Pulso

Ricardo-Irarrázabal-96x96

A mediados del año pasado, una comisión integrada por distintos actores relacionados con la industria minera y presidida por el ex Presidente Ricardo Lagos presentó el documento "Minería y desarrollo sostenible de Chile. Hacia una visión compartida". La motivación de dicha propuesta estaría dada en que "Chile requiere de una visión sobre su minería, que sea compartida por todos los actores interesados, para que promueva en forma más efectiva el desarrollo sostenible del país".

O sea, desarrollar una política minera sostenible -o sustentable de acuerdo a la ley 19.300-, que sea acordada entre los distintos actores, con la finalidad de generar un consenso o mayor legitimación de la industria minera. El documento constituye un indudable aporte en variados temas relacionados con la industria minera, tales como creación de valor, innovación, competencia, transparencia, temas hídricos y energéticos, cuestiones territoriales y de participación ciudadana y consulta indígena.

En relación con las temáticas regulatorias ambientales, cuestión interesante de destacar a la luz de lo señalado por el Gobierno en orden a modificar la ley 19.300 en relación al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), el documento habla certeramente de una falta de madurez institucional que legitime los procesos de aprobación ambiental, proponiendo como primer punto "revisar la composición de la instancia administrativa resolutiva superior en materia ambiental, de manera que en su composición adquiera un rol más importante la opinión técnica independiente".

Esto es, desliza una crítica al rol político de esta instancia, por lo que habría que transitar hacia decisiones más técnicas. Ahora, si se quiere tecnificar aún más la calificación ambiental, lo lógico sería eliminar las instancias políticas de la evaluación, y que las resoluciones de calificación ambiental (RCA) sean otorgadas por el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) como ente autónomo y técnico, con reclamación al Tribunal Ambiental.

Otra idea que se propone es la de "contar con resoluciones de calificación ambiental claras y objetivas para su posterior fiscalización, procurando establecer normas generales, objetivas, no discriminatorias, ni arbitrarias", esto es, una crítica a la forma y estructura de las RCA actuales, cuestión respecto de la cual se avanzó bastante en la administración anterior con un instructivo que fue publicado, pero que lamentablemente fue dejado sin efecto. Ahora bien, para una mayor legitimación de la industria minera, deberíamos pensar en cómo poder realmente plantear una industria sostenible, partiendo de la base de que la minera es una industria de tipo extractiva y con importantes externalidades ambientales.

En efecto, la sustentabilidad mandata la solidaridad intergeneracional, esto es, que las generaciones futuras no se vean menoscabadas en cuanto a la satisfacción de sus necesidades como consecuencia de la explotación que haga la actual generación. Pero claro, la minera es una industria extractiva y evidentemente el recurso natural se explota y se consume, por lo cual las generaciones futuras se verían afectadas por esta "disminución" del recurso. Es por esto que surge el concepto de las "herencias de capital", en que el capital natural se transfiere a las nuevas generaciones convertido en conocimiento.

Y aquí el rol del Estado es fundamental. Por ejemplo, de los impuestos y del royalty minero, ¿cuánto se invierte en esta transformación de capital natural a conocimiento? ¿Es Antofagasta un centro tecnológico y de conocimientos al servicio de la industria minera y sus desafíos ambientales? ¿Cuál es el rol de las universidades? ¿Se ha podido desarrollar efectivamente la industria del reciclaje de metales? ¿Cómo se ha avanzado desde el punto de vista técnico y del conocimiento en los desafíos de gestión ambiental que suponen, por ejemplo, los tranques de relaves, el manejo de las aguas lluvia y los temas hídricos en general? ¿Cómo enfrentar, desde el punto de vista técnico y financiero, los pasivos ambientales mineros, verdaderas huellas indelebles de una época en que no existía regulación ambiental?

En la medida que los dineros del royalty y de los impuestos mineros puedan ser invertidos de esta forma en esta verdadera transferencia de capital natural a capital humano, y que esto sea hecho a nivel regional -en aquellas regiones donde están localizados los proyectos-, es que avanzaremos decididamente hacia una industria que se sustente a futuro, incluso cuando se agoten los recursos naturales o estos ya no sean económicamente factibles de explotar.