una sensata alternativa. Ello podría haber incluido un número variable de diputados en la medida que las concentraciones de población cambien, tal como nuestro sistema de concejales, e igual número de senadores para todas las regiones. Ello hubiera materializado el deber constitucional de los órganos de Estado de promover el fortalecimiento regional, contenido en el artículo 3º de la Constitución.
Así, se perdió –irónicamente- a manos de los propios representantes regionales, una gran oportunidad de compatibilizar la representación poblacional con la territorial, lo que hubiera permitido la igualdad política y jurídica que debiera existir entre las regiones. Era en esta ocasión, única en 25 años, la oportunidad de haber visto un verdadero compromiso con la descentralización del poder estatal.
