Con una presentación del texto ‘Aguas y Nueva Constitución. Perspectivas y Propuestas´ de la comisión de Aguas del Foro Constitucional, profesores UC y tres convencionales discutieron sobre cómo recoger las temáticas del agua en sede constitucional.
Analizar y debatir sobre el documento ‘Aguas y Nueva Constitución. Perspectivas y Propuestas’ de la Comisión Aguas del Foro Constitucional UC fue en objetivo del encuentro que se realizó el pasado 2 de noviembre y que contó con la participación de la profesora Derecho UC Daniela Rivera y los convencionales constituyentes Juan José Martín (Distrito 12), Constanza San Juan (Distrito 4) y Bernardo Fontaine (Distrito 11), todos de la comisión de Medio Ambiente, Derechos de la Naturaleza, Bienes Naturales y Modelo Económico.
La primera intervención estuvo en manos de Daniela Rivera quien entregó una panorámica general del trabajo realizado, en el que participaron diez profesores de distintas facultades de la Universidad Católica, comisión que sesionó desde abril a agosto del presente año con el objetivo de entregar una reflexión interdisciplinar y una serie de propuestas de cara a la discusión constitucional del país.
El documento comienza, explicó, con un diagnóstico de las aguas en chile y luego entrega una serie de propuestas identificando algunas temáticas que deben quedar escritas en sede constitucional. Entre las propuestas formuladas, sostuvo, se destaca el reconocimiento e información de todas las funciones y valores del agua, la consagración de derechos humanos al agua y al saneamiento, explicitar las aguas como bienes nacionales de uso público, mecanismo y criterios de asignación de usos de agua, y una institucionalidad ejercida por un organismo autónomo y técnico, con personalidad jurídica y patrimonio propio.
“En el documento se sistematizan las principales temáticas que nos parece debiesen abordarse en la propuesta de una nueva Constitución. Los problemas y desafíos del agua son múltiples, complejos y estructurales, y su resolución ciertamente excede el foco y alcance de una Constitución. Sin embargo, tenemos una oportunidad muy valiosa para repensar y definir los estándares y principios que, desde esta norma superior, debiesen impulsar una ordenación y gestión más sostenible e integrada de las aguas”, señaló la misma.
El primero comentario sobre el documento estuvo en manos de Juan José Martín quien lo destacó como un buen diagnóstico de carácter técnico de la situación del agua en Chile, agregando que su lectura le reforzó la convicción de que no hay que ver el agua solo como un derecho humano sino que prioritariamente como un derecho de la naturaleza.
“El agua es la base de la vida para todas las formas de vida. Es un profundo error hacer una gestión netamente centrado en lo humano. ¿En qué momento separamos el agua de los territorios? El agua es un bien natural, no un recurso; un bien común para todas las especies y pertenece a un territorio”, argumentó. “Hoy la lógica está invertida. Primero es un bien económico y luego, si alcanza, para los seres humanos y luego para los ecosistemas”. El agua, concluyó, es un bien natural, común, inapropiable y entendida territorialmente en sus diferentes manifestaciones.
En la misma línea, Constanza San Juan aseguró que las principales coincidencias que tiene con el documento es que éste da cuenta de que el agua, en sus diversas expresiones, es un bien común fundamental para la vida de las personas y ecosistemas, así como el desarrollo realizado respecto al derecho humano al agua.
Mostró algunos desacuerdos con el texto respecto a la propuesta de considerar este recurso como un bien nacional de uso público ya que, según su visión, este hecho ha generado los principales conflictos en Chile. “Las aguas con concesiones perpetuas, que se tranzan en el mercado, lo que permite su especulación, sobreexplotación y acumulación. Para nosotros el agua tendría que ser reconocida como un bien común inapropiable”. El otro gran disenso, agregó, es sobre el mecanismo de asignación de uso de aguas, pues a su juicio se debe superar la lógica de las concesiones. “La distribución tiene que ser pensada desde la comunidad y que sea esta la que ordene y priorice el uso del agua. Esto va de la mano del tema de la democracia radical”.
Por su parte, Bernardo Fontaine afirmó su convicción en relación con que la dignidad de las personas exige garantizar el acceso al agua con los atributos destacados en el documento. Precisó que “es en el consumo rural donde están los mayores problemas. Hay falta de inversión y de mantención. El Estado se demora diez años en hacer cualquier cosa, por lo que la consagración constitucional de un derecho humano al agua puede contribuir a que el Estado sea más eficaz. Paradojalmente el problema de abastecimiento se da justamente en las zonas que administra y dependen del Estado”.
Sostuvo que a su juicio ha existido “un mal manejo de las concesiones por parte del Estado, muy poco estudio de la cantidad de agua que hay en las cuencas, por lo que se han entregado derechos de aguas sin control”. Sin embargo, recalcó que una vez que se ha abastecido el uso humano del agua es indispensable asignar el resto del agua confiriendo derechos de uso mediante el otorgamiento de las concesiones de forma racional, y cuidando el medio ambiente y las cuencas.
El encuentro finalizó con una ronda de preguntas por parte del público asistente, moderada por la profesora Francisca Reyes, y con palabras de cierre de la profesora Rivera.
