El Mercurio
La cuenta pública de las cuatro fiscalías metropolitanas, decidir la inhabilidad del fiscal metropolitano Centro Norte, Xavier Armendáriz, en uno de los casos en que está imputado el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y estar atento a la tercera formalización del caso Democracia Viva coparon la agenda del fiscal nacional, Ángel Valencia de la semana pasada.
Y en ese contexto también participó en el Consejo Consultivo de Paz Ciudadana, instancia durante la cual hizo un llamado al ministro de Justicia, Luis Cordero, para trabajar en 'un problema que nos aqueja en tribunales', refiriéndose a los 'reagendamientos abusivos de audiencias, que han provocado extensiones indebidas en las duraciones de los procedimientos, y que en gran medida es responsable del aumento de personas en prisión preventiva'.
Sus dichos habrían sido resultado de sus conversaciones con fiscales a lo largo del país, los cuales coincidirían en este diagnóstico, señalan cercanos a Valencia, quienes estuvieron al tanto de esas comunicaciones con otros persecutores.
También afirmó que si se avanza en acciones para evitar estas dilaciones, un alto porcentaje 'va a pasar a un estado distinto en un plazo más breve, y solo con esa medida vamos a reducir el porcentaje de personas que se encuentran privadas de libertad preventivamente, para que pasen rápidamente a ser condenados'.
Un problema que se arrastra desde la pandemia
La respuesta a los dichos de Valencia la dio el presidente de la Asociación Nacional de Magistradas y Magistrados, Alejandro Vera, descarta 'un actuar negligente de los jueces y juezas, e incluyo al personal de los tribunales de justicia que trabaja en forma abnegada para atender al público'. Y asegura que si bien pueden existir casos en que exista una demora en programar causas, 'se debe a razones que (…) hemos expuesto en muchas oportunidades ante el Ejecutivo y Legislativo'.
'Este es un problema que arrastramos desde la pandemia, con un mayor número de ingresos en algunas materias. El origen de toda la crisis es la falta de dotación de jueces y juezas y de personal administrativo y, en algunos casos, la necesidad de más tribunales', puntualiza.
'Tenemos casi 12 mil personas adicionales a la capacidad del sistema penitenciario. Ese número es tan grande que no se puede explicar exclusivamente por los temas de reagendamiento', señala el ministro Cordero, al ser consultado por 'El Mercurio' respecto de los dichos del fiscal nacional.
Aunque, dice, el alza del promedio de la prisión preventiva podría estar explicándose en varios casos por el tema del reagendamiento, aquello no ocurriría con 'el aumento de personas, que tiene que ver con la consecuencia de marcos legales más rígidos, normalización del sistema; probablemente ahora estamos viendo los efectos de marcos de regulación más estricta'.
En ese sentido, explica que se han establecido mecanismos más rígidos para los magistrados, disminuyendo así su discrecionalidad, lo que 'hace inevitable que los jueces decreten prisión preventiva', pero reconoce que es una mezcla de 'varias situaciones'.
Jueces con agenda copada
El académico de Derecho Penal de la Universidad Católica, Jorge Gálvez, coincide en parte con los dichos de Valencia: 'Es efectivo que con mucha frecuencia las audiencias ante los juzgados de garantía son reagendadas y que algunos jueces que tienen agendas muy copadas en algunas oportunidades se sirven de razones muy formales o sutiles para decretar una nueva fecha', lo que muchos intervinientes, asegura, ven como un problema de agenda de los tribunales.
Pero en paralelo existiría otro inconveniente: las notificaciones que deben realizar los ministros de fe de los juzgados, que en ocasiones —dice el docente— no logran dar con el paradero de la persona que debe asistir a alguna audiencia, lo que con frecuencia implica que esta no se realice.
El penalista Marcelo Sanfeliú, en tanto, no comparte la relación que hace el fiscal nacional entre dilación de audiencias y prisiones preventivas: 'Si hay reagendamiento es porque hay una sobrecarga de audiencia en los juzgados de garantía. Más que evitar ese reagendamiento, creo que debe haber una discusión más de fondo en cuanto a que no todo se discuta en audiencia'.
Las audiencias se reagendan a menudo, asegura el especialista; no obstante las que tratan sobre prisiones preventivas generalmente 'tienen prioridad'. Aquellas de otro tipo, como de formalización o salidas alternativas, precisa, 'dependen de la carga o sobrecarga que tenga el juzgado de garantía de que se trate, y ahí pueden pasar varios meses. Es un tema que requiere una modificación legal'.
Mientras que su par, Catherine Lathrop, cuestiona 'el argumento de 'cambiar el estatus de privado de libertad a condenado'', que sugirió hace unos días el fiscal Valencia en su presentación.
Para la penalista, 'sería un cambio de rótulo en el que se asume, ex ante, que aquel privado de libertad necesariamente será condenado, cuando la evidencia demuestra que hay muchos imputados presos que son absueltos o que, en ocasiones, terminan condenados a penas muy inferiores y no privativas de libertad, y ello no soluciona los excesos de prisiones preventivas prolongadas injustificadamente'.
Esta medida cautelar, la más gravosa, asegura la abogada, es una herramienta que debe utilizarse 'como una última opción y cuando sea estrictamente necesaria'; sin embargo, advierte que en la práctica 'se ha desnaturalizado su aplicación'.
