La Segunda
El sistema de nombramiento de ministros de corte y notarios ha sido objeto de constantes críticas a través del tiempo, ya que muchos consideran que adolece de transparencia y ha permitido crear un círculo pequeño y cerrado, al que no necesariamente acceden los profesionales más calificados, sino quienes tienen contactos que favorecen su designación.
La polémica nuevamente resurgió por la publicación de los mensajes de WhatsApp que el exjuez Juan Antonio Poblete, mantenía con algunos ministros de la Corte Suprema (María Teresa Letelier, Mario Carroza y Lamberto Cisternas, entre otros) y exministros de Estado (los extitulares de Defensa Mario Desbordes y Alberto Espina) para ver nombramientos de notarios y de magistrados al máximo tribunal.
Hernán Larraín Fernández, ha sido uno de los ministros de Justicia que con más fuerza ha impulsado una reestructuración al sistema de nombramientos de notarios y jueces, al tiempo que aceptaba la existencia de una trama de intereses detrás de éstos. Hoy, buena parte de las perspectivas de cambio se sustentan en dos proyectos de ley enviados durante su gestión (2018-2022): la reforma notarial de 2018 —que ya fue aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados y que en este momento continúa su trámite en la comisión de Constitución del Senado—, y otra orientada a la designación de jueces ingresada en 2021.
'Este cambio tiene la mayor urgencia', sostiene el expresidente del Senado, quien si bien se encuentra alejado de la contingencia política, sigue pendiente de la modernización del poder judicial a través de su rol como académico del Programa de Reformas a la Justicia de la Universidad Católica.
—¿Siente alguna frustración por haber empujado un cambio al sistema judicial que aún no se produce?
—Yo pienso que las denuncias con justificación o sin justificación —y no me pronuncio sobre ellas— de lo que hablan es de un sistema con demasiadas posibilidades de vulneración. Y como eso ya lo habíamos advertido hace mucho rato, claro que ha sido frustrante que no se haya avanzado, que no se haya priorizado un tema de tanta importancia en un Estado de Derecho. Pero creo que hoy día se están conjugando los astros para que finalmente, más allá de este caso u otro, se entre a la raíz del problema y se diseñe un nuevo sistema de nombramientos, para jueces o notarios, que sea verdaderamente autónomo, a prueba de todas esas interferencias en los que humanamente sea previsible. Espero que haya claridad en la relevancia que tiene un sistema de nombramientos que garantice la autonomía e independencia judicial.
—¿Las situaciones que hemos conocido en los últimos días son recurrentes en el sistema judicial?
—Cada cierto tiempo aparece algo nuevo, porque el sistema tiene todas las ventanas para las interferencias razonables o prudentes, pero también interesadas, sucias o corruptas. Se presta para todo. Ese es parte del problema. Nosotros presentamos la reforma al nombramiento de jueces y la tuvimos con urgencia hasta que terminó el Gobierno. Después nadie más la pescó. Lo trágico es que todo el mundo se queja y dice que es un mal sistema; hay comisiones investigadoras que dicen hay que cambiar el sistema. Es más, pronto viene el relator para la independencia judicial de Naciones Unidas invitado por el Gobierno para hablar sobre esta materia. Entonces está todo dado para que ahora sí se tome la decisión, por parte del Gobierno y del Congreso, para cambiar el sistema y evitar que siga existiendo uno que tiene demasiados poros por donde se filtran cosas buenas o malas. Porque no sabemos. Eso es lo malo de opinar sobre casos concretos, porque uno no tiene toda la información. Se sabe lo que aparece en la prensa y muchas veces es parcial, puede ser sesgado o interesado. Pero hay que seguir presionando para que la bomba finalmente estalle y se cree un nuevo sistema.
La polémica nuevamente resurgió por la publicación de los mensajes de WhatsApp que el exjuez Juan Antonio Poblete, mantenía con algunos ministros de la Corte Suprema (María Teresa Letelier, Mario Carroza y Lamberto Cisternas, entre otros) y exministros de Estado (los extitulares de Defensa Mario Desbordes y Alberto Espina) para ver nombramientos de notarios y de magistrados al máximo tribunal.
Hernán Larraín Fernández, ha sido uno de los ministros de Justicia que con más fuerza ha impulsado una reestructuración al sistema de nombramientos de notarios y jueces, al tiempo que aceptaba la existencia de una trama de intereses detrás de éstos. Hoy, buena parte de las perspectivas de cambio se sustentan en dos proyectos de ley enviados durante su gestión (2018-2022): la reforma notarial de 2018 —que ya fue aprobada con modificaciones en la Cámara de Diputados y que en este momento continúa su trámite en la comisión de Constitución del Senado—, y otra orientada a la designación de jueces ingresada en 2021.
'Este cambio tiene la mayor urgencia', sostiene el expresidente del Senado, quien si bien se encuentra alejado de la contingencia política, sigue pendiente de la modernización del poder judicial a través de su rol como académico del Programa de Reformas a la Justicia de la Universidad Católica.
—¿Siente alguna frustración por haber empujado un cambio al sistema judicial que aún no se produce?
—Yo pienso que las denuncias con justificación o sin justificación —y no me pronuncio sobre ellas— de lo que hablan es de un sistema con demasiadas posibilidades de vulneración. Y como eso ya lo habíamos advertido hace mucho rato, claro que ha sido frustrante que no se haya avanzado, que no se haya priorizado un tema de tanta importancia en un Estado de Derecho. Pero creo que hoy día se están conjugando los astros para que finalmente, más allá de este caso u otro, se entre a la raíz del problema y se diseñe un nuevo sistema de nombramientos, para jueces o notarios, que sea verdaderamente autónomo, a prueba de todas esas interferencias en los que humanamente sea previsible. Espero que haya claridad en la relevancia que tiene un sistema de nombramientos que garantice la autonomía e independencia judicial.
—¿Las situaciones que hemos conocido en los últimos días son recurrentes en el sistema judicial?
—Cada cierto tiempo aparece algo nuevo, porque el sistema tiene todas las ventanas para las interferencias razonables o prudentes, pero también interesadas, sucias o corruptas. Se presta para todo. Ese es parte del problema. Nosotros presentamos la reforma al nombramiento de jueces y la tuvimos con urgencia hasta que terminó el Gobierno. Después nadie más la pescó. Lo trágico es que todo el mundo se queja y dice que es un mal sistema; hay comisiones investigadoras que dicen hay que cambiar el sistema. Es más, pronto viene el relator para la independencia judicial de Naciones Unidas invitado por el Gobierno para hablar sobre esta materia. Entonces está todo dado para que ahora sí se tome la decisión, por parte del Gobierno y del Congreso, para cambiar el sistema y evitar que siga existiendo uno que tiene demasiados poros por donde se filtran cosas buenas o malas. Porque no sabemos. Eso es lo malo de opinar sobre casos concretos, porque uno no tiene toda la información. Se sabe lo que aparece en la prensa y muchas veces es parcial, puede ser sesgado o interesado. Pero hay que seguir presionando para que la bomba finalmente estalle y se cree un nuevo sistema.
De tiempo en tiempo surgen denuncias de presiones'
—¿Cuál es a su juicio el origen de los problemas que presenta el actual sistema notarial y de jueces?
—El problema más grande que tiene el sistema de notarios y conservadores, como también el de los jueces, es su nombramiento, porque es opaco, sin transparencia, sin fundamentos, sin información objetiva y en forma completamente discrecional. Las cortes de apelaciones proponen las ternas y el Presidente de la República, a través del ministro de Justicia, resuelve quién es designado. Ese es un mecanismo completamente prehistórico y por eso hemos hecho tanto hincapié en tener designaciones que sean objetivas, transparentes, fundadas en el mérito y con concursos públicos a los cuales todos puedan acceder. El notariado en Chile ha cumplido un rol importante en dar certeza jurídica, eso no lo discuto. Sin embargo, creo que los privilegios y el excesivo ingreso que tienen los hace, al final, defender sus parcelas.
—Pero para lograr que el sistema se haya mantenido inamovible durante tanto tiempo tienen que contar con un importante respaldo que avale su postura.
—Aquí, de tiempo en tiempo, surgen denuncias de presiones. La Fundación América Transparente publicó hace algunos años un informe que decía que el 40% de los notarios o conservadores tiene o había tenido un pariente parlamentario o juez o miembro del poder judicial. Entonces eso da pie para muchas inquietudes y suspicacias sobre cómo se integran las ternas. Los famosos besamanos que se hacen para ser incorporados en las ternas han sido parte de la historia de los nombramientos de jueces y notarios, y eso es totalmente inadecuado. Por otra parte, la decisión del Presidente es completamente discrecional y pienso que no es conveniente que participe en la designación de los notarios como tampoco en la de los jueces.
—¿Y qué sistema debería reemplazarlo?
—En el proyecto de notarios en trámite en el Congreso se ha cambiado en parte la propuesta original, entregándole a la Alta Dirección Pública la elaboración de los concursos, con una comisión que sería la encargada de seleccionar a cinco personas entre las que pueda escoger el Presidente. Pero como ya dije, no me parece conveniente que el mandatario participe en la designación de los notarios, como tampoco en la de los jueces. Ambos deben ser nominados por un ente autónomo del poder judicial y del Gobierno, porque eso es lo que nos daría garantía de objetividad y de que va a ser escogido el profesional que cuente con mayores méritos.
—Pero ese esquema no está considerado en el proyecto de notarios que se está tramitando en el Senado.
—No, desgraciadamente no. Nosotros lo presentamos como mecanismo en el sistema de nominación de jueces en el proyecto del 2021. No está incluido en la actual iniciativa de notarios. Por eso, desde el Programa de Reformas a la Justicia de la Universidad Católica estamos elaborando una propuesta que va un poco en línea del sistema que presentamos en dicho proyecto de ley y que también se acogió en el segundo proceso constitucional. Yo participé en la Comisión Experta y ahí propusimos un mecanismo en el que existiese una comisión autónoma del poder judicial para el nombramiento de los jueces y también de notarios que tuvo un apoyo transversal. Pero como la reforma constitucional no prosperó, ese cambio no se concretó. Por eso desde la universidad esperamos presentar muy pronto esta iniciativa para que se incorpore al debate público y que, en lo posible, ayude en la discusión final del proyecto de notarios y ojalá en la reactivación del proyecto de nombramiento de jueces que está paralizado, porque no ha tenido ningún avance en tres años.
—¿La presentación de una indicación al actual proyecto sería lo más razonable y rápido?
—Esa es una alternativa. La otra es que seguramente va a haber una comisión mixta para zanjar el proyecto, ya que el Senado está cambiando lo que aprobó la Cámara de Diputados. Entonces podría ser un acuerdo al que se pueda llegar en esa instancia.
—El problema más grande que tiene el sistema de notarios y conservadores, como también el de los jueces, es su nombramiento, porque es opaco, sin transparencia, sin fundamentos, sin información objetiva y en forma completamente discrecional. Las cortes de apelaciones proponen las ternas y el Presidente de la República, a través del ministro de Justicia, resuelve quién es designado. Ese es un mecanismo completamente prehistórico y por eso hemos hecho tanto hincapié en tener designaciones que sean objetivas, transparentes, fundadas en el mérito y con concursos públicos a los cuales todos puedan acceder. El notariado en Chile ha cumplido un rol importante en dar certeza jurídica, eso no lo discuto. Sin embargo, creo que los privilegios y el excesivo ingreso que tienen los hace, al final, defender sus parcelas.
—Pero para lograr que el sistema se haya mantenido inamovible durante tanto tiempo tienen que contar con un importante respaldo que avale su postura.
—Aquí, de tiempo en tiempo, surgen denuncias de presiones. La Fundación América Transparente publicó hace algunos años un informe que decía que el 40% de los notarios o conservadores tiene o había tenido un pariente parlamentario o juez o miembro del poder judicial. Entonces eso da pie para muchas inquietudes y suspicacias sobre cómo se integran las ternas. Los famosos besamanos que se hacen para ser incorporados en las ternas han sido parte de la historia de los nombramientos de jueces y notarios, y eso es totalmente inadecuado. Por otra parte, la decisión del Presidente es completamente discrecional y pienso que no es conveniente que participe en la designación de los notarios como tampoco en la de los jueces.
—¿Y qué sistema debería reemplazarlo?
—En el proyecto de notarios en trámite en el Congreso se ha cambiado en parte la propuesta original, entregándole a la Alta Dirección Pública la elaboración de los concursos, con una comisión que sería la encargada de seleccionar a cinco personas entre las que pueda escoger el Presidente. Pero como ya dije, no me parece conveniente que el mandatario participe en la designación de los notarios, como tampoco en la de los jueces. Ambos deben ser nominados por un ente autónomo del poder judicial y del Gobierno, porque eso es lo que nos daría garantía de objetividad y de que va a ser escogido el profesional que cuente con mayores méritos.
—Pero ese esquema no está considerado en el proyecto de notarios que se está tramitando en el Senado.
—No, desgraciadamente no. Nosotros lo presentamos como mecanismo en el sistema de nominación de jueces en el proyecto del 2021. No está incluido en la actual iniciativa de notarios. Por eso, desde el Programa de Reformas a la Justicia de la Universidad Católica estamos elaborando una propuesta que va un poco en línea del sistema que presentamos en dicho proyecto de ley y que también se acogió en el segundo proceso constitucional. Yo participé en la Comisión Experta y ahí propusimos un mecanismo en el que existiese una comisión autónoma del poder judicial para el nombramiento de los jueces y también de notarios que tuvo un apoyo transversal. Pero como la reforma constitucional no prosperó, ese cambio no se concretó. Por eso desde la universidad esperamos presentar muy pronto esta iniciativa para que se incorpore al debate público y que, en lo posible, ayude en la discusión final del proyecto de notarios y ojalá en la reactivación del proyecto de nombramiento de jueces que está paralizado, porque no ha tenido ningún avance en tres años.
—¿La presentación de una indicación al actual proyecto sería lo más razonable y rápido?
—Esa es una alternativa. La otra es que seguramente va a haber una comisión mixta para zanjar el proyecto, ya que el Senado está cambiando lo que aprobó la Cámara de Diputados. Entonces podría ser un acuerdo al que se pueda llegar en esa instancia.
'Imperiosa necesidad de tener tribunales eficientes'
—¿Por qué cree usted que no ha habido ningún avance en el proyecto que modifica el nombramiento de jueces? ¿Una reforma al sistema judicial no debería ser parte de ese proceso, considerado que se están enfrentando nuevos escenarios ligados al crimen organizado y el narcotráfico que antes no eran frecuentes en el país?
—Comparto plenamente esa inquietud. Yo lamento que las materias vinculadas a la justicia no aparezcan entre las principales prioridades. Entiendo que hay temas urgentes ligados a la salud, vivienda, educación y pensiones, porque tocan la cotidianeidad de las personas. Sin embargo, lo que ocurre a nivel de la justicia es también una necesidad permanente de la ciudadanía que requiere atención. De hecho, la situación de las notarías impacta directamente a la gente, porque le molesta mucho estar haciendo trámites largos y costosos en cuestiones a veces innecesarias, lo que afecta su calidad de vida. El sector privado y las pymes se ven perjudicadas por la falta de fluidez en sus acciones, que se ven trabadas no sólo por la permisología de los órganos burocráticos del Gobierno, sino también por trámites largos y costosos en notarías. Y eso adquiere una dimensión mayor en el nombramiento de los jueces, ya que es lo que da independencia y eficacia del poder judicial. Si los magistrados no son designados por sus méritos y no cuentan con la imparcialidad para hacer cumplir la Constitución y las leyes, obviamente la calidad de la justicia se ve afectada, lo cual es especialmente sensible cuando surgen problemas grandes de seguridad como los que estamos viviendo.
—Bueno ese es uno de los reclamos más comunes que se escucha, que aumentan los delitos y la inseguridad, pero que ello no se traduce en una penalización efectiva, lo que muchas veces lleva a la gente a desistir siquiera de denunciar un ilícito porque siente que no va a pasar nada.
—Obvio. Si la clave para la tranquilidad de la ciudadanía es que las instituciones funcionen con efectividad, que resuelvan los problemas. Y si hay tribunales eficaces, que hacen que el Ministerio Público y las policías cumplan bien su trabajo, la gente puede tener la confianza de que los casos se van a resolver. Pero si eso no ocurre y los fiscales archivan más de la mitad de las causas, lógicamente las personas no le encuentran sentido a denunciar. Los tribunales son la llave para darle a la gente la certeza de que la ley se cumple, de que las instituciones funcionan, de que el Estado de Derecho existe y que, por lo tanto, hay una democracia que puede desempeñarse fielmente. Cuando los tribunales no operan bien, se cae todo el edificio. Uno puede ir encontrando múltiples casos de desconfianza en la institucionalidad, que no solo está representada en el Gobierno, el Congreso o los partidos políticos. Hoy día alcanza a gran parte de los organismos; entonces hay que hacer un esfuerzo adicional para modernizar y reformular las instituciones. Y el sistema de justicia requiere una cirugía mayor, empezando por el nombramiento de los jueces.
—Usted mencionó la creación de una comisión autónoma, ¿cómo funcionaría y por quienes estaría integrada?
—Esa comisión, de acuerdo al proyecto que presentamos el 2021, tendría como integrante a una persona designada por el Presidente de la República, a dos nombradas por el Senado y otro par nominado por la Corte Suprema; todos ellos surgidos de concursos públicos. Se dedicarían tiempo completo al nombramiento de jueces y también de notarios. Yo creo que tenemos buenos jueces en Chile, contamos con buenos tribunales, pero el funcionamiento del sistema de justicia no está dando los resultados que el país requiere. Al final, cuando fallan los tribunales las otras instituciones se desploman. Y eso no solo tiene implicancias para la seguridad ciudadana; sino que en un momento en que tenemos la economía estancada, luego de un retroceso importante en los últimos años, las inversiones y el crecimiento requieren del imperio de la ley, de un Estado de Derecho eficaz y de tribunales cuyos fallos sean predecibles, no irresponsables o inciertos. Por eso no solo estamos mirando el tema de una perspectiva legal, sino que también interdisciplinaria, porque vemos los problemas económicos que lleva consigo esta situación. Esa es otra dimensión del problema, ya que al final lo que empieza a ocurrir es que las instituciones caen bajo el manto de la corrupción, porque cuando se debilitan surgen los intereses espurios, de alguien que quiere impedir que una ley o un fallo judicial afecte sus intereses. Y para qué hablar de cuando penetra el crimen organizado o el narcotráfico, porque pagan infinitamente más. Ahí entramos en otra liga, en una dimensión del problema que es brutal.
—¿Cree que nos estamos acercando a eso o solo es un riesgo por el momento?
—No, no estamos cerca de ello. Pero creo que estamos comprando todos los boletos de la lotería para ganarnos el sorteo. Hay mucha debilidad para resolver los temas centrales. La situación política se ha convertido en juego de suma cero. El sistema político está tan desarticulado que no hay ninguna posibilidad de gobernabilidad. Nadie puede asegurar la aprobación de reformas significativas y, por lo tanto, estamos en una especie de nudo ciego que impide resolver los temas. Eso es lo más delicado que nos está ocurriendo, con señales de corrupción crecientes, tal vez no como las que existen en otros países de la región, pero para nosotros son extrañas porque no las hemos tenido antes. Hoy la parálisis del sistema institucional, por la incapacidad de tomar decisiones en las materias legislativas más variadas, nos tiene entrampados y arriesgando un patrimonio de probidad, honestidad y apego a la ley que ha caracterizado a nuestro país por décadas.
—Comparto plenamente esa inquietud. Yo lamento que las materias vinculadas a la justicia no aparezcan entre las principales prioridades. Entiendo que hay temas urgentes ligados a la salud, vivienda, educación y pensiones, porque tocan la cotidianeidad de las personas. Sin embargo, lo que ocurre a nivel de la justicia es también una necesidad permanente de la ciudadanía que requiere atención. De hecho, la situación de las notarías impacta directamente a la gente, porque le molesta mucho estar haciendo trámites largos y costosos en cuestiones a veces innecesarias, lo que afecta su calidad de vida. El sector privado y las pymes se ven perjudicadas por la falta de fluidez en sus acciones, que se ven trabadas no sólo por la permisología de los órganos burocráticos del Gobierno, sino también por trámites largos y costosos en notarías. Y eso adquiere una dimensión mayor en el nombramiento de los jueces, ya que es lo que da independencia y eficacia del poder judicial. Si los magistrados no son designados por sus méritos y no cuentan con la imparcialidad para hacer cumplir la Constitución y las leyes, obviamente la calidad de la justicia se ve afectada, lo cual es especialmente sensible cuando surgen problemas grandes de seguridad como los que estamos viviendo.
—Bueno ese es uno de los reclamos más comunes que se escucha, que aumentan los delitos y la inseguridad, pero que ello no se traduce en una penalización efectiva, lo que muchas veces lleva a la gente a desistir siquiera de denunciar un ilícito porque siente que no va a pasar nada.
—Obvio. Si la clave para la tranquilidad de la ciudadanía es que las instituciones funcionen con efectividad, que resuelvan los problemas. Y si hay tribunales eficaces, que hacen que el Ministerio Público y las policías cumplan bien su trabajo, la gente puede tener la confianza de que los casos se van a resolver. Pero si eso no ocurre y los fiscales archivan más de la mitad de las causas, lógicamente las personas no le encuentran sentido a denunciar. Los tribunales son la llave para darle a la gente la certeza de que la ley se cumple, de que las instituciones funcionan, de que el Estado de Derecho existe y que, por lo tanto, hay una democracia que puede desempeñarse fielmente. Cuando los tribunales no operan bien, se cae todo el edificio. Uno puede ir encontrando múltiples casos de desconfianza en la institucionalidad, que no solo está representada en el Gobierno, el Congreso o los partidos políticos. Hoy día alcanza a gran parte de los organismos; entonces hay que hacer un esfuerzo adicional para modernizar y reformular las instituciones. Y el sistema de justicia requiere una cirugía mayor, empezando por el nombramiento de los jueces.
—Usted mencionó la creación de una comisión autónoma, ¿cómo funcionaría y por quienes estaría integrada?
—Esa comisión, de acuerdo al proyecto que presentamos el 2021, tendría como integrante a una persona designada por el Presidente de la República, a dos nombradas por el Senado y otro par nominado por la Corte Suprema; todos ellos surgidos de concursos públicos. Se dedicarían tiempo completo al nombramiento de jueces y también de notarios. Yo creo que tenemos buenos jueces en Chile, contamos con buenos tribunales, pero el funcionamiento del sistema de justicia no está dando los resultados que el país requiere. Al final, cuando fallan los tribunales las otras instituciones se desploman. Y eso no solo tiene implicancias para la seguridad ciudadana; sino que en un momento en que tenemos la economía estancada, luego de un retroceso importante en los últimos años, las inversiones y el crecimiento requieren del imperio de la ley, de un Estado de Derecho eficaz y de tribunales cuyos fallos sean predecibles, no irresponsables o inciertos. Por eso no solo estamos mirando el tema de una perspectiva legal, sino que también interdisciplinaria, porque vemos los problemas económicos que lleva consigo esta situación. Esa es otra dimensión del problema, ya que al final lo que empieza a ocurrir es que las instituciones caen bajo el manto de la corrupción, porque cuando se debilitan surgen los intereses espurios, de alguien que quiere impedir que una ley o un fallo judicial afecte sus intereses. Y para qué hablar de cuando penetra el crimen organizado o el narcotráfico, porque pagan infinitamente más. Ahí entramos en otra liga, en una dimensión del problema que es brutal.
—¿Cree que nos estamos acercando a eso o solo es un riesgo por el momento?
—No, no estamos cerca de ello. Pero creo que estamos comprando todos los boletos de la lotería para ganarnos el sorteo. Hay mucha debilidad para resolver los temas centrales. La situación política se ha convertido en juego de suma cero. El sistema político está tan desarticulado que no hay ninguna posibilidad de gobernabilidad. Nadie puede asegurar la aprobación de reformas significativas y, por lo tanto, estamos en una especie de nudo ciego que impide resolver los temas. Eso es lo más delicado que nos está ocurriendo, con señales de corrupción crecientes, tal vez no como las que existen en otros países de la región, pero para nosotros son extrañas porque no las hemos tenido antes. Hoy la parálisis del sistema institucional, por la incapacidad de tomar decisiones en las materias legislativas más variadas, nos tiene entrampados y arriesgando un patrimonio de probidad, honestidad y apego a la ley que ha caracterizado a nuestro país por décadas.
