La investigación, enmarcada en el Derecho Procesal Constitucional, llevó por título Adjudicación constitucional: Tensiones entre las sentencias estructurales y el debido proceso. Su profesor guía fue el académico Gonzalo Candia.
El Programa de Doctorado en Derecho sumó un nuevo titulado luego de que la alumna Javiera Farías aprobara su tesis doctoral, titulada Adjudicación constitucional: Tensiones entre las sentencias estructurales y el debido proceso.
La investigación, que tuvo una duración de 7 años y estuvo enmarcada en el Derecho Procesal Constitucional, fue dirigida por el profesor de nuestra Facultad Gonzalo Candia. La línea investigativa buscó analizar las tensiones entre las sentencias estructurales y el derecho fundamental al debido proceso de quienes se ven afectados por ellas. Al respecto, Farías detalló que se sostiene que dichas tensiones se originan, entre otras razones, por los problemas de carácter policéntrico que abordan las sentencias y que afectan a un número indeterminado de personas, no pudiéndose prever las consecuencias que dichos fallos tengan al interior del ordenamiento jurídico.
Finalmente, propuso que las tensiones pueden ser disminuidas a través del uso de criterios de adjudicación, como la prudencia constitucional y la deferencia razonada, los cuales se han originado en la reflexión de la propia judicatura constitucional sobre sus capacidades y límites.
Consultada por la elección del tema doctoral, Farías explicó que “durante mis estudios de pregrado tuve una profunda inclinación hacia el derecho procesal y el derecho constitucional, lo que me motivó a estudiar las áreas de intersección entre ambos campos. Y se sumó a ello mi curiosidad sobre lo previsto en el artículo 3° del Código Civil sobre el efecto relativo de las sentencias y el creciente fenómeno -del cual somos testigos en Chile con el caso de las Isapres- sobre sentencias de la jurisdicción constitucional con efectos extensivos, más allá de quienes participaron en dichos procesos; y cómo ello afecta al orden jurídico nacional”.
En cuanto a las conclusiones del estudio, Farías señaló que existen cuatro:
Primero, que las sentencias estructurales son una forma de adjudicación constitucional deficitaria desde la perspectiva del debido proceso, en particular, al disminuir la participación significa de quienes se verán afectados por dichas sentencias sin haber sido escuchados por el tribunal.
Segundo, esta tesis abona a la conceptualización de las sentencias estructurales como aquellas que, frente al conocimiento de vulneraciones masivas, recurrentes y graves de derechos fundamentales, que afectan a un sinnúmero de personas y que obedecerían a una falla en la estructura del Estado-Administrador o Estado-Legislador, dispone de medidas generales, obligatorias y que intervienen la realidad social del mismo modo que una ley. Así, se establecieron ciertos criterios para identificar estas sentencias: (i) la cuestión política en su interior; (i) la vocación de aplicación general y (iii) el carácter policéntrico del problema abordado por ellas.
Tercero, que una vez identificados los criterios, se abrió el paso hacia el desarrollo de las críticas contra las sentencias estructurales, con la finalidad de formular una nueva crítica, de carácter procesal, vinculada con la ausencia de participación significativa de todos quienes se vean afectados por el fallo; entendida esta como la posibilidad de presentar pruebas, argumentar y, en definitiva, consentir expresamente en las consecuencias derivadas de la decisión judicial.
Y cuarto, que estas tensiones entre las sentencias estructurales y el debido proceso pueden ser atenuadas, de manera realista, mediante la aplicación de criterios de interpretación constitucional, como la prudencia constitucional -reflexión sobre los efectos que acarrea el fallo- y la deferencia razonada, que implica derivar la resolución de problemáticas complejas de naturaleza policéntrica a las autoridades legislativas democráticamente electas y responsables políticamente.
El Tribunal de Tesis fue presidido por el Secretario Docente del Programa de Doctorado en Derecho, Javier Infante, e integrado por los profesores Miguel Ángel Fernández, de Derecho UC; Julio Alvear, de la Universidad del Desarrollo; y Valeska Opazo, de la Universidad Católica de la Santísima Concepción.
