The Practice - Harvard Center on The Legal Profession
Cuando comenzó la pandemia de COVID-19, Nicolás Parra-Herrera, candidato al SJD en la Facultad de Derecho de Harvard, y Jorge González-Jácome, profesor de derecho en la Universidad de los Andes, “extrañaban las charlas de café entre clases: esos intercambios espontáneos sobre nuestras investigaciones, lecturas e ideas”, cuenta Parra-Herrera. Buscando espacios creativos, comenzaron un pódcast en el que replanteaban cuestiones legales a través de películas, televisión y libros. Lo que comenzó como una simple forma de mantenerse conectados pronto adquirió un valor educativo: en medio de otras maneras de reinventar la enseñanza del derecho durante la pandemia, el pódcast terminó incluyéndose en planes de estudio. El pódcast El Derecho por fuera del Derecho es solo un ejemplo de cómo las fuerzas del mercado, la incertidumbre global y otros cambios exigen transformación e innovación en las formas en que las escuelas enseñan el derecho.
El pódcast se convirtió tanto en una herramienta para quienes estaban casualmente interesados en nuevas perspectivas del derecho, como en “escucha obligatoria” en distintas facultades de derecho. Clásicos como la película 12 Angry Men resultaron útiles para discutir temas como “liderazgo, evidencia, democracia y teoría de la negociación”, dice Parra-Herrera, junto a opciones menos evidentes como la película Lost in Translation, “donde examinamos cuestiones de derecho comparado y teoría jurídica, junto con reflexiones más personales y existenciales”.
La pandemia, junto con otros eventos transformadores como la aparición de la inteligencia artificial generativa, ha exigido nuevas formas de pensar en la manera en que formamos a los abogados. En esta historia, conversamos con tres personas sobre cómo —y por qué— la educación legal está evolucionando en diferentes contextos latinoamericanos. Primero, hablamos con Cristián Villalonga Torrijo, profesor asociado en la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, sobre la expansión de la educación jurídica en Chile, con un movimiento hacia el aumento de matrículas y la necesidad de mayor diferenciación; luego conversamos con Eleonora Lozano, decana de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes en Colombia, sobre la implementación de una amplia reforma curricular. Entre ambas entrevistas, hacemos una pausa para explorar la educación profesional y cómo se forman los jueces, conversando con Marvin Carvajal, exdirector de la escuela judicial en Costa Rica. A lo largo de cada sección, aprendemos cómo las escuelas están interactuando con un mundo cambiante que requiere nuevos tipos de abogados.
Encontrando las raíces humanísticas del derecho
Hasta aproximadamente 1980, solo existían cinco facultades de derecho en Chile, cada una con un currículo basado principalmente en la memorización, en gran parte establecido por una sola universidad. Hoy, existen más de 50, comenta Villalonga. Cada nuevo programa ofrece algo diferente: desde clínicas especializadas hasta sus propios exámenes para certificar la preparación para el ejercicio profesional.
En un capítulo del libro Lawyers in 21st-Century Societies, Volume 1, Villalonga documenta la dramática expansión de la educación jurídica que ha ocurrido en Chile durante el último medio siglo. La dictadura militar desde la década de 1970 hasta 1990 introdujo una “lógica de libre mercado” en la educación superior, generando competencia y aumentando las matrículas en general, explica en el capítulo. Para 1993, ya existían 25 facultades de derecho.
En el periodo post-autoritario, Villalonga escribe que la “restauración de la democracia” y un “boom económico” trajeron consigo más transformaciones: en los tribunales, en los servicios sociales y en el aparato administrativo del Estado. Esto requirió más abogados. A medida que se abrían nuevas facultades de derecho, las tradicionales también aumentaron sus matrículas. “En consecuencia, el número de egresados de derecho creció exponencialmente: de 197 admitidos a la práctica en 1977 a 815 en 1997 y 3.487 en 2015”, escribe Villalonga.
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