La Directora del Centro UC de la Familia, profesora Carmen Domínguez, fue invitada a la sesión de la Comisión de Constitución del Senado para aportar con su experiencia al trabajo legislativo, oportunidad en la que realizó una férrea defensa del que está por nacer.
El 9 de enero se llevó a cabo, en la Comisión de Constitución del Senado, la discusión del proyecto que regula la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo por tres causales, instancia a la que fueron invitados abogados e investigadores de la legislación chilena para aportar con sus conocimientos al trabajo parlamentario. Entre ellos estuvo la profesora de Derecho UC y directora del Centro UC de la Familia, Carmen Domínguez, quien realizó una fuerte defensa del niño que está por nacer.
En su intervención, la académica enfatizó que "la trascendencia de este proyecto es que indiscutiblemente va a afectar un principio que forma parte de la tradición jurídica del Derecho chileno", que es que la persona "es una realidad anterior al Derecho, que el Derecho se limita a reconocer y cuya función es tutelar y proteger permanentemente".
La profesora Domínguez señaló, además, que "este proyecto supone una involución al desproteger al que está por nacer; pero también a la mujer que se encuentra embarazada y que se encuentra en las hipótesis a las que se refiere el proyecto", puesto que se trata de una persona que está "en una situación dramática y límite".
Considerando lo anterior, la académica mencionó que "lo que el proyecto hace es endosarle la carga de decidir qué hacer y, por lo tanto, la supuesta autonomía que se quiere asegurar en la mujer para decidir es, en realidad, la carga de tener que optar por eliminar o no al hijo que ha concebido".
Tras esto, la profesora hizo hincapié en que "el Estado, en vez de ofrecerle alternativas que no la pongan jamás en esa tesitura, opta por permitir que se encuentre en ella a sabiendas de que existen para cada una de las causales a las que se refiere el proyecto, alternativas plenamente viables en Chile para evitarlo", aludiendo a la praxis médica en caso de riesgo de vida de la madre y otros sistemas de apoyo.
En su análisis también hizo una revisión de la historia que precede la iniciativa, que se remonta al año 2000, cuando el Instituto de Salud Pública, ISP, autorizó el ingreso a Chile de la píldora de emergencia.
Por otra parte, advirtió que "no sabemos las formas concretas en que se dará aplicación práctica al aborto que se quiere autorizar", situación que resulta esencial puesto que existen al menos 7 métodos diferentes en los países en los que se admite la práctica del aborto. Esto resulta imprescindible, especialmente porque en las dos primeras causales no existiría límite de edad gestacional para aplicarlo.
Finalmente, la profesora recordó que "la crueldad de los distintos métodos es distinta y de ello debe hacerse cargo el legislador pues, como el mismo Ejecutivo reconoce en la motivación del proyecto, éste incide en el derecho a la vida del que está por nacer" y en que la misma doctrina especifica que "no puede ser sometido a apremios ilegítimos".
