El Mercurio - Minería y Comunidad
El acelerado paso que ha impreso al mundo la necesidad de tomar medidas para combatir el cambio climático, exige que cada sector productivo avance en mejorar sus procesos y en realizar un manejo responsable con el medio ambiente.
Frente a este escenario, en 2016 nació la Iniciativa para el Aseguramiento de la Minería Responsable (IRMA, por sus siglas en inglés), que fue desarrollado durante más de diez años con el aporte de numerosas partes interesadas y hoy se considera el estándar minero más completo, riguroso y transparente del mundo.
Las mineras existentes en Chile que se han sometido a esta evaluación son la operación SQM del salar de Atacama, con nivel 75, y Albemarle, con 50. Ambas categorías indican que la faena minera cumple total o sustancialmente con los 40 requisitos críticos del estándar y con el 50% o el 75% de los requisitos no críticos, respectivamente.
“Estas auditorías son una oportunidad para que las empresas mineras comprueben el desempeño socioambiental de sus operaciones y se adelanten a posibles cambios normativos en la legislación nacional o de los mercados donde exportan sus productos”, indicó Juan Eduardo Ibáñez, director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la UC, entidad que participó en una investigación conjunta con el proyecto de cooperación alemana para la minería responsable en los países andinos (MinSus) de la agencia alemana GIZ, y el estudio jurídico peruano Rodrigo, Elías & Medrano Abogados. ¿El objetivo? Determinar la medida en que las normativas de Chile y Perú se alinean o pueden impulsar el cumplimiento del estándar IRMA.
El análisis señala que “la normativa chilena muestra un alto nivel de alineación con los requisitos de IRMA en temas ambientales y laborales, incluyendo la evaluación y gestión del impacto ambiental y social, reasentamiento, condiciones de trabajo justo, salud y seguridad laboral, patrimonio cultural, y calidad del aire”.
Pero acota que “existen capítulos en materia socioambiental que simplemente no están contemplados en la normativa chilena”. Entre estos, se encuentran el ruido y vibraciones; emisiones de gases de efecto invernadero; biodiversidad; servicios del ecosistema y áreas protegidas; gestión de cianuro, y gestión del mercurio. No obstante, “se espera que algunas de estas brechas se acorten cuando entren en vigencia la Ley Marco de Cambio Climático y la Ley del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP)”, proyecta.
Cuatro aspectos
La investigación considera que un 53% de los 426 requisitos de IRMA son “más exigentes” que la normativa chilena; el 11% no está cubierto en la ley; solo el 29% son “igual de exigentes”, y el 2% “menos exigentes”.
Para medir el cumplimiento de las empresas mineras de gran escala, IRMA evalúa cuatro principios fundamentales: integridad empresarial, planificación y gestión de legados positivos, responsabilidad social, y responsabilidad ambiental. El informe establece que la legislación chilena cubre menos del 3% del primer principio; 38% del segundo y tercero, y 26% del cuarto.
Sin embargo, al enfocarse en los requisitos críticos del estándar (los 40 más relevantes y necesarios para obtener la certificación), el cumplimiento de la normativa chilena sube a un 40%, registrando nuevamente las mayores brechas en los principios “integridad empresarial” y “responsabilidad ambiental”, con 14% y 13% de correspondencia, respectivamente.
Destaca el alto nivel de cumplimiento con los requisitos críticos de la “planeación y gestión de legados positivos” (75%) y “responsabilidad social” (70%).
¿Cómo le fue a Perú?
Al incorporar al análisis de IRMA a la normativa peruana se obtuvo que las brechas entre ambos países —comparado con Chile— se presentan principalmente en normas vinculadas a la conducta empresarial responsable, gestión de impactos ambientales, mecanismos de participación ciudadana, y a las exigencias de los mecanismos de reclamación.
Respecto específicamente a Perú, los resultados varían levemente al alza en relación con Chile, existiendo un 45% de requisitos categorizados como “más exigentes que la normativa”, un 13% que no está cubierto, un 33% de requisitos igual de exigentes, y un 4% menos exigentes.
Por ello, concluyó Ibáñez, se entregan recomendaciones para avanzar en una mejor gobernanza minera. “Pese a los avances en las legislaciones de Chile y Perú, que recientemente han incorporado mejores estándares en gestión socioambiental, aún existen brechas por cerrar, las que podrían motivar una reflexión pública y privada, para alinear la normativa nacional con las normas internacionales de conducta empresarial responsable.
