La Tercera
Esto es sólo "el aperitivo del difícil año que se viene por delante", afirmó el lunes en la noche uno de los ministros del Tribunal Constitucional (TC), luego que se diera a conocer la sentencia del organismo que rechazó, por seis votos contra cuatro, el requerimiento de inconstitucionalidad presentado por 11 senadores de la Alianza, dando un portazo a la última opción para reponer el veto que había enviado al final de su mandato el ex Presidente Sebastián Piñera a la ley de Televisión Digital.
El fallo era esperado con expectación en la Alianza y el gobierno, quienes han puestos sus ojos en el papel que puede llegar a desempeñar el TC en el destino final de las principales reformas estructurales comprometidas en el programa de Michelle Bachelet. Parlamentarios de la oposición admiten que la batalla final de la reforma tributaria, la reforma educacional y los cambios a la Constitución se extenderá más allá del Congreso, donde el oficialismo cuenta con las mayorías necesarias para aprobar una parte importante de las normas, y terminará por dirimirse en el TC.
La preocupación por las atribuciones del TC ha sido planteada por la propia Presidenta al punto que en el programa se sugieren modificaciones a su rol.
Durante el primer gobierno de Bachelet, los requerimientos ante este organismo dieron contundentes triunfos políticos a la Alianza.
En agosto de 2006, los entonces senadores Andrés Allamand y Pablo Longueira hicieron una presentación ante el TC que eliminó el artículo del proyecto de ley de subcontratación que definía el concepto de empresa cuando la iniciativa ya había sido aprobada en el Congreso. El 18 de abril de 2008, en tanto, el organismo declaró la prohibición de entregar la "píldora del día después", acogiendo un requerimiento de 36 diputados de la Alianza. Y cinco meses después, en septiembre, la derecha logró que el TC impugnara los US$ 400 millones solicitados por el gobierno de Bachelet al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para financiar el Transantiago. Ese último fallo generó una crisis de proporciones en La Moneda y la obligó a recurrir al 2% constitucional. El logro fue tan significativo para la UDI y RN que, semanas después, en una ceremonia íntima de celebración, los senadores de la Alianza regalaron una exclusiva lapicera Mont Blanc a los abogados Axel Buchheister y Heidy Matthei, patrocinantes del requerimiento.
Con esos precedentes frescos en la memoria, tanto el oficialismo como la oposición ya han encargado una serie de informes en derecho a abogados expertos, el primero para blindar los proyectos frente a eventuales reparos ante el TC, mientras que la segunda, para advertir visos de inconstitucionalidad y evaluar la posibilidad de impugnar algunas normas.
Hace algunas semanas, los abogados Alejandra Ovalle y Max Pavez, este último de la Fundación Jaime Guzmán, le enviaron al diputado de la UDI Arturo Squella una extensa minuta, con vicios de constitucionalidad que habrían detectado en el proyecto de reforma tributaria presentado por el ministro de Hacienda, Alberto Arenas.
El jefe del equipo económico lideró el debut del ingreso de las reformas comprometidas por Bachelet durante su campaña.
El texto de los abogados de la Alianza planteaba dudas sobre los artículos relacionados con las medidas antielusión y las nuevas facultades otorgadas al Servicio de Impuestos Internos (SII), las que, según ellos, vulnerarían los principios de legalidad, de no discriminación y el debido proceso consagrado en la Constitución. También, según la minuta, la reforma tributaria planteada por el gobierno afectaría la libertad de desarrollar cualquier actividad económica y el respeto a la libertad de trabajo.
Squella le entregó esta minuta a la directiva del partido, encabezada por el diputado Patricio Melero, para que fuera difundida entre los demás parlamentarios de la UDI, pues la estrategia gremialista será dejar constancia de todas las reservas de constitucionalidad durante la tramitación del proyecto, medida indispensable para sostener posteriormente un requerimiento ante el TC.
"Vamos a ocupar -con el criterio correspondiente- todos los mecanismos que nos dé el Estado para defender nuestras propuestas", señaló el senador (UDI) Víctor Pérez. En la Alianza acusan al oficialismo de imponer la mayoría con que cuentan en el Congreso, limitando el diálogo para perfeccionar la reforma.
"Si hay una característica de la manera de legislar (del oficialismo) es la incapacidad de oír y esta especie de retroexcavadora, por lo que nos reservamos el derecho de recurrir al TC para enmendar aspectos que pudiesen haber sido corregidos mediante el diálogo. Ya estamos estudiando la reforma tributaria y algunos temas sobre los que tenemos dudas, entre ellos, el de renta atribuida", dijo el senador Juan Antonio Coloma, miembro de la Comisión de Hacienda del Senado.
El riesgo de trasladar la batalla al Tribunal Constitucional fue ampliamente discutido por el gobierno y los dirigentes de la Nueva Mayoría la noche del 30 de marzo pasado, durante una reunión del comité político en La Moneda, a la que asistieron ministros, timoneles de partidos, presidentes de ambas cámaras del Parlamento y los jefes de bancadas, y en la que se dieron a conocer los ejes de la reforma tributaria.
"El factor central es la celeridad que requiere la tramitación de estos proyectos y hay que evitar la intromisión de otros estamentos que puedan ralentizar el despacho de esas iniciativas", planteó en esa ocasión el presidente del PS, Osvaldo Andrade.
El tema volvió a estar sobre la mesa una semana después, al término de la segunda sesión de la Comisión de Hacienda abocada a despachar la reforma tributaria, durante una reunión en la oficina del presidente de la Cámara de Diputados, Aldo Cornejo, a la que asistió el ministro Arenas y los parlamentarios Pablo Lorenzini y Fuad Chaín. Para entonces, la Presidenta se había abierto a flexibilizar el proyecto, siempre y cuando se mantuviera invariable el monto que pretende recaudar con la reforma tributaria y sus pilares fundamentales, lo que facilitaba la tramitación de la iniciativa. Según Lorenzini, los parlamentarios aseguraron a Arenas que sacarían el proyecto dentro de los plazos acordados, pero que "podrían producirse demoras importantes si se iba al TC", por lo que le pidieron hacer modificaciones al texto para cerrar cualquier viso de inconstitucionalidad.
Salvo el cambio en el impuesto a los alcoholes, demandado por los parlamentarios de las zonas pisqueras y vitivinícolas, señala un experto constitucional, los dos paquetes de indicaciones enviados por el gobierno a la reforma tributaria tienen que ver con observaciones planteadas a la constitucionalidad de la norma.
Sin embargo, para el diputado Squella, las modificaciones son de carácter superficial. "Las indicaciones son meros maquillajes. Por ello, si la Cámara o el Senado no las corrige, nos veremos obligados a ir al TC", advierte el parlamentario.
Las indicaciones han sido evaluadas por el asesor jurídico del Ministerio de Hacienda, el abogado Fernando Dazarola, y en parte se fundan en los informes en derecho solicitados al abogado tributarista Francisco Saffie y al experto constitucionalista Patricio Zapata.
En Teatinos 120 hay un equipo destinado a analizar casos anteriores que hayan sido presentados ante el TC para anticipar situaciones. Además, solicitarán nuevos informes jurídicos a otros constitucionalistas cuando surjan otras dudas.
Este trabajo es apoyado desde La Moneda por el equipo jurídico del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, encabezado por William García e integrado por dos jóvenes abogados que hasta hace poco trabajaban como asistentes de ministros del Tribunal Constitucional, por lo que conocen de primera mano el trabajo y la posición de cada uno de los miembros del TC.
Una vez a la semana, por lo menos, este equipo se reúne, además, con el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, y el grupo de asesores, para revisar los proyectos de ley que está elaborando esta cartera.
A diferencia de la reforma tributaria, que podría llegar al TC sólo si se presenta un requerimiento, la de educación obligatoriamente tendrá que ser revisada por el tribunal, pues se trata de una ley orgánica constitucional.
Pese a que no se conoce aún el proyecto que deberá presentar Eyzaguirre, en la Alianza confían que el TC hará valer el principio de libertad de enseñanza, por lo que será el escenario para defender su postura frente a la existencia de un sistema mixto de educación.
Ministros del TC afirman que el gobierno de Bachelet cuenta en estos momentos sólo con tres votos seguros de los 10 jueces que integran el tribunal. Según estas fuentes, los ministros más cercanos a la Nueva Mayoría son Carlos Carmona, Francisco Fernández y Gonzalo García.
La derecha tiene cuatro votos firmes: el de Marisol Peña, la ex jefa de asesores de Piñera, María Luisa Brahm; Iván Arostica y el de Juan José Romero. Los otros tres ministros (Raúl Bertelsen, Domingo Hernández y el socialista Hernán Vodanovic) asumen posturas más autónomas. "Hay que hacer un arduo trabajo de persuasión jurídica para poder ganar los votos necesarios para conformar mayoría", reconoce un ministro del TC que pidió mantener su nombre en reserva.
A partir de agosto, sin embargo, la presidencia del TC recaerá en el abogado Carlos Carmona -quien se desempeñó como jefe de la División Jurídica de la Segpres durante los gobiernos de Frei, Lagos y Bachelet-, lo que podría ayudar en parte a mejorar la situación del oficialismo dentro del tribunal. El voto del presidente dirime en caso de producirse un empate en un fallo sobre la constitucionalidad de un proyecto de ley.
La elección de Carmona se debe a un acuerdo de gobernabilidad logrado el año pasado por seis miembros del tribunal, en medio de la fuerte disputa por la presidencia del TC. El pacto implicó dividir el período presidencial de dos años: así, la testera del TC quedó primero para Marisol Peña y a contar de agosto y hasta mediados del 2015 recaerá en Carlos Carmona.
La distribución de los cargos, admite un ministro del TC cercano a la Nueva Mayoría, no fue arbitraria. Para entonces había una alta probabilidad de que Bachelet volviera al gobierno con una propuesta de reformas estructurales que, de una u otra forma, podrían terminar en manos de los jueces. Sólo se anticiparon.
El pacto provocó el quiebre definitivo entre Marisol Peña y María Luisa Brahm, y la división de los ministros más conservadores.
