En el encuentro, que fue organizado por el Colegio de Abogados de Chile y la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, la académica UC sostuvo que el nuevo texto constitucional debiese contener normas sustanciales relativas a la protección de la infancia.
El pasado 5 de enero se desarrolló el seminario Niños, niñas y adolescentes y nueva Constitución, actividad que estuvo organizada por el Colegio de Abogados y la Asociación Chilena de Derecho Constitucional, con el apoyo de EstadoDiario, y que contó con la participación de la profesora Derecho UC y miembro del Centro UC de la Familia, Carmen Domínguez Hidalgo.
La académica de nuestra Facultad comenzó su intervención asegurando que es necesario que el nuevo texto constitucional contenga normas directas relativas a la infancia, ya que hasta ahora estas temáticas han sido entregadas a las políticas del gobierno de turno, liderados –muchas veces- por personas sin conocimientos ni experiencia en la materia. Sin embargo, agregó que este “no es solo un problema del Ejecutivo, sino que de los tres poderes del Estado” y que “un nuevo texto constitucional tiene que hacer mucho más de lo que hoy tenemos, no sólo a nivel constitucional, sino que a nivel institucional”.
Asimismo, aclaró que la familia es insustituible, por lo tanto, la labor del Estado debe ir encaminada en “apoyar a los padres para adquirir las competencias para que puedan acompañar a sus hijos”, agregando que “el desafío está en cómo generamos una cooperación público-privada sólida si realmente queremos cambiar las oportunidades de la infancia vulnerable en el futuro”.
Lo que no está en duda, continuó, es que el nuevo cuerpo constitucional debiese reconocer dos ejes prioritarios: el establecimiento expreso del deber del Estado de constituirse en garante de la protección de todo niño, niña y adolescente y de su derecho a vivir en familia. “Esto no puede quedar como un mero reconocimiento programático, sino que tiene que proyectarse en una institucionalidad que propenda a hacerlo de forma eficaz”, afirmó.
El segundo eje debe centrarse en la promoción constitucional de la corresponsabilidad parental y familiar, de manera de generar conciencia en los padres y madres respecto de la responsabilidad que implica el ser padres. “El Código Civil fue reformado, pero seguimos en una cultura y legislación que lejos de asegurar la corresponsabilidad, está al debe”.
Por último, el establecimiento de responsabilidades políticas y administrativas para los entes a quienes se les ha asignado la labor de promover la política nacional de infancia. “Esto está ausente, por lo tanto, no hay forma de medir si los recursos y esfuerzos están rindiendo frutos, porque no hay herramientas de medición y, por lo tanto, no es posible establecer responsabilidades”, afirmó.
Finalmente, la académica hizo un llamado de urgencia para desarrollar un diálogo interdisciplinario para definir cómo fijamos las edades en las que vamos a reconocer que los niños, niñas y, particularmente los adolescentes, no son aptos para realizar determinados actos con autonomía respecto de sus padres.
El encuentro, realizado en formato online, contó también con la participación de Nicolás Espejo, abogado perteneciente a la Comisión Diversidad e Inclusión del Colegio de Abogados; y Hugo Tórtora, miembro de la Asociación Chilena de Derecho Constitucional. Moderó la instancia, Elisa Walker, Consejera Colegio de Abogados.
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