La actividad, organizada por el Programa de Derecho y Medio Ambiente UC, contó con la intervención de los profesores españoles Carlos De Miguel Perales y Mariano Magide.
Los académicos Ana María Celis, Carmen Domínguez, María Elena Pimstein y Jorge Precht participaron en esta actividad que se desarrolló en la ciudad de Montevideo.
El académico UC compartió tribuna con Ricardo Lagos, expresidente de Chile; Myrna Villegas, profesora de la Universidad de Chile; Magdalena Díaz, Directora Ejecutiva de la Cámara Chileno-India de Comercio, el embajador de España en Chile, Carlos Robles, y el rector de la Universidad española, Daniel Hernández.
El encuentro abordó La macroeconomía: su incidencia en las crisis de las empresas privadas y públicas. El académico UC intervino en tres grupos de estudios.
La actividad contó con la intervención del destacado profesor Jeffrey Zinsmeister, y con la participación de representantes del programa ‘Tribunales de Tratamiento de Drogas y/o alcohol’.
Los académicos Isabel Zuloaga, Joaquín Ugarte, Carmen Domínguez Hidalgo y Jaime Alcalde expusieron en el encuentro que contó con la presencia de jueces, abogados, y alumnos de Derecho del país.
Expertos debatieron sobre la nueva institucionalidad para la protección de los consumidores en Chile
Durante el encuentro se abordaron materias como las nuevas atribuciones del Sernac, el régimen sancionatorio y los principios de especialidades en los sectores regulados.
El equipo es liderado por la alumna de cuarto año Magdalena Lira, quien sucederá en sus funciones a Joaquín Gálvez. Sergio Escobar, también de cuarto año, fue elegido como nuevo Consejero de Facultad, en reemplazo del saliente Sebastián Videla.
En el marco del proyecto Puentes UC, los estudiantes del curso Derecho de Aguas: Jurisprudencia y Prácticas Actuales, de la profesora Daniela Rivera, entregaron sus conocimientos a funcionarios y beneficiarios de ambas municipalidades.
El académico del departamento de Derecho Internacional UC fue aceptado para realizar pasantía de investigación durante 2 meses sobre la ausencia de participación efectiva de terceros interesados en los procesos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
