El Mercurio Legal
El camino no ha sido fácil ni menos breve; ha pasado mucha agua bajo el puente. Tres gobiernos, cinco ministros de Justicia. Académicos de todo el país, jueces, colegios de abogados, y más.
Hace ocho años, profesores de derecho procesal de las universidades Católica y de Chile advertimos en forma paralela y coincidente que terminando el proceso de reforma a la justicia penal, era de absoluta necesidad abordar el sistema procesal civil. Con mucho menos impacto mediático, evidenciaba un anquilosamiento y obsolescencia manifiestos: no estaba a la altura del desarrollo del país, de la evolución de los derechos ciudadanos y del derecho procesal. Y nos tenía bastante retrasados respecto de los procesos de reforma impulsados por muchos países.
Aquello que había nacido de la reflexión académica, como un sueño para el mejoramiento de nuestro sistema jurisdiccional, se ha ido poco a poco materializando, y hoy es un proceso asumido como una cuestión de Estado por todos los poderes públicos. Ha logrado trascender gobiernos y posiciones políticas, y no tiene vuelta atrás.
La consagración permanente de derechos para la ciudadanía se torna estéril si ella no cuenta con las herramientas necesarias para darles real eficacia en calidad y oportunidad: Resulta ser simple demagogia.
Y la Frustración incuba insatisfacción con la democracia; se transforma en un peligroso caldo de cultivo para el populismo, ese que siempre termina socavando las bases del estado de derecho. La eficacia en la protección de los derechos es tan importante como su consagración. Ese era y es el desafío.
Por eso las críticas que hemos recibido al proyecto de Código Procesal Civil son revisadas y debidamente sopesadas. Hasta el momento se han referido a aspectos puntuales y muchas de ellas han sido atingentes y oportunas; pero en otras se advierte el desconocimiento de los temas criticados, indisimulados intereses particulares o simplemente la habitual refracción y simple temor al cambio.
A comienzos de diciembre pasado acompañamos, junto al profesor Raúl Tavolari, a una comitiva encabezada por el entonces ministro de Justicia, Teodoro Ribera, por tres ministros de la Corte Suprema y tres diputados de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia de la Cámara de Diputados, que viajaron a Madrid y París. El viaje fue organizado por el Ministerio de Justicia, el que lograba así que los tres poderes del Estado pudieran acceder a la experiencia de ambos países en diversos temas, al mismo tiempo, en idéntico contexto y con los mismos interlocutores.
Madrid tuvo como finalidad asistir a audiencias civiles de primera instancia y tomar contacto directo con magistrados superiores del sistema jurisdiccional español. Muy relevante fue la conversación que sostuvieron nuestros ministros y parlamentarios con los miembros de la primera sala civil del Tribunal Supremo para conocer la experiencia de España a partir de la Implantación de su nueva Ley de Enjuiciamiento Civil del 2000.
Nuestro proyecto se inspira en importante medida en ese modelo, en cuanto introduce procedimientos estructurados sobre la base de audiencias y un recurso de casación fuertemente centrado en la generación de doctrina jurisdiccional. En la mirada española, una casación de esas características, sin necesidad de establecer precedentes vinculantes, resulta ser orientadora de los tribunales inferiores por la calidad y profundidad de sus directrices, fortaleciendo así dos principios muy queridos para el derecho: la seguridad jurídica y ña igualdad ante la ley.
No todo funciona bien, no todo es perfecto. Y esa fue la enorme utilidad de la visita a Madrid: lograr acceder a lo bueno y lo malo contado desde adentro. Nos sirvió también para constatar que en Chile hemos logrado un sistema mucho más moderno y eficiente de gestión y gobierno judicial, como por ejemplo, en los mecanismos de programación de audiencias y organización en general del trabajo judicial de los sectores reformados. Tenemos la experiencia de las reformas pasadas y un diseño ágil que podremos utilizar en la reforma procesal civil.
Clave fue la pregunta que –tras analizar virtudes y defectos de las distintas audiencias y del desempeño de los jueces- hizo uno de los diputados a dos catedráticos de derecho procesal, doctores en derecho, que además ejercen activamente la profesión, con quienes hubo diversas reuniones de trabajo. La pregunta fue: "Al final, ¿los ciudadanos españoles tienen mejor justicia o peor justicia con la ley de enjuiciamiento del 2000? Sin duda, la respuesta fue: "Mejor".
La comitiva viajó después a París, donde ministros y diputados tuvieron la oportunidad de conocer a fondo el sistema de ejecución francés, cuya figura central es el Huissier de Justice u Oficial de Ejecución. De larga tradición en Francia y en Europa. Tanto es así, que el modelo ha sido seguido por el 19 de los 27 estados miembros de la Unión Europea, y ha sido recomendado por la Comisión Europea para el Mejoramiento de la Justicia, organismo compuesto por expertos de los 46 Estados del Consejo de Europa.
¿La lección? Cada uno a lo suyo: por una parte los jueces a cargo de dirimir las controversias que suscite esa etapa procesal y de disponer del auxilio de la fuerza pública. Por la otra, agentes especializados –con cuatro años de licenciatura en Derecho y altamente capacitados- que ejerciendo una función pública, se encargan de la gestión y optimización de la ejecución. Si hay conflicto, los jueces siempre están al alcance del deudor y del acreedor para resolverlas.
La aceptación del proyecto ha sido progresiva, a medida que se va comprendiendo la razón de ser de las innovaciones propuestas. No lo haremos sacrificando nuestra propia identidad, ni la valiosa experiencia jurisdiccional a partir de la cual deberemos matizar aquellas instituciones del derecho comparado que nos parezcan útiles. El viaje de diciembre aportó mucho en tal sentido.
La discusión en todo el país a nivel académico, judicial, de auxiliares de la administración de justicia, e incluso a través de la prensa –unida a la participación de muchos de los más eminentes procesalistas europeos latinoamericanos-, hacen es esta reforma una de las más socializadas en la historia nacional. Estamos viviendo además, sin darnos cuenta, uno de los tiempo más fecundos para el procesalismo nacional.
