El Mercurio
Señor Director:
El proyecto de ley enviado al Congreso para reformar el sistema electoral aumenta el número de diputados de 120 a 155, y en el caso de los senadores, de 38 a 50. En la actualidad, 32 de los 120 diputados (un 26,6%) pertenece a la Región Metropolitana. La iniciativa legal pretende que 47 de los 155 diputados sean de la capital, elevando dicho porcentaje a un 30,3%. Esto no debiera sorprender, dado que ella concentra alrededor del 39% de la población del país.
Igualmente, el porcentaje de representación poblacional de Santiago en el Senado también se eleva, dado que en la actualidad cuatro de los 38 senadores (un 10,5%) son de la Región Metropolitana y la reforma subirá ese porcentaje a 14%, es decir, 7 de 50 senadores. Así, el proyecto actual maximiza solo una variable -la poblacional- aumentando el peso relativo de Santiago y profundizando aún más la asimetría jurídica entre regiones generada en la reforma constitucional de 1989.
En muchas democracias avanzadas se ha entendido que, con el objeto de equilibrar el desbalance producido por grandes concentraciones urbanas -y que este no pase a llevar las áreas no metropolitanas-, el elemento poblacional se debe equilibrar con un principio democrático bastante razonable: la igualdad política de los territorios que conforman un Estado y su dignidad como integrantes de un país unitario, pero compuesto de diversas realidades geográficas, sociales, económicas y culturales. Este principio fue recogido en el mensaje del proyecto, pero no en su texto.
La pregunta relevante, entonces, es cómo compatibilizar la representación poblacional -que asegure la debida correlación entre el número de electores y elegidos- con la representación territorial que permita la igualdad política que debiera existir entre las regiones. Ello, en consideración a que la propia Constitución establece en su artículo 3º que Chile es un Estado unitario, pero donde sus órganos deben promover el fortalecimiento de la regionalización del país.
Desde esta perspectiva, es posible concluir que en la Cámara Baja la Región Metropolitana se encontraría subrepresentada, dado el porcentaje de la población nacional que reside en ella, en tanto en el Senado la metrópolis se encontraría sobrerrepresentada a nivel nacional. Si se desea avanzar en descentralización y reivindicar la isonomía jurídica entre las regiones, estas debieran ser equivalentes entre sí respecto de las decisiones fundamentales para el país, de modo de contrarrestar el legítimo peso poblacional de Santiago debidamente reconocido en la Cámara de Diputados.
Un adecuado balance entre ambos elementos -población y territorio- parece una sensata alternativa. Ello podría significar incluso establecer un número variable de diputados, en la medida que las concentraciones de población cambien, como sucede en otros países. Esto último no es ajeno a nuestro sistema, toda vez que el número de concejales dentro de una comuna varía según la cantidad de electores de la misma. Con todo, si se quiere avanzar en el restablecimiento del principio de la igualdad política regional, esta debiera tener su expresión clara en la composición del Senado como contrapeso al principio de representación poblacional de la Cámara. Ello materializará por lo demás el deber constitucional de los órganos del Estado de promover el fortalecimiento regional.
