La Segunda
Un antes y un después en materia de inhabilidades marcó la destitución de la senadora socialista Isabel Allende. A juicio del académico UC, Arturo Fermandois, la resolución que tomó ayer el Tribunal Constitucional (TC) hizo que las inhabilidades volvieran 'a ser realidad', lo que hará que parlamentarios y funcionarios tengan que ser muy cuidadosos de ahora en adelante.
-El Gobierno calificó la destitución de la senadora como un precedente grave mientras la Contraloría ha defendido una tesis contraria a la del TC. ¿Hay un choque de instituciones?
-No me parece adecuado que el Gobierno califique de precedente grave un fallo del TC. Quizás quiso decir un precedente doloroso, un precedente incómodo para la institucionalidad, pero el calificativo grave no es el correcto por cuanto, tal como indica la misma declaración de la vocera, se trata del fallo de una institución autónoma y legítima existente en nuestra Constitución y que el mismo Gobierno declara que obedecerá. La remoción de un parlamentario electo por un órgano de carácter jurídico es un evento correctivo de algunos defectos que el funcionamiento de la democracia puede incubar y que se reflejan en las inhabilidades parlamentarias que es la que se aplicó en el caso de la senadora. Las inhabilidades -y especialmente causales de cesación- son una forma de compensar los riesgos en que pueden incurrir parlamentarios que detentando el poder que les atribuye la Constitución, no observan principios de respeto objetivo e incuestionable como la independencia de las funciones, la probidad, la transparencia, etc.
-Más de una decena de funcionarios no advirtió de manera contundente el problema de la compraventa. A ellos se les atribuye inexperiencia y debilidad técnica ¿Pero entender que una parlamentaria con más de 30 años de experiencia no se percatara de la inhabilidad?
-Quiero interpretar las cosas de buena fe, pero con las limitaciones que veníamos arrastrando. En primer lugar, naturalmente existe una deficiente asesoría jurídica en la cadena de autorizaciones que no me extraña tanto, pues el derecho constitucional es un área que suele ser postergada y olvidada en las asesorías jurídicas. Pero la segunda razón con la que me explico, aún desde la buena fe, este gigantesco paso en falso es precisamente porque en casi 35 años de democracia el TC siempre había rechazado las peticiones de cesación en el cargo en más de 10 casos. De alguna forma se venía asentando una sensación tácita de que éstas (inhabilidades) no producían efecto, que carecían de real valor normativo. De ahí la importancia de este fallo. Mucho más allá que el doloroso pero acertado fallo y sus consecuencias políticas o las incomodidades que produce, lo más importante es rescatar que las causales de cesación y las inhabilidades vuelven con toda fuerza normativa a ser realidad y los parlamentarios y funcionarios en general tendrán que ser muy cuidadosos en sus actos y actuaciones, observando los más altos estándares de transparencia, probidad, independencia de funciones, etc.
-¿Cómo quedará en la historia esta resolución? La primera parlamentaria destituida por el TC es hija del expresidente Salvador Allende.
-Rescato las declaraciones de la presidenta del tribunal hace algunas semanas, donde insistió que no corresponde anticipar los fallos en base a cálculos de posibles pensamientos políticos y jurídicos de sus integrantes. fue un fallo trascendente, tal como lo han sido varios primeros en la historia de este importante órgano de justicia constitucional. La primera ley derogada por el TC hace más de 10 años; la primera vez en que una reforma constitucional en 2022 fue declarada inaplicable, la primera vez en que se controló un tratado internacional (...). El TC es un órgano indispensable en toda democracia y siempre va a tener primeros momentos en que, ejerciendo sus facultades, da ciertos golpes correctivos de carácter institucional que son muy necesarios para el funcionamiento democrático.
-Algunos decían que la constitución de Pinochet sacó a la hija de Allende...
-No comparto esos rótulos, porque no es la Constitución de Pinochet y tampoco es el expresidente Allende el que está en juego. Es una Constitución varias veces modificada, por lo que ya no puede atribuirse a un solo autor. En segundo lugar, el TC fue creado en 1970 bajo la presidencia de Frei Montalva y en tercer lugar aquí se juzga la causal, no se juzga a la persona, la historia política ni mucho menos su padre. Pero entiendo en el plano estrictamente político que resulte un episodio sumamente incómodo para la coalición de gobierno, lo que en ningún caso autoriza a afirmar (por parte del gobierno) que es un precedente grave. Ese comentario puede producir un efecto intimidatorio que no corresponde en las instituciones.
