El Mercurio
El 24 de marzo, el Ballet Folklórico Nacional (Bafona) inició un paro que, 238 días después, aún sigue vigente. Entre sus peticiones están la “homologación de sueldos con sus pares” y un lugar de trabajo digno, ya que, denuncian, su sala de ensayos está en un exestacionamiento y “comen y ensayan en baños”.
Este no es el único paro en el Ministerio de las Culturas. Desde el 26 de octubre, el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural paralizó sus actividades. Y entre mayo y julio, lo hizo la Subsecretaría de las Artes.
Hace poco más de una semana, además, finalizó un paro de casi un mes en el SII y días antes, otro en el Ministerio del Deporte, a punto de comenzar los Juegos Panamericanos. Para la próxima semana, los gremios de la salud (que ya pararon nueve días en septiembre y dos semanas en octubre) anunciaron que están analizando nuevas movilizaciones en el marco de la discusión de la Ley de Presupuesto, al igual que el viernes lo hicieron funcionarios del Mineduc.
El Polígrafo registró las movilizaciones y paros de los funcionarios públicos durante 2023, a través de publicaciones de prensa y de las propias asociaciones de funcionarios. Según estos datos, este año se habrían producido por lo menos 30 movilizaciones de funcionarios públicos que implicaron paralización de sus funciones, sin contar las de trabajadores municipales o algunas reparticiones regionales que no pudieron ser rastreadas.
De estas, 14 fueron paros de carácter nacional con una duración de entre uno y tres días, y ocho de ellos, incluso, se prolongaron por dos semanas o más (ver recuadro).
Esta cifra duplica los de 2022, en que se registraron por lo menos seis paros nacionales (Onemi, Patrimonio Cultural, INE, fiscales, guardaparques de Áreas Silvestres Protegidas y funcionarios de la salud municipal), que duraron en promedio tres días. Dos de ellos se extendieron por más de dos semanas (21 días guardaparques y en el Servicio de Patrimonio Cultural, uno duró 22 y otro 16 días), sin contar los de funcionarios municipales.
Parar y seguir
Tradicionalmente, el inicio de la discusión presupuestaria marca el comienzo de movilizaciones, que se extienden hasta diciembre. Este año, en cambio, varias partieron antes de este período, relacionadas con condiciones laborales y promesas que, según los gremios, se arrastran de gobiernos anteriores y que tampoco fueron consideradas por este.
Es el caso de, por ejemplo, paros como el de la Subsecretaría de la Cultura y las Artes, Bafona, Fosis, Fundación Integra (de la red de fundaciones de la Presidencia, cuyos funcionarios se rigen por el Código del Trabajo) y el Ministerio del Deporte, que se iniciaron antes del anuncio de la Ley de Presupuesto en septiembre, demandando ajustes salariales y condiciones laborales.
En Fosis, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, el paro se extendió por más de 40 días. César Varela, dirigente de Anffos, explica que este se realizó, entre otros temas, por reajustes de deudas salariales y asignación de grados, pero también por falta de equipamientos, como vehículos para salir a terreno.
Una situación similar a la del Bafona, del Ministerio de las Culturas, en que los bailarines y músicos protestan, entre otros asuntos, porque ensayan en el -2 de un estacionamiento subterráneo. “Los comedores estaban en los baños, las cañerías básicamente medio metro arriba de tu cabeza. Se ensayaba en las bodegas, se ensayaba en los baños y tuvimos desmayos de bailarines por falta de aire ya que no hay extracción”, dice Evelyn Hernández, vocera del movimiento.
Otros paros iniciados antes de la discusión presupuestaria se relacionan más con condiciones salariales, como el de la Subsecretaría de las Culturas (entre mayo y julio) y el Ministerio del Deporte (septiembre y octubre), en la antesala de los Juegos Panamericanos.
Y pese a que algunas apenas finalizaron hace algunas semanas, las asociaciones aseguran que están evaluando volver a paralizar.
Entre ellos, por ejemplo, los funcionarios de la salud. Durante el año, tres gremios paralizaron sus funciones: la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud (Fenats), la primera quincena de octubre, hasta que lograron la reincorporación de más de 6 mil funcionarios a honorarios desvinculados tras el fin de la emergencia sanitaria; el 2 y 3 de septiembre, los enfermeros de la salud pública (mismo motivo), y el 27, 28 y 29 de septiembre, los funcionarios de la Salud Municipal (Confusam) denunciando “recortes presupuestarios” tras el fin de la emergencia sanitaria. Este mismo gremio ya había paralizado dos días en marzo, por mejoras salariales y diversos bonos, como el de Trato de Usuarios y el de Desempeño Difícil. El viernes, anunciaron que estudian nuevas movilizaciones.
La misma situación se repite en el Servicio de Impuestos Internos (SII), que recién finalizó un paro de 28 días el 6 de noviembre. “Vamos a evaluar el 1 de diciembre si la suspensión termina o si nuevamente activamos paro. Eso va a depender de cómo vayan las negociaciones. Estamos muy atentos a lo que se nos plantee para la implementación de un proyecto de fortalecimiento que, además, viene muy de la mano con lo que está sucediendo en la institución”, comenta Evelyn Apeleo, presidenta de Aneiich, tras conocerse el caso Audio.
Y hasta ahora se desconoce el camino de las movilizaciones en Educación. El viernes se conocieron los resultados de las elecciones del Colegio de Profesores, que paró 48 horas en agosto y casi una semana a fines del mismo mes, en apoyo a la demanda de pago de la deuda histórica, violencia en las salas de clases y el financiamiento de la educación pública, además del paro de los colegios de Atacama, que por más de 70 días afectó a 46 establecimientos y 30 mil escolares. Asimismo, el viernes, los funcionarios del Mineduc anunciaron una paralización para los próximos días, por “promoción, brechas salariales y traspasos de auxiliares a administrativos”.
CUT: “Es muy evidente que la conflictividad en el mundo público se ha incrementado durante este año”
Los dirigentes de los funcionarios públicos reconocen un aumento de las movilizaciones y paralizaciones.
Para Carlos Insunza, consejero nacional de la CUT y dirigente de la ANEF, “es muy evidente que la conflictividad en el mundo público se ha incrementado durante este año. Venimos saliendo de una serie de años bastante anómalos, pandemia de por medio, pero claro, hay un incremento en las movilizaciones y los paros de distintas organizaciones del sector público que, particularmente en este período, en el marco de la discusión presupuestaria, se han acelerado, y eso es bien claro”.
A su juicio, este incremento se debería a que durante la pandemia las organizaciones tuvieron una contención de sus demandas, “entendiendo las dificultades financieras y la prioridad respecto de la salud de la población”, pero “hoy día hemos vuelto a un estado de mayor normalidad, en que la expectativa de las distintas organizaciones sindicales es poder avanzar en materias que están vinculadas al desarrollo profesional, al mejoramiento de condiciones laborales, de infraestructura incluso o de coberturas de dotación que están con brechas en distintas instituciones”, y los marcos presupuestarios “se están quedando cortos”.
Una visión similar tiene José Pérez, presidente de la ANEF, quien cree que el origen está en protocolos de acuerdo no cumplidos, tanto de gobiernos anteriores como del actual, que han ido “dañando las confianzas”.
“Uno puede entender que hay más movilizaciones, porque a medida que pasa el tiempo y no se entregan certezas (...) uno no puede administrar la ambigüedad ni las imprecisiones y menos la falta de respeto de no responder. Que nos digan sí o que nos digan no, pero no nos dejen suspendidos en el aire. Entonces eso ha generado quizás hoy en día una mayor profundización de movilización y paro. Hemos tenido el caso de las Culturas y las Artes, Servicio de Impuestos Internos, hoy estamos con el Servicio de Patrimonio, antes el Ministerio del Deporte, que solo quiere decir que este año hay más notoriedad de los conflictos, pero siempre ha habido una acción movilizadora”.
No son legales
Las paralizaciones en el sector público son ilegales y, de hecho, fueron parte de la discusión de los borradores constitucionales, tanto de la Convención Constitucional como del Consejo Constitucional.
La actual Constitución establece en su artículo 19 que “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades”, así como tampoco las personas que trabajen en corporaciones o empresas de cualquier tipo que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause graves daños a la salud, la economía, el abastecimiento o la seguridad nacional.
Gonzalo Díaz, abogado experto en Derecho Laboral y académico UC, explica que son paralizaciones “de hecho”, a diferencia de los trabajadores del sector privado, en los que se permite la huelga legal dentro de un procedimiento de negociación colectiva.
Mientras que para la académica de Derecho Laboral Pamela Martínez (U. Chile), el caso chileno es una “anomalía que radica en que a nivel constitucional se encuentra prohibida la huelga para los funcionarios públicos. A nivel legal, la huelga de los funcionarios públicos está también prohibida, es una infracción en el estatuto administrativo y, además, son susceptibles a que se les aplique el artículo 11 de la Ley de Seguridad del Estado”.
Propuestas constitucionales
En el borrador de la fallida Convención Constitucional, se estableció “libertad sindical para los trabajadores del sector público y privado”, la que comprendía sindicalización, negociación colectiva y derecho a la huelga, la que no podría prohibirse por ley, salvo en casos excepcionales.
Mientras que en el texto del Consejo Constitucional próximo a plebiscitarse, el artículo 27 letra d explicita que, “no podrán declararse en huelga los funcionarios del Estado ni de las municipalidades. Tampoco podrán hacerlo las personas que trabajen en corporaciones o empresas, cualquiera que sea su naturaleza, finalidad o función, que atiendan servicios de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, al abastecimiento de la población, o a la economía o seguridad del país”.
