El objetivo del evento fue revisar algunas de las implicancias que la definición constitucional de Estado social y democrático de derecho puede tener en la regulación legal de la empresa.
La empresa en el Estado social y democrático de derecho: DD.HH. y economía social. Así se tituló un conversatorio organizado por Derecho UC en conjunto con la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y la Fundación Fernando Fueyo Laneri.
El objetivo del evento -realizado el 25 de julio- fue revisar algunas de las implicancias que la definición constitucional de Estado social y democrático de derecho puede tener en la regulación legal de la empresa según la experiencia comparada.
En la actividad participaron el profesor Jaime Alcalde, del Departamento de Derecho Privado de nuestra Facultad; las académicas Judith Schönsteiner y Claudia Bahamondes, ambas de la Universidad Diego Portales, y Juan José Montes, coordinador de fomento de la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.
Claudia Bahamondes hizo una presentación general sobre el concepto de Estado social y democrático de derecho recogido en el borrador elaborado por la Comisión Experta; y sobre el estado actual del plan nacional sobre derechos humanos y empresa, resaltando la reciente conformación de una mesa técnica por parte del Comité interministerial que existe en la materia para elaborar un proyecto de ley que recoja la debida diligencia en dicho ámbito, en línea con experiencias comparadas. También se refirió a la indefinición que existe sobre la economía social en el país y a las figuras que caben dentro de esa categoría, así como los intentos que ha habido para reconocerla constitucionalmente.
Judith Schönsteiner, quien acaba de publicar un libro sobre la materia, se centró en los derechos humanos y su relación con la empresa, materia sobre la que la ONU ha propuesto unos principios rectores, mientras que en Chile se encuentra implementada gracias a un plan nacional y la existencia de un comité que coordina los distintos ministerios que tienen incidencia. Además, resaltó la importancia que tiene el alcance horizontal de los derechos fundamentales para exigir su respeto en el actuar de las empresas.
Juan José Montes, en tanto, expuso sobre las dificultades que tiene elaborar una política pública en materia de economía social debido a la fragmentación de esta categoría en distintas figuras y organismos a cargo. Expuso también el fomento que se está impulsando y algunos resultados estadísticos, así como la situación comparada en aquellos países donde existe un reconocimiento expreso y una acción estatal dirigida a promover la acción privada en este campo.
Jaime Alcalde, finalmente, expuso sobre el tratamiento comparado de la economía social en el plano constitucional. Se refirió también al reconocimiento que tuvieron las cooperativas en la reforma constitucional de 1971, así como al proyecto que se presentó en 2018 para incluir un deber del Estado de fomentar la economía social en la actual Constitución.
También mencionó la alusión a las cooperativas y a la economía social en la propuesta de la Convención Constitucional, y la única enmienda presentada en el Consejo -dentro del actual proceso- para incluir una mención al deber del Estado de fomentar la economía social junto con otras materias. Asimismo, hizo mención de que este reconocimiento es, en los distintos países que tienen un modelo semejante, casi una consecuencia obligada del reconocimiento del Estado social y democrático de derecho, lo que se suele completar con leyes subordinadas. Puso como ejemplo la consecuencia que tuvo en Alemania esa opción constitucional cuando se discutió la reforma de la ley de sociedades anónimas que modificó y dio la configuración actual al régimen de participación de los trabajadores en los directorios.
Revisa el video del conversatorio aquí.
