El Mercurio
Profesora María Elena 158x158

A través del subsecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela, y autoridades de Gendarmería, el Gobierno ha realizado desde algunas semanas una serie de gestiones para buscar que presos mapuches condenados o en prisión preventiva depongan la huelga de hambre que están realizando con el objetivo de conseguir su libertad.

El trabajo del Ejecutivo en esa línea —en el cual también ha intervenido el ministro de Justicia, Hernán Larraín—, no obstante, se intensificó en los últimos días tras la escalada de la tensión en la zona, luego de la intervención de medio millar de particulares en el desalojo de la Municipalidad de Curacautín.

El edificio consistorial se encontraba tomado por manifestantes que abogaban por la libertad de alrededor de una decena de presos, entre los que se encuentran ocho recluidos en la cárcel de Angol por distintos delitos, y del machi Celestino Córdova, condenado por el delito de incendio intencional con resultado de muerte del matrimonio Luchsinger MacKay (ver recuadro), y quien pide que se le autorice a salir de reclusión durante la pandemia, y para participar en ceremonias mapuches.

Las gestiones del Gobierno para enfrentar el conflicto en la zona, que se suman a las tratativas de la ministra Karla Rubilar (Desarrollo Social), para apurar proyectos de la agenda indígena, habían sido enunciadas el lunes por el subsecretario Juan Francisco Galli (Interior), y ayer fueron confirmadas por Larraín.

'Entendemos que esto es algo muy importante de resolver. Son personas que están bajo la custodia del Estado, y es deber del Estado preocuparse de su salud y su vida. Estamos tratando, desde hace mucho tiempo, de buscar fuentes de contacto para resolver este tema', explicó primero el ministro en CNN, asegurando que hace un mes su cartera inició un 'diálogo intercultural para ver cómo podemos modificar nuestras normas penitenciarias a la luz de nuestras obligaciones internacionales, como el convenio 169 (de la OIT), con especial preocupación por los pueblos originarios'.

En esas tratativas han participado líderes mapuches como el lonco Aniceto Norín, y según indicó el secretario de Estado, apuntan a que exista 'respeto y un trato adecuado por sus costumbres mientras están cumpliendo sus penas', para lo cual Gendarmería ya dictó instrucciones en distintas materias.

Pero seguido a ello, agregó: 'Ha habido un diálogo con algunas de las personas en huelga de hambre, como el machi Celestino Córdova', acotando que con los presos en la cárcel de Angol 'ha sido hasta ahora muy difícil'. 'Lo que nosotros podemos hacer, y es lo que estamos haciendo y hemos manifestado nuestra voluntad concreta, es avanzar en beneficios penitenciarios. Queremos realmente que se sientan bien tratados, dentro de las reglas que tiene alguien que está en un régimen penitenciario, cumpliendo una pena determinada por los tribunales', concluyó Larraín.

Según explicaron luego en el Ejecutivo, las tratativas se deben a la inquietud que despierta la opción de que fallezca un preso producto de la huelga de hambre, lo que podría aumentar la tensión en la zona. De todas formas, en el Gobierno aclararon que con beneficios penitenciarios Larraín se refería a medidas intrapenitenciarias, como habilitar espacios para el desarrollo de rituales, permitir una mayor comunicación con el exterior producto de la pandemia, o que reciban tratamientos médicos indígenas.

No obstante, fuentes del Ejecutivo explican que, dentro de las normas penitenciarias vigentes, Gendarmería podría flexibilizar la calificación de algunos requisitos para obtener un beneficio como arresto domiciliario, pero que ello sería viable solo si en el caso determinado ello se ajusta al Estado de Derecho.

De hecho, en una intervención ante la comisión de Seguridad del Senado ayer, el ministro del Interior Víctor Pérez recalcó que las tratativas de Justicia se moverán dentro del marco penitenciario actual, lo que relevó cuando indicó que su tarea era 'proteger a las personas y respaldar a las policías', y dialogar 'con todos los actores. Pero aquellas personas que cometan delitos y que son sancionadas por la justicia se tienen que atener a toda la normativa del cumplimiento de penas. Este Gobierno, el Ministerio de Justicia, han establecido una conversación con los voceros de los presos en Angol y otras cárceles, para ver si en el marco de todas las normativas penitenciarias se pueden desactivar las huelgas de hambre'.

Reacciones críticas

El abrir un diálogo con los presos en huelga de hambre había sido una solicitud que habían planteado parlamentarios opositores, como la diputada Andrea Parra (PPD) y el senador Francisco Huenchumilla (DC).

En el oficialismo, no obstante, ayer formularon dudas con esa vía. 'Estoy absolutamente en desacuerdo. No se puede acceder al chantaje. Córdova fue condenado por tribunales chilenos en Estado de Derecho, por el asesinato de un matrimonio', acusó la presidenta de la UDI Jacqueline van Rysselberghe, mientras el diputado Miguel Mellado (RN) condicionó eventuales beneficios intrapenitenciarios a Córdova a 'que él tenga algún gesto diciendo con quién más estaba esa noche'.

Y desde la familia de las víctimas, Jorge Luchsinger Mackay también formuló reparos. 'Córdova es un reo condenado por tribunales. Tiene que cumplir como cualquier otra persona lo que fue sentencia a 18 años, por asesinato de dos personas mayores en su casa. Una persona que hace esos actos y después guarda silencio en todo el juicio, para mí, no tiene ninguna atenuante', expresó, advirtiendo que 'pasar la condena en su casa sería una transgresión de la sentencia', pero que distinto sería el caso de beneficios como 'tener condiciones dignas de vivir al estar privado de libertad'.

 

Cuáles son los beneficios para los internos

Sistema progresivo. El profesor de derecho de la UDP, Mauricio Duce, explica que existe un 'sistema progresivo de cumplimiento de pena, en el cual de acuerdo al tiempo, potencialmente se van agregando beneficios progresivos. Estos parten con salida dominical, salida diaria, y luego concluyen con libertad condicional'.

Buen comportamiento. Por su parte, la académica de la UC, María Elena Santibáñez, complementa que estos beneficios están sujetos a buen comportamiento. 'Que desempeñen un oficio, que asistan a clases regularmente, saber leer y escribir. En definitiva, requerimientos que son bien objetivos', agregando que también se evalúa no ser un reo conflictivo. 'El Tribunal de Conducta del recinto penitenciario es el que informa favorablemente la concesión del beneficio'.

Salida esporádica. Santibáñez explica que, por ejemplo, la salida esporádica se da cuando un familiar fallece, durante 10 horas el mismo día, 'y eso se da siempre'.

Salida dominical. Se otorga solo ese día durante 15 horas, indica Santibáñez, 'a partir de los 12 meses anteriores al tiempo que deben cumplir para optar a la libertad condicional'.

Salida durante la semana. La académica de la UC comenta que esta se obtiene luego de tres mes de haber optado a la salida dominical.

Salida controlada al medio libre. Se le autoriza para salir a trabajar, por ejemplo, antes de los seis meses anteriores a optar a la libertad condicional, apunta Santibáñez.

Libertad vigilada. 'Radica en una ley que establece la posibilidad de obtenerla dependiendo de ciertos delitos, normalmente a la mitad del tiempo de cumplida la pena, pero en algunos casos se ha elevado el estándar a dos tercios', explica Duce.

Los delitos imputados a los presos en huelga de hambre

Entre el grupo de presos mapuches en huelga de hambre se encuentra el machi Celestino Córdova, condenado a 18 años de prisión por el delito de incendio intencional con resultado de muerte en el ataque a la granja Lumahue de Vilcún, en el que murió el matrimonio Luchsinger MacKay, en 2013. Hoy, Córdova está cumpliendo condena en el hospital intercultural de Nueva Imperial, hasta donde se le trasladó debido al efecto en su salud de la huelga de hambre que inició el 4 de mayo.

Otros tres huelguistas están condenados por delitos, como robo con rehenes, asalto o ataque a camiones, mientras que otros están en prisión preventiva por delitos en investigación. Es el caso de Freddy Marileo, a quien se indaga por el homicidio de dos comuneros en Pidima, en febrero de 2019 —causa en la que ya fue presentada la acusación de la fiscalía—; entre ellos, Matías Cariqueo, hijo del lonco José Cariqueo, quien ha acusado que se trató de una represalia a su familia por trabajos con forestales y por abrirse al diálogo con el Gobierno.

PPD rechaza 'actos de terror de grupos minoritarios' y la búsqueda de justicia 'por las propias manos'

Por más de una hora se reunieron ayer el presidente del PPD, Heraldo Muñoz, y el ministro Pérez, cita en la que abordaron la situación en La Araucanía y la realización del plebiscito de forma segura. Según el excanciller, el conflicto en la región 'es político', por lo que llamó a 'tender puentes' para solucionarlo, para lo cual abogó por 'reconocimiento constitucional a los pueblos originarios, escaños reservados en el proceso constitucional, y grados de autonomía'.

De todas formas, Muñoz aseveró: 'No puede ser que aquellos que buscan la violencia la impongan a todo un pueblo. Rechazamos tanto los actos de terror de grupos absolutamente minoritarios, porque la comunidad mapuche es una comunidad que quiere vivir en paz y que sus hijos tengan progreso. Pero igualmente inaceptable es lo que hemos visto de grupos radicalizados, civiles, que buscan justicia por sus propias manos'.

Por otro lado, la bancada del partido envió una carta a Michelle Bachelet, como alta comisionada para los DD.HH. de la ONU, solicitándole que envíe observadores a la zona de conflicto en La Araucanía y que llame a la constitución de una mesa de diálogo.

Vocera de la Suprema y "presos políticos" en La Araucana: "Se cumplió el debido proceso"

La vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich, fue consultada ayer por la situación que se vive en La Araucanía y las protestas por los denominados presos políticos, en una videoconferencia con la prensa.

"Si fueron condenados por razones políticas, es un argumento que debió haber sido advertido por el defensor de aquellos imputados. Y si están condenados, debo entender que no prosperó porque no se acreditó aquella argumentación esbozada por el defensor", sostuvo Chevesich.

La ministra agregó que "se supone que se cumplieron todas las instancias, se cumplió el debido proceso legal. Los imputados pudieron hacer alegaciones, rendir pruebas para acreditarlas, pero si fueron desechadas, hay que cumplirla condena".

Respecto de la posibilidad de que los huelguistas hubiesen sido encarcelados por razones distintas a las judiciales, Chevesich aseguró: "Es un tema de larga data y con todas aquellas personas que están cumpliendo condena se dictó una sentencia que fue revisada en todas las instancias".