El Mercurio
Ser integrante del pueblo rapanuí será el requisito principal para gobernar el territorio especial de Isla de Pascua, considerado en esa calidad por el artículo 126 bis de la Constitución, según el diseño de estatuto administrativo que el gobierno del Presidente Gabriel Boric está sometiendo a consulta indígena.
De prosperar la iniciativa, que primero debe ser aprobada por la propia comunidad pascuense que la está examinando, el desarrollo de ese territorio insular dejará de ser gestionado por el Gobierno Regional de Valparaíso.
Tales funciones serán asumidas por un Gobierno del Territorio Especial (GTE) a cargo de un cuerpo colegiado de ocho miembros, cinco de los cuales serán elegidos por votación popular directa por los integrantes del pueblo rapanuí y deberán pertenecer a este. El sexto cupo está reservado por derecho propio al presidente del Consejo de Ancianos.
Los dos últimos consejeros serán elegidos en una votación en la que sí pueden concurrir a sufragar y a postular residentes que no sean miembros de la etnia. En el caso de quienes aspiren a esos dos cargos deben acreditar haber vivido al menos una década en ese territorio insular.
La propuesta es la fórmula concreta de los compromisos que el mandatario adquirió con la que hoy es comuna y provincia de la Región de Valparaíso en medio del océano Pacífico. Ellos concitan la atención pública por la polémica desatada por las declaraciones de la embajadora de Chile en Nueva Zelandia, Manahi Pakarati, en demanda de “libre determinación para la nación rapanuí” y “autogobierno” para la isla.
La Cancillería reprendió a la embajadora por considerar “inapropiado” que se haya referido en una entrevista a un medio extranjero a situaciones internas vinculadas a la relación entre un pueblo originario y el sistema político chileno, e incluso no descartó pedirle la renuncia, dado que su cargo es de confianza presidencial.
Pero 36 clanes rapanuís de la organización Honui recordaron que la “autonomía, autodeterminación y devolución de territorios a nuestros pueblos originarios” fue un compromiso de campaña del jefe de Estado.
Límites a la herencia
El Consejo que daría forma al GTE elegiría a un presidente de entre sus integrantes y sus funciones serían las que hoy ejerce el Gobierno Regional de Valparaíso, el Consejo de Desarrollo de Isla de Pascua (Codeipa) y el Consejo de Carga Demográfica, que adopta decisiones en torno al impacto en la cultura y ecología isleñas del crecimiento poblacional y de visitantes.
También tendrá competencias para conocer conflictos en materia de tierras, administrar los bienes raíces del Estado, redefinir instrumentos de ordenación y planificación del territorio, y en áreas de conservación marítima y medio ambiente. En esta materia, las decisiones serán adoptadas únicamente por los consejeros que pertenezcan al pueblo rapanuí.
La propuesta impide que los cónyuges continentales de un rapanuí hereden, a la muerte de este, sus inmuebles, para no alterar la calidad de tierra indígena. Sin embargo, la pareja sobreviviente tendrá derecho al usufructo vitalicio del bien.
Críticas
Las actas de la deliberación interna, etapa en la que hoy está la consulta indígena, registra que sus participantes han objetado que “no está bien hecha”, que se los “han pasado a llevar”, que el proceso “debe parar”, y expresan “disconformidades con respaldo de mil firmas”, exigiendo “que se hable en rapanuí” y que “se cambie la ley de migración”.
El profesor de Derecho Internacional de la PUC, Álvaro Paúl, indica que, en un Estado de Derecho, los pueblos originarios tienen derecho a una autodeterminación fijada a través de procedimientos democráticos, pero eso no incluye la independencia: “Chile estableció que las islas de Pascua y Juan Fernández son territorios especiales con estatutos propios. Sobre el contenido de estos, el Derecho Internacional no exige que los pueblos indígenas tengan autogobierno o que su autoridad sea indígena. Nada. Depende de lo que resuelva el proceso democrático”, explica.
