Diario Financiero

Ricardo-Irarrázabal-96x96

Hace algunos días la Presidenta Bachelet, en una entrevista radial, utilizó la coloquial frase "chicotear los caracoles" para referirse a las iniciativas para que la economía acelere su tranco. Se habla de proyectos sociales financiados con recursos públicos y de iniciativas encaminadas a destrabar proyectos con Resoluciones de Calificación Ambiental aprobadas. ¿Son suficientes estas iniciativas para reactivar la economía?

Un excelente indicador de actividad económica futura y de largo plazo lo constituye el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SETA). En efecto, gran parte de la actividad económica ha de obligatoriamente evaluarse desde un punto de vista ambiental a través de este sistema, en una evaluación preventiva que nos da una señal de los proyectos que se construirán en uno o dos años una vez que obtengan su RCA favorable. El entrar al sistema supone además una voluntad real de desarrollar un proyecto, ya que significa preparar la ingeniería básica del mismo. Además, otorgándose una RCA favorable, empieza a correr un plazo de 5 años para el inicio de la ejecución del proyecto, ya que una vez transcurrido el señalado plazo, la RCA caduca ¿Y qué nos dice el SETA? De acuerdo a lo informado por la prensa, el monto de los proyectos ingresados a evaluación ambiental durante este año versus el mismo período del año pasado, registra una caída de un 56%, la cifra más baja de los últimos 5 años.

Al parecer no hasta con chicotear los caracoles. Se requiere otorgar mayor certidumbre a la inversión. Reglas claras - las cuales pueden ser estrictas -, pero que permitan tomar decisiones a largo plazo y que lleven al país de vuelta por la senda del crecimiento. Además, y desde un punto de vista ambiental, la evidencia indica que a mayor desarrollo económico la protección del medio ambiente aumenta y las normativas ambientales se hacen más estrictas.

La incertidumbre se combate con actos y señales concretas. Sin embargo, esas señales han sido justamente las contrarias. La decisión política del Comité de Ministros acerca de Hidroaysén marcó la pauta. En el plano político, las declaraciones de la ministra Rincón en relación a que la Constitución de 1980 "le dio una preeminencia exagerada al derecho de propiedad". En el Congreso, la reforma tributaria, la discusión del DL 6()() y la reforma laboral. Por otra parte, la discusión de proyectos de ley tales como el de Biodiversidad y Áreas Protegidas, en relación a su impacto en terrenos privados, así como la discrecionalidad administrativa de la indicación que modifica el Código de Aguas y la discusión sobre la ley de glaciares que no permitirá la gestión ambiental. En el SETA, voces que ahogan por dar pie atrás en los temas de consulta indígena ya institucionalizados a nivel reglamentario o la discusión abierta sobre la caducidad de las RCA, especialmente acerca de cómo demostrar por parte de aquellos proyectos con RCA otorgadas antes del 2010 y que no se han empezado a construir, las gestiones, actos o faenas mínimas que eviten la caducidad de las mismas.

Hay muchas cosas que hacer. Pero también muchas que significan un "no hacer". Partamos por éstas.