Paola Tapia Salas profundizó en las características, requisitos y procedimientos del reciente proceso de licitación del sistema del transporte público.
Ante una veintena de asistentes se desarrolló el primer encuentro de este año del ciclo de charlas Derecho UC Abierto al Debate. En esta oportunidad, la exministra de Transportes y Telecomunicaciones, Paola Tapia Salas, abordó el proceso de licitación del Transantiago, el que no estuvo exento de polémica luego de que fuera declarado desierto en marzo recién pasado por la nueva jefa de esta cartera, Gloria Hutt.
El encuentro fue moderado por Sandra Álvarez, profesora del Programa de Magíster en Derecho, LLM UC, y contó con la participación del decano Carlos Frontaura y el director de la Escuela de Graduados Nicolás Cobo.
Tapia dio inicio a su exposición explicando que como en toda elaboración de una política pública, el proceso de licitación del Transantiago debió revisar el marco normativo vigente (ley 18.059, ley 18.696 y ley 20.378) y considerar los mecanismos de control (Contraloría General de la República, Tribunales y Tribunal de la Defensa de la Libre Competencia). Explicó que en la actualidad, el sistema de transporte público en Chile tiene un subsidio que alcanza el 39,5%, el que ha beneficiado a más de cinco millones de personas entre los años 2014 y 2018, pero aún estamos muy lejos de los aportes que realiza Reino Unido o Estados Unidos, por ejemplo.
La principal crítica que tuvo esta licitación, aseguró, fue que los contratos serían a diez años, lo que pareció excesivo a las nuevas autoridades ya que sería muy difícil desligarse de un mal operador. Sin embargo, agregó, lo que se buscaba con la licitación era mantener y mejorar la calidad de servicio sin aumentar los costos de viaje que finalmente son traspasados al usuario. Por eso, los contratos se pensaron a diez años que es el tiempo de vida útil de un bus y de esta manera incentivar a las empresas a ofrecer mejores precios.
Respecto a la licitación en sí misma, la Exministra explicó que durante tres años estuvieron trabajando para determinar las bases de requerimientos. En el proceso participó la ciudadanía a través de una consulta pública en la que se evaluó frecuencia, regularidad y calidad de los buses, sistemas de pago y red de carga y la sustentabilidad de las máquinas. Con ello descartó que se tratase de un proceso que fue calificado por el gobierno de turno como “improvisado”.
Finalmente, la expositora concluyó que el gran desafío de la nueva administración en esta materia será consolidar la integración de los modos de transporte, realizar un proceso que incorpore en el sistema los requerimientos de las personas (descuentos más relevantes e incentivos adecuados para cumplir con la regularidad y frecuencia, la aplicación de nuevas tecnologías, entre otras) y velar por el equilibrio financiero del sistema.
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