El Mercurio
Uno de los nudos sin resolver en la reforma de pensiones está en la distribución de la cotización adicional del 6% de cargo del empleador que contempla el proyecto. Hasta ahora, en sus diferentes propuestas, el Ejecutivo ha planteado que al menos tres de esos puntos deberían destinarse a financiar lo que denominan 'seguro social', beneficio que incluye el pago de una garantía para los actuales pensionados y compensa brechas de género al momento de jubilar.
Sin embargo, tomando en consideración datos reales actualizados a diciembre pasado, un estudio del Observatorio Perspectivas —ligado a la Asociación de AFP— calcula que, como máximo, el costo de todos los beneficios del componente de 'solidaridad' sería equivalente a 1,7% de cotizaciones; es decir, prácticamente la mitad de las estimaciones contenidas en el proyecto de ley.
Los cálculos
Para estimar el costo de los beneficios asociados a la garantía del seguro social (ver recuadro), el estudio toma los datos sobre el monto promedio de las pensiones pagadas en diciembre de 2023, extrae de ahí el número de beneficiarios según la cantidad de años que cotizaron, y usa la mediana de esa muestra.
Con este cálculo, se obtiene que financiar un aporte de 0,1 UF por año cotizado para hombres y mujeres a partir de cinco años de contribuciones —como plantea el proyecto de ley— tendría un costo cercano a US$ 1.244 millones, equivalentes a un 1,4% de cotización (ver tabla).
El segundo beneficio que contemplaría el seguro es el denominado 'bono tabla', que busca equiparar las diferencias por expectativas de vida entre hombres y mujeres al pensionarse. En este caso, considerando que esa brecha en pensiones se estima en un 14%, a partir de los datos de diciembre pasado se determina un costo de US$ 231 millones, o 0,07% de cotización.
Ambos beneficios, sumados, contemplan un costo del 1,65%, expresados como porcentaje de contribución previsional. El último cálculo del Ejecutivo hablaba de destinar dos puntos a la garantía y uno al bono tabla. Perspectivas también calcula que, de proceder con esta fórmula de financiamiento, habría un superávit anual injustificado de unos US$ 1.350 millones.
Focalización y tope
Aunque en el escenario señalado se contemplaría este costo del 1,65% de la nueva cotización, Perspectivas también realiza cálculos alternativos en base a supuestos de la discusión. Una de las variables que incorpora es el incremento del tope imponible que contiene el proyecto de ley, elemento que implica un mayor valor proporcional por cada punto base de contribución a la pensión. De tomar en cuenta ese factor, el costo se reduce hasta un máximo de 1,3%.
Por otra parte, la Comisión Técnica que analizó los contenidos de la reforma planteó que si bien se debería considerar la garantía para los actuales pensionados, el beneficio tiene que ser transitorio y focalizado en aquellos grupos que acumulan más años de cotización. Aunque los expertos no especificaron un umbral, simularon escenarios de entre 10 y 15 años de aportes, con estimaciones de costos de entre 1,2% y 1,6% de cotización.
El estudio de Perspectivas estima que, en un escenario con ajuste de tope imponible y focalización en cotizantes con al menos 10 años de aportes, el costo del seguro social cae a 1,2%. Si se reduce al grupo con al menos 20 años de cotización, disminuye a 1%. En este último caso, el más 'conservador', el costo monetario sería de US$ 1.171 millones, equivalentes a 0,35% del PIB.
Solidaridad y sostenibilidad
En el análisis que realizó la Comisión Técnica convocada por la comisión de Trabajo del Senado sobre la reforma previsional, el director ejecutivo de Perspectivas, Gabriel Cestau, cree que lo más relevante es contar con un diagnóstico de aquellos grupos que deben ser beneficiados, eventualmente, por el seguro social. Sin embargo, opina que estos resultados refuerzan la tesis de que no es viable financiar este beneficio con esquemas de reparto, en una sociedad que envejece: 'Corre riesgo de insolvencia futura y de cargar la mano sobre los trabajadores actuales. Cuando uno está queriendo resolver un problema actual de personas, lo ideal sería abordarlo directamente sobre ellas y no indirectamente a través del sistema de pensiones'.
Por otro lado, el académico UC Hugo Cifuentes, abogado experto en materias de seguridad social, considera que este seguro es necesario para lograr pensiones que sean sostenibles económica y socialmente, 'por la legitimidad que los usuarios deben percibir del sistema'. Añade que aumentar cotizaciones, mejorar el sistema y modificar parámetros generan mejoras a futuro, pero plantea: '¿Qué hacemos con las diferencias de género y los actuales pensionados? En la realidad que nos toca enfrentar, en el Chile de hoy, se requiere solidaridad. Lo demás, ¿subir impuestos?'.
