El Mercurio
La discusión sobre la reforma previsional llegó a uno de sus puntos más sensibles: cómo operaría el nuevo inversionista de pensiones estatal (IPE) que incorpora el proyecto para la gestión de las cotizaciones destinadas al ahorro individual.
La igualdad de condiciones en la coexistencia con inversionistas privados (IPP) es uno de los puntos que más preocupa a la oposición, pero también a la industria. En la Asociación de AFP aseguran que las indicaciones del Ejecutivo presentadas en diciembre provocan más riesgo que el proyecto original en ese sentido.
Los riesgos de la estatización
Lo que inquieta al gremio de las administradoras dice relación con que la regulación del nuevo IPE favorecería su rol en la administración de los activos y su participación en el mercado de capitales. Dado que se propone la licitación del stock de afiliados a razón del 10% anual (tope de 30%), que eventualmente podría ir ganando ese IPE, conseguiría atribuciones en el sector privado al constituirse como inversionista.
Paulina Yazigi, presidenta de la Asociación de AFP, advirtió ayer, tras un seminario en la Universidad Diego Portales, que “si antes había un riesgo de estatización, ahora es mayor”. Argumentó que cuando hay un ente “al cual el Estado cubriría gastos operacionales que los ingresos operacionales no cubrirían, tú puedes automáticamente deducir que el ente estatal va a ir a una comisión muy baja. Eso, a la larga, luego de tres licitaciones, aunque te hayas ganado al 30% y estés en tu tope, nada te impide que otra entidad estatal pueda hacer un segundo IPE o bien, que siga creciendo orgánicamente”.
A su parecer, dichas condiciones permiten que “de aquí a cinco o 10 años puede (el Estado) terminar con más del 70% u 80% del total del mercado”.
El informe financiero de las nuevas indicaciones explicita que durante los tres primeros años de puesta en marcha del IPE, el Estado puede subsidiar gastos operacionales. La ministra del Trabajo, Jeannette Jara, defendió esta atribución: “Hay un complemento de los ingresos operacionales para los primeros tres años, sujeto a distintos tipos de supuestos y restricciones, dependiendo de las licitaciones. No es permanente ni (es) que el Estado se vaya a hacer cargo de un déficit operacional en la materia. Es una empresa, pero de todos los chilenos”.
Para iniciar sus operaciones, el fisco deberá financiar un aporte de capital mínimo equivalente a 50.000 UF.
Directorios y deuda
El debate sobre una eventual estatización también se instaló en la comisión de Trabajo. Con ocho votos a favor y cinco en contra, ayer se aprobaron las atribuciones y regulaciones del IPE.
En la oposición alertaron sobre el nombramiento de los directorios, el rol del IPE en la gestión de las firmas privadas donde invierte y la posibilidad de adquirir instrumentos de deuda estatales. “El inversor estatal puede acumular un nivel de riqueza muy importante y manejar la mitad del PIB en el mediano plazo, lo que va a requerir especial cuidado de quién compone esa dirección”, dijo el diputado RN Frank Sauerbaum.
En el Ejecutivo optaron por suspender la votación de los artículos relacionados con el nombramiento de directores, para darle una revisión más profunda en la próxima sesión.
En cuanto a que el IPE adquiera instrumentos públicos de deuda, el superintendente de Pensiones, Osvaldo Macías, argumentó que la única razón para no limitar esta atribución se relaciona con la rentabilidad: “Es imposible conformar un portafolio eficiente, sin la posibilidad de invertir en instrumentos estatales”.
La mirada de los especialistas
Las advertencias de la industria sobre la igualdad de condiciones entre el inversionista público y los privados tienen matices entre expertos.
David Bravo, economista que lideró la última comisión asesora presidencial en la materia, considera que lo ideal sería incorporar elementos con mayor gradualidad. “La propuesta del Gobierno hace todo junto y un rediseño completo. Separa la industria, además incluye un inversionista público y hace licitación de stocks. En esa estrategia no está para nada seguro el resultado de la capitalización de los ahorros y su rentabilidad, pero de lo que sí se está seguro es de darles muerte a las actuales AFP, que todo indica es el verdadero objetivo del imprudente cóctel propuesto”, dice a “El Mercurio”.
Hugo Cifuentes, abogado especialista en seguridad social y académico UC, plantea que en el diseño que se propone hay reglas adecuadas que resguardan la competencia: “Las personas pueden elegir a qué inversor se dirigen, las inversiones están reguladas, hay un organismo técnico de inversiones que tiene deberes y va a tener un control de Alta Dirección Pública, con un rol fuerte de la Superintendencia (de Pensiones)”.
Votación
La comisión de Trabajo espera concluir la votación de la reforma el lunes.
