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Una propuesta elaborada por los profesores Hernán Larraín (exministro de Justicia) y Nicolás Frías, del Programa de Reformas a la Justicia de la Facultad de Derecho de la U. Católica, fue entregada a principios de agosto al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco, y al ministro de Justicia, Luis Cordero. El documento propone un nuevo modelo de nombramiento de jueces que no demore más de 30 días, la creación de una Comisión de Nombramientos Judiciales, mediante un procedimiento público basado en el mérito, sin interferencia de tribunales ni del Presidente, excepto para miembros de la Corte Suprema. La diputada Camila Flores (RN) aseguraba que, por ahora, 'no ha llegado ningún proyecto que venga a perfeccionar el sistema de nombramiento de jueces.

Este es un proyecto que es urgente y que debe venir del Gobierno porque implica gasto fiscal'. Su par Raúl Leiva (PS) observa que hay normas que podrían ampliarse para cubrir esta necesidad. 'Esperamos que habida consideración de toda la problemática de lo que ya se aprobó en segundo trámite constitucional en el Senado respecto del sistema de nombramiento de auxiliares de la administración de Justicia, también se pueda extender al nombramiento de jueces y ministros de los tribunales superiores', manifiesta.

José Antonio Gómez, exministro de Justicia bajo tres presidencias, ve posibles cambios, pero también que una modificación legal podría no terminar con los telefonazos. 'Se pueden buscar fórmulas para mejorar los nombramientos y sancionar a aquellos que cometen actos irregulares. En el gobierno de Ricardo Lagos se intentó generar un sistema de nombramiento a través de un Consejo, pero no hubo acuerdo y, de todas maneras, también puede ser vulnerado. Creo que la forma más eficaz es que las sanciones sean muy drásticas y con ello ejemplificadoras'.

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