Pulso
Dentro del plazo de 100 días, el Ministerio de Energía lanzó la llamada Agenda Energética, cumpliéndose así con el compromiso de entregar "el detalle de la Agenda de Energía que se pondrá en marcha a contar de 2014, que compatibilizará las necesidades de producción y el respeto al medioambiente".
En relación a los temas eléctricos, pese al nombre del documento, su carácter es el de una verdadera política, al señalar directrices, objetivos, instrumentos y metas.
Y aunque el documento señale que su objeto es la "elaboración de una agenda que sirviera como hoja de ruta para construir y ejecutar una Política Energética de largo plazo que tenga validación social, política y técnica", para todos los efectos, es una política, que incluso establece el rol del Estado y cuyo principal objetivo es la reducción de costos marginales en 30% para el SIC en el período de gobierno.
En el documento se aprecia un serio esfuerzo por hacerse cargo de varios de los temas eléctricos en discusión, respecto de los cuales existe en algunos casos bastante continuidad con iniciativas legales, reglamentarias y acciones comenzadas en la anterior administración, aunque con distintos énfasis.
En efecto, en materia de eficiencia energética, las iniciativas son básicamente las contempladas en el Plan de Acción al año 2020, pero se modifica la meta que había establecido la Estrategia del 2012 (12% al 2020) a 20% al 2025. Lo interesante es que esta cifra quedaría incluida en un texto legal, cuestión que la transforma en una política de Estado.
En relación con las energías renovables y la interconexión, ambos temas ya fueron discutidos en iniciativas legales, ley 20.698, la llamada ley 20/25, y la ley 20.726, que promueve la interconexión de los sistemas eléctricos independientes a través de la inclusión en el "Plan de expansión del sistema de transmisión troncal período 2014- 2015".
Donde hay mayores novedades es en el rol de ENAP y el tema ampliamente difundido en la prensa sobre regulación del sector gasífero, además de la intención de ampliar las seremis de Energía a todas las regiones, para lo cual se requerirá modificar la ley que creó el Ministerio de Energía, tramitada en la anterior administración de la Presidenta Bachelet. Ahora bien, es en los temas ambientales donde el documento parece más una agenda que un borrador de política.
Si el gran desafío es bajar los precios, resulta ineludible articular, más que una política eléctrica, una política energética sustentable que incluya las variables ambientales y sociales dentro del marco institucional.
Y es que la evidencia resulta incuestionable: ha sido justamente en dichas temáticas donde muchos de los proyectos energéticos han tenido problemas. Y es por esto que la necesidad no es de una agenda sectorial, sino de una política transversal de Estado que sea analizada por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y que sea sometida como tal al mecanismo de Evaluación Ambiental Estratégica, aunque el reglamento de esta última, tomado de razón por la Contraloría, está pendiente de publicación en el Diario Oficial.
Respecto de las medidas propuestas, aunque se mencionan claramente las "problemáticas", no se avanza en instrumentos y metas, salvo en la iniciativa para normar la toma y descarga de las aguas de las termoeléctricas y el tema de la oscilación intradiaria de caudales de la hidroelectricidad, cuestiones que aparecieron en una segunda versión del documento.
Se plantea el tema de los beneficios de las comunidades, que debiera ser zanjado por la Comisión para la Descentralización y reflejarse en un proyecto de ley, y el eje de ordenamiento territorial, que sería abordado por la Mesa Interministerial de Ordenamiento Territorial.
Al respecto, resulta clave utilizar los instrumentos y mecanismos provenientes de una política de zonificación inversa -para esto es importante tramitar el proyecto de ley que crea el Servicio de Biodiversidad y Areas Protegidas-, así como la elaboración de normas de calidad secundaria de aguas. Son las normas de calidad la finalidad última de la política medioambiental y hacia su cumplimiento debieran apuntar los instrumentos de gestión ambiental.
En definitiva, son ellas las grandes ordenadoras de las cuencas. Las de los ríos Biobío, Maipo Mapocho y Valdivia ya fueron tomadas de razón, pero aún no han sido publicadas en el Diario Oficial. Todo lo anterior debiera complementarse con instrumentos económicos como permisos de emisión transables o impuestos, que son deseables para incentivar o desincentivar el uso del territorio.
Así, un perfeccionamiento de los impuestos verdes en discusión en relación a los gases contaminantes locales, resulta pertinente. Finalmente, se menciona una serie de iniciativas como la "Unidad de gestión de proyectos" y la "Mesa para el diseño de estándares participativos", donde se considerará "la incorporación de conceptos de participación previa, solución de conflictos y grado de vinculación de la participación".
Lo anterior remata en que el Ministerio de Energía sería una suerte de mediador en situaciones de conflicto, cuando las partes así lo acuerden. Al respecto, una voz de alerta: ya tenemos una institucionalidad, en manos del Servicio de Evaluación Ambiental, donde están incorporados los temas de participación, con un reglamento nuevo que propende a una evaluación temprana de los impactos y que incluye la consulta indígena. Es este el servicio que requiere ser fortalecido.
