Crear unidades de mediación para conflictos patrimoniales, comunitarios, penales y medioambientales y un plan nacional y una Comisión Coordinadora del Sistema de Mediación y Mecanismos Adecuados de Solución de Conflictos fueron las conclusiones del estudio ‘Hacia un modelo integral de política pública para la mediación’.
“Se requiere intensificar métodos de resolución de conflictos distintos a los que nos han caracterizado”. Con esta frase el subsecretario de Justicia, Juan José Ossa, se refirió al rol que la mediación puede tener en el país y dio inicio al seminario Mediación: Propuestas para un sistema integral. “Queremos garantizar una mediación que ayude a que las personas se entiendan”, aseguró la autoridad.
En esta actividad, organizada por el Centro de Políticas Públicas UC, se presentó el estudio Hacia un modelo integral de política pública para la mediación: un análisis de las instituciones sectoriales, realizado en el marco del Concurso de Políticas Públicas UC, por los profesores de nuestra Facultad Carlos Frontaura, decano; Cristián Saieh, director del Programa de Negociación; y Nicolás Frías, subdirector del Programa de Reformas a la Justicia, junto a los investigadores Benjamín Astete y Marcelo Marzouka, subdirector y coordinador de investigación del Programa de Negociación UC, respectivamente, liderados por la profesora de la Escuela de Trabajo Social, Liliana Guerra.
Para este estudio interdisciplinario los investigadores analizaron el estado del arte de la mediación, los sistemas de mediación a nivel comparado y realizaron una completa revisión sobre la situación de la mediación en materia patrimonial, laboral, familiar, penal, escolar, medioambiental, vecinal y en salud en nuestro país, tanto a través de entrevistas a expertos, como de análisis bibliográfico.
Los problemas analizados en la investigación se centraron en la dispersión y falta de sistematización de regulación de la mediación en nuestro país; la carencia de una planificación integral y sistémica de parte del Estado; y en la incorporación que ha tenido este mecanismo en diversos cuerpos legales, sin atender a una política pública coherente que fomente su implementación adecuada.
Al finalizar el estudio, el equipo concluyó que existe la necesidad de contar con un sistema integral de mediación, que permita unificar criterios, principios y procedimientos, propendiendo hacia un sistema multipuertas de acceso a la justicia, que contemple el juicio, el arbitraje, la conciliación, la mediación y el panel de expertos, según la materia y las características del conflicto.
Para esto, como un primer paso, proponen crear unidades de mediación especializadas para la resolución de conflictos patrimoniales, vecinales, comunitarios, penales y medioambientales -hoy inexistentes- en los diversos tribunales del país, junto con crear una Comisión Coordinadora del Sistema de Mediación y Mecanismos Adecuados de Solución Conflictos (MASC) y la elaboración de un Plan Nacional de Mediación y MASC. También plantean la necesidad de crear una ley general de mediación que permita unificar criterios de base para la prestación del servicio.
El proyecto fue comentado por un destacado panel compuesto por Sergio Muñoz, ministro de la Corte Suprema; Mónica Naranjo, Coordinadora Jurídica de la Unidad de Coordinación y Estudios, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; y Macarena Vargas, investigadora y académica de la Universidad Diego Portales, quienes desde distintos ángulos relevaron el valor del enfoque de la investigación realizada y la necesidad de avanzar hacia un sistema de justicia basado en un nuevo paradigma, que considere los mecanismos adecuados de solución de conflictos como complementos indispensables al proceso.
Información periodística: Centro de Políticas Públicas UC / Programa de Negociación UC
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