Esta nueva versión de la actividad tuvo como título Empresa, Trabajo y Derechos Humanos, logrando una alta convocatoria.
Con el objetivo de generar un espacio de diálogo entre representantes de trabajadores, del área empresarial, del gobierno y de organismos internacionales, el miércoles 12 de julio se realizó la 3° versión del ciclo de reflexiones laborales, organizado por el Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores, en colaboración con el Programa de Sostenibilidad Corporativa y la Vicaría de Pastoral Social Caritas.
En el conversatorio -que tuvo alta convocatoria y que llevó por título Empresa, Trabajo y Derechos Humanos- se abordaron principalmente los desafíos respecto a la debida diligencia (due diligence), es decir, el proceso por el cual las empresas pueden identificar sus riesgos e impactos de forma preventiva y proactiva, con levantamiento de información desde sus grupos de interés, para desarrollar planes de acción para la mitigación, prevención y reparación.
En el encuentro participó Francisco Loyola, profesor de Derecho UC y coordinador del Programa de Sostenibilidad Corporativa, quien tuvo el rol de moderador. Como invitados estuvieron Carla Moscoso, jefa de la división de promoción de la Subsecretaría de Derechos Humanos; Jaime Godoy, coordinador nacional del Proyecto Conducta Empresarial Responsable para América Latina y el Caribe de la OIT; Alejandro Ochoa, secretario de Medio Ambiente y Transición Justa de la CUT, y Macarena Álvarez, directora de Asuntos Comunitarios y Buenas Prácticas de Generadoras Chile.
Teresita Tagle, directora del Programa de Formación Jurídica para Trabajadores y Empleadores, dio inicio a la conversación, agradeciendo el interés del público y la participación de los ponentes. Posteriormente, Francisco Loyola contextualizó la discusión, dando algunas bases sobre la debida diligencia y sobre cómo Chile y sus empresas han implementado el marco de “Empresas y Derechos Humanos”.
Durante la actividad, los cuatro invitados profundizaron, precisamente, en la debida diligencia y en el marco de “Empresas y Derechos Humanos”, cuáles son los desafíos pendientes y cómo -desde cada una de las instituciones que representan- se puede influir en mejorar las condiciones de los trabajadores.
El primer ponente en intervenir fue Alejandro Ochoa, quien respondió sobre el rol que pueden tener las centrales de trabajadores y -en particular- los sindicatos de empresas en la difusión de esta materia. “El tema de los derechos humanos es una deuda que existe en Chile. Por ejemplo, puede que la ley de debida diligencia se contraponga al derecho de propiedad, lo que puede terminar generando conflictos y demorando la tramitación de la ley. Es un desafío para los sindicatos hacer respetar los derechos humanos de los trabajadores, pero se necesita voluntad de todos los actores”, afirmó.
Luego fue el turno de Macarena Álvarez, quien expuso sobre cómo se ha implementado el marco de “Empresa y Derechos Humanos” en la industria de la energía. “Estamos contentos, porque la industria de la energía es de las que mejor está evaluada en los principios rectores, pero hay que seguir avanzando. Este marco se ha implementado por empresas extranjeras en Chile. Falta conocimiento al respecto. Se necesita colaboración de los distintos actores para avanzar”, comentó.
Actualmente, en Chile se busca implementar una ley de debida diligencia. Respecto a esa temática, Carla Moscoso se refirió a cuáles han sido los principales avances en la materia. “Las normativas ayudan a los cambios culturales. La idea de este proyecto de ley es que pueda ser una suerte de comparsa a un proceso que las empresas han desarrollado. Lo importante es reunir estas miradas en este proyecto, por lo que el proceso participativo es clave. No se tiene un proyecto de ley redactado, sino que se busca construir esta norma en base a experiencia comparada y al diálogo, donde todos los actores del trabajo participen activamente en la propuesta de ley, identificando puntos más críticos sobre esta temática”, detalló Moscoso.
Finalmente, Jaime Godoy destacó los esfuerzos que buscan implementar políticas de la OIT. En ese sentido, expresó que “hay un entorno habilitante porque hay estándares internacionales bastante similares y que deben entenderse como pasos iniciales para una debida diligencia. También hay experiencias internacionales que han llevado a entender qué significa una regulación de debida diligencia, apuntando a la incorporación de análisis de riesgo en las empresas y que éstas se comuniquen debidamente”. Así, como representante de la OIT, enfatizó en la necesidad de la participación de los distintos actores del trabajo en este tema.
Revisa el conversatorio aquí.
