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En su discurso del 21 de mayo la presidenta Michelle Bachelet anunció una modificación sustantiva del Código de Aguas que busca reconocer el recurso hídrico como bien nacional de uso público. La medida fue anunciara para intentar solucionar la sobreexplotación de las cuencas y del mal uso de los derechos de agua, además de la escasez hídrica del país.

Al respecto, Sebastián Zárate, abogado constitucionalista, experto en derecho público y académico de la Universidad Católica, comentó que esta iniciativa podría "generar un cambio bastante relevante" para evitar aprovechamientos en el uso de las aguas terrestres.

Por lo mismo, el académico, explicó que las alternativas que podría proponer el Estado sería, en primer lugar volver al sistema que había en Chile en los 80 o generar una nueva forma de regulación.

"Si se quiere retroceder a un sistema anterior a los años 80 donde el Estado establecía y regulaba toda estas concesiones o bien, se quiere perfeccionar el sistema para hacerlo más eficiente y solucionar aquellos problemas que ahora se están produciendo, la especulación, principalmente y el uso inequitativo de las aguas".

Sobre la primera opción, el Zárate calificó como inviable volver al antiguo sistema, porque implicaría la realización de expropiaciones de los derechos de propiedad adquiridos por quienes los solicitaron en su momento, lo que será económicamente poco conveniente.

"Entonces acá hay dos situaciones. O desarrollamos nuestro sistema y lo hacemos un poco más eficiente, como el modelo australiano, que definitivamente se fue por el lado del mercado y definir un mercado de agua que sea transparente, bien regulado o retroceder y establecer ciertas restricciomes sin que implique un retroceso en cuanto a los derechos que están siendo reconocidos", aseguró.