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LOS DIFERENTES escándalos financieros de los últimos años han puesto el funcionamiento del gobierno corporativo en el centro del debate. Y las AFP, que no pueden participar en la gestión ni administración de las empresas por ley, además de integrar activamente la discusión, también se han dedicado a profesionalizar la selección de los candidatos a directores. El foco de esto es claro, indica Francisco Margozzini, gerente general de la Asociación de AFP, ya que hoy buscan que los directores sean un "real aporte para la empresa y que defiendan los intereses de la sociedad y de todos los accionistas".
Y si bien el gremio mantiene el hermetismo en torno al trabajo que realiza el head hunter Egon Zehnder para escoger los nombres que se propondrán en 15 empresas -entre ellas AquaChile, Colbún, Endesa, Enersis, Entel, Latam y Soquicom- donde buscarán posicionar un director independiente con sus votos; Margozzini sólo abordó el objetivo del proceso: "Buscar directores que sean los más adecuados y que protejan los intereses de la empresa y todos sus accionistas". No se persigue un perfil determinado sino que éste dependerá de lo que requiera cada empresa. Margozzini admite que existen características en común: ser proactivos, participar activamente en los directorios, requerir los antecedentes y tener tiempo, ya que en su rol de director independiente deben integrar varias instancias.
Para Alejandro Ferreiro, ex regulador y director de Espacio Público, "si bien las AFP hacen un esfuerzo en la dimensión en que pueden hacerlo, buscando una selección profesional de directores de acuerdo al perfil que se considera necesario en las que puedan elegir alguno, su capacidad de incidir sobre el gobierno corporativo se hace difícil en parte por un dato de realidad inevitable, que es la opacidad estructural en donde operan los directorios, en que probablemente, salvo el gerente general y el resto de los directores, la calidad, prolijidad y profesionalismo es desconocido por el resto de las personas".
En este sentido, el director independiente de Enersis, Rafael Fernández, considera que sería conveniente que los accionistas tuvieran mayores facilidades para acceder a las actas de los directorios. (ver entrevista en pág. 6). Desafíos Si hay algo que genera consenso hoy es que en los últimos años la forma de trabajar de los directores ha cambiado. Y si bien la mayoría de los consultados concuerda en que el deber de cuidado y de leal tad están bien contenidos hoy en la ley, reconocen que aún hay desafíos que enfrentar. Matías Zegers, director del Centro de Gobierno Corporativo UC, indica que se debe abordar la "presión desde el mercado por ver a los directores independientes como representantes de los accionistas minoritarios, pero cualquier director se debe a todos los accionistas, independientemente de con qué votos salió electo".
Algo que también atañe a los directores electos con votos del controlador, y que ha sido objeto de debate en el caso Enersis, Cascada, entre otros. En tanto, Alvaro Clarke, presidente del Centro de Gobiernos Corporativos y Mercado de Capitales de la Universidad de Chile, considera que "más que cambios legales (en torno al deber de cuidado y lealtad) se necesita aplicar con mayor eficiencia lo que las leyes disponen". Agrega que hoy los inversionistas institucionales ayudan a equilibrar la balanza de poderes entre la administración de compañía y sus inversionistas. "En todos los escándalos corporativos, estos inversionistas, AFP y fondos de inversión, han sido especialmente activos en exigir el cumplimiento de los deberes de lealtad y cuidado", dice Clarke.
En este sentido, Ferreiro advierte que mientras en otros países, el sentido y el alcance del deber de cuidado y lealtad es ajustado por los Tribunales de Justicia, en Chile ese rol se entrega al regulador, principalmente porque la Justicia, en la mayoría de los casos, confirma y no cuestiona lo resuelto por la SVS. Zegers advierte que le preocupa "que en algunos casos tanto el deber de lealtad como el deber de cuidado han sido un poco estirados en sus concepciones más globales (...) sobre todo a nivel del regulador, quizás se ha estirado interpretaciones para que algunas conductas caigan dentro de eventuales infracciones de estos puntos". Y por lo mismo, Ferreiro considera que "podría ser útil explorar la conveniencia de establecer una suerte de guía o estándares generales que ayuden a orientar ex ante y fije estándares respecto de cuál es el sentido y alcance del deber de cuidado y las exigencias de control interno.
Eso siempre genera certeza y evita tener que reaccionar y establecer de facto ese estándar para un caso concreto, en el contexto de un escándalo, donde la presión social y política a veces incentiva a tomar posiciones mucho más drásticas que de otra manera habría correspondido". Zegers agrega que también se debería precisar en la ley cuáles son las funciones propias del directorio. ¿Norma o autorregulación? Este año existirán desafíos por dos frentes, advierte Zegers, ya que la OCDE publicará las modificaciones a sus principios de gobiernos corporativos, lo que probablemente llevará a los reguladores de los miembros y/o los mercados vayan actualizando los códigos de buenas prácticas.
Junto con eso, también se enfrentará la revisión de la NCG 341, cuyas posibles modificaciones podrían implicar nuevos desafíos para las empresas. Sin embargo, todo pareciera apuntar en la dirección de la autorregulación. Ferreiro indica que "hay abundante literatura y ejemplos de mejores prácticas de gobiernos corporativos, pero lo que suele faltar para avanzar en su adopción es alguna convicción para dejarse permear por novedades y remecer ciertas inercias que en general tienden a prevalecer". La norma de carácter General 341 aborda 19 buenas prácticas, que no son obligatorias de implementar. Pero Zegers considera que la normativa se vio como una especie de check list que cumplir, en vez de una forma de incorporar buenas prácticas como oportunidad para agregar valor.
Y agrega que la autorregulación es la forma en que se puede adaptar más rápido las buenas prácticas: "En ese sentido, falta un empujón desde el sector privado (...) echo de menos el rol público que tiene una Bolsa de Comercio, que podría exigir a las sociedades que coticen ahí ciertos estándares de buenas prácticas". Clarke concuerda con que el camino, más que ajustes normativos, es continuar profundizando el modelo de supervisión basado en riesgos, que descansa de manera importante en la labor de los directorios: "En todas las materias que han dado origen a distintos escándalos corporativos es posible desarrollar modelos de prevención en las empresas, es la manera técnica y profesional de enfrentar el tema. Es la forma de institucionalizar herramientas que permitan cuidar a la compañía de estos riesgos que, por su naturaleza, pueden afectar fuertemente el patrimonio y su reputación".
