El Mercurio
Con dos propuestas constitucionales rechazadas por la ciudadanía, la Carta Fundamental vigente se ha consolidado. Pero esto, para el abogado constitucionalista y académico de la U. Católica Arturo Fermandois, no quiere decir que, siendo una buena Constitución cuyo corazón “bombea nuevamente con potencia”, dice, no necesite ajustes para responder al Chile actual.
—A inicios de este proceso había cierto consenso en que la Constitución requería ajustes. ¿Comparte ese diagnóstico?
—La Constitución vigente está ahora más vigente que nunca y transversalmente legitimada, pero tras ocho períodos presidenciales en democracia, es obvio que necesita ajustes que renueven su influencia virtuosa.
—¿Qué aspectos están mostrando mayor agotamiento?
—Veo cuatro ejes prioritarios que presumo con alto grado de transversalidad y que son más orgánicos que dogmáticos, porque en esto último es donde emergen con más fuerza las diferencias. Estos cuatro ejes son sistema político, responsabilidad fiscal, certeza jurídica y estabilidad, y seguridad.
—¿Qué hay que corregir del sistema político?
—El objetivo para todos es recuperar gobernabilidad, detener la fragmentación política y recuperar una mejor conducción en la agenda legislativa, y para esto hay instrumentos relativamente evidentes desde la Constitución. El primero es una reforma para acoger un sistema electoral mayoritario o proporcional corregido. Con ello se conseguiría una disminución del número de partidos y una vuelta a la tendencia por tantos años de dos bloques moderados y estables que se alternen en el poder.
“Un segundo instrumento sería reformar el estatuto parlamentario para que incentive más disciplina en los partidos (...). Un tercer instrumento que traía la propuesta del Consejo es un mejor control del cumplimiento de las urgencias legislativas que envíe el Presidente al Congreso y alguna sanción a su infracción. Recordemos que el texto traía un mecanismo que podía alcanzar la dieta del parlamentario comprometido. Y una idea interesante es quizás reponer la agenda legislativa prioritaria”.
—¿Y en materia de responsabilidad fiscal?
—En el acuerdo, con las bases del proceso, hubo consenso transversal de formular el principio de responsabilidad eficaz. La actual Constitución contiene normas muy valiosas en su momento, pero en rigor no explicita este principio. Junto con ello, habría que fortalecer el control de la iniciativa exclusiva presidencial en materia económica y sancionar su infracción. La propuesta traía dos mecanismos interesantes en materia de declaración de inconstitucionalidad por el Tribunal Constitucional (TC) y de inadmisibilidad al interior de las cámaras y comisiones en el Congreso cuando se infringe la iniciativa exclusiva. Algo de esto me parece relativamente urgente de recogerse.
—Respecto de la certeza jurídica y estabilidad, ¿qué se debe ajustar?
—Una primera medida es volver al quorum de reforma constitucional acorde con el derecho comparado y la estabilidad propia de una Constitución, que es entre tres quintos y dos tercios. Hoy el quorum es cuatro séptimos y esa es una señal de flexibilidad, que se buscó en su momento, pero no hay que cerrar los ojos: es un mecanismo esencialmente inestable.
—Siendo tan reciente esa reforma, ¿ve viable acuerdo para eso?
—Pienso que el estancamiento económico está haciendo a muchos líderes políticos repensar sus ideas sobre cuáles son las fuentes de incerteza que impiden confiar en un país. Gradualmente, me parece que irá tomando fuerza.
“Una segunda idea es seleccionar cuatro o cinco leyes críticas por su importancia y elevarlas de la actual mayoría absoluta a los antiguos cuatro séptimos. Recordemos que el quorum de las leyes orgánicas constitucionales fue reducido a mayoría absoluta en reformas recientes. En esa oportunidad faltó solo un voto en el Senado para acoger esta idea que planteo, que es tener un quorum flexible para la generalidad de las leyes orgánicas, pero seleccionar muy pocas que tengan uno superior”.
—¿Cuáles debiesen tener ese quorum superior?
—En su minuto se evaluó la del Banco Central, la del Congreso. Yo agregaría la de concesiones mineras, la del TC, es decir, estabilidad en la sala de máquinas y en un par de leyes sectoriales que requieran especial certeza en el largo plazo.
El también exembajador en Estados Unidos menciona otros aspectos que, a su juicio “son impostergables”. Entre ellos, “dotar de un estatuto de transparencia y debido proceso a la potestad que tiene el contralor de emitir dictámenes que obligan a la administración pública y que muchas veces cumplen un rol, en los hechos, de sustituir a los tribunales de justicia”. Añade también “acotar la actuación de los órganos administrativos respecto de los tribunales de justicia. Los órganos administrativos están encargados de la función pública, pero no pueden desempeñar funciones jurisdiccionales que pertenecen exclusivamente a los tribunales. Esto ha sido objeto de tensiones que afectan la certeza jurídica y un principio orientador le vendría muy bien. Y también la propuesta traía principios valiosos respecto de la modernización del Estado: rendición de cuentas, buena fe, modernización de procesos, actuación eficaz”.
—El cuarto punto que destacó es seguridad.
—Es una tarea prioritaria de la autoridad política y legislativa abordar la crisis de seguridad, pero creo que la Constitución puede colaborar. Por ejemplo, desde 1980 existe un mandato al Estado de resguardar la seguridad de la población, pero se hace oportuno profundizarlo dado el cuestionamiento que existió en su minuto al principio de autoridad. En segundo lugar, la Constitución actual es muy escueta en el rol de Carabineros y no menciona a la PDI. Me parece también oportuno elevar a rango constitucional la potestad del Presidente para ordenar el resguardo de la infraestructura crítica por parte de la fuerza pública.
—Con todos estos puntos que menciona requieren ajustes, ¿cómo evalúa la salud de la Carta vigente?, ¿está sana, estable dentro de su gravedad?
—Sigue siendo una buena Carta Fundamental, que ha funcionado, permitió el desarrollo de Chile en su período más exitoso, en democracia, con alternancia en el poder, prosperidad social, etc. Su gran cruz era la discusión en torno a su legitimidad que ha quedado muy saneada después de este plebiscito. Pero debemos aceptar que los últimos cinco años, que han sido muy excepcionales y convulsionados, sumado a un plebiscito que fracasa, están abriendo espacios de interpretación nuevos en torno a principios, al sentido y alcance del derecho constitucional, al funcionamiento de determinados mecanismos, incluso a cuáles son los deslindes en la separación de poderes del Estado. No me parece que sea una crisis de la Constitución, pero no hay que cerrarse a que las constituciones cuando permanecen por muchos años rigiendo un país van viviendo distintas etapas.
—¿Entra a una nueva etapa la Constitución vigente?
—Viene entrando en una nueva etapa. En términos mecánicos, le convendría pasar por la revisión de los 40 mil kilómetros, es decir, son 40 años. Puede seguir funcionando, siendo sigue una Carta muy acertada, pero el país al cual está destinada a regir ha venido viviendo distintas dinámicas que hacen más visible su desgaste (...). El sistema cardíaco de la Constitución bombea nuevamente con potencia, lo que no impide ajustes necesarios después de ocho períodos presidenciales de activa vigencia.
