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Es una discusión que se está dando en varios países del mundo, reconoce el director del Programa de Sostenibilidad Corporativa de la Facultad de Derecho de la PUC, Juan Eduardo Ibáñez.
Los principios rectores sobre las empresas y los derechos humanos de la ONU buscan que el Estado y las empresas se comprometan a respetar los derechos fundamentales de las personas en sus actividades empresariales y que, en caso de afectación, reparen el daño causado. En la comunidad europea, por ejemplo, se acaba de llegar a consenso político sobre los contenidos para una nueva directriz con un marco vinculante para todas las naciones del bloque. Y Chile no está tan alejado de ello. El Gobierno ya anunció que comenzará a trabajar en un proyecto de ley para 2024. Además, este año comenzó a regir la norma 461 de la CMF, que pregunta expresamente por la adhesión de la empresa a este marco, y que obliga a las compañías a incluir materias relacionadas en sus memorias anuales; elementos centrales de las evaluaciones de ASG (ambiental, social y gobernanza) que hoy realizan los inversionistas. Y ya hay empresas avanzando.
La Facultad de Derecho de la UC, a través del Programa de Sostenibilidad Corporativa, junto a la Organización Internacional del Trabajo (OIT), por segundo año consecutivo realizaron el 'Diagnóstico sobre Empresas y Derechos Humanos en Chile 2023'. Se presentará el viernes próximo en la Casa Central de la PUC.
El listado analiza a las 29 empresas IPSA, y en esta versión suma, además, a 15 entidades públicas. Y si el puntaje total llega a 24, el sector privado promedia 9,4 —en 2022 fue de 9 puntos—, mientras que el sector público llega a 3,4. 'El marco evaluado sigue siendo, en cierta medida, un estándar novedoso para muchas empresas; implica integrar un marco de respeto de los derechos humanos que va más allá de la ley', justifica Ibáñez.
El diagnóstico está basado en información pública entregada por las mismas empresas, dentro del segundo trimestre del año 2023. Se utilizaron 12 indicadores generales, basados en la metodología de la Corporate Human Rights Benchmark (CHRB), en tres áreas: compromisos y gobernanza, que dice relación con una obligación adoptada por el directorio para el respeto de los derechos fundamentales; un sistema de identificación y gestión de riesgos en materia de DD.HH., y mecanismos de reclamación y reparación ante eventuales vulneraciones.
En la primera versión, Enel lideró las evaluaciones. Hoy, el primer puesto lo obtuvo Falabella, con 19,5 puntos.
En Falabella —explica Ibáñez—, el avance se da por una nueva política en materia de derechos humanos 'ambiciosa', en la que se comprometen con varios documentos internacionales, e incluso a reparar los impactos en procesos de debida diligencia que identifique un asesor externo. Por sector, sin embargo, las compañías y generadoras eléctricas son el número uno, con un 66% de cumplimiento promedio. 'Existe influencia de matrices extranjeras de países donde el marco está muy avanzado (como en el caso de Enel y Engie), pero también se destacan empresas que están trabajando muy en serio por vincularse con las comunidades y sus grupos de interés de una manera más horizontal y transparente, como es el caso de Colbún', resume Ibáñez. El facultativo de la UC es claro en señalar que 'en Chile, la adopción del estándar ha sido bastante rápida, sobre todo en empresas abiertas como las del IPSA: actualmente, cerca de dos tercios de los directorios tiene una buena política de respeto de los DD.HH., cuando el año pasado era solo un tercio'.
En esta nueva medición, Banco de Chile obtiene 3,5 puntos (en 2022 fueron 5,5); Sonda alcanza 2,5, y Ripley Corp., solo un punto. El análisis, no obstante, mide la adopción de un marco voluntario por parte de las empresas. Ello significa que la compañía puede estar gestionando sus riesgos sociales con un método propio.
Otras empresas como Santander, BCI, CCU, Vapores y CMPC bajaron frente a la evaluación pasada. World Benchmarking Alliance —que es la creadora de la metodología— recomendó a la UC ser más exigentes en algunos indicadores, especialmente en aquellos vinculados a mecanismos de reclamación y remediación, lo que influyó en la baja registrada por algunas empresas que reportaron tanto en esta como en la versión del año pasado.
La deuda de las estatales
Juan Eduardo Ibáñez es claro: 'El Grupo de Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos de Naciones Unidas ha sostenido, en varias ocasiones, que las empresas públicas deben liderar con el ejemplo. Eso no se está viendo en Chile'.
Esta versión del diagnóstico analizó a 15 empresas públicas. Salvo EFE (11,5) y Codelco (10,5), todas las demás estuvieron bajo los 10 puntos. Y, de hecho, si se sacan a Enap (9,5) y Metro (8), el puntaje del resto fue inferior a los 3,5 puntos, y ocho estuvieron en el mínimo: entre 0 y 1.
'En general, se observa desconocimiento e, incluso a veces, resistencia a la transparencia y a adoptar estándares de gobernanza de nivel internacional', dice Ibáñez. Y subraya: 'Considerando la evidencia del diagnóstico, (se debería) seguir promoviendo y midiendo los avances en la implementación voluntaria, y avanzar en normas más estrictas con el sector público', dice Ibáñez. Relata que hay ejemplos donde se le ha dado espacio a las empresas para implementar y luego se ha regulado en aquellos ámbitos en que la implementación voluntaria no funciona'. 'Esa será una discusión interesante que se dará este año', concluye.
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