País Circular
En el transcurso de un mes, específicamente el 17 de diciembre próximo, las y los chilenos decidirán si están “a favor” o “en contra” de la propuesta de nueva Constitución emanada de este segundo proceso constitucional. En materia ambiental, en tanto, el texto incorpora varias modificaciones respecto de la Constitución de 1980, lo que, sin embargo, no deja conformes a la mayoría de las y los consultados por País Circular.
Aunque el texto incluye un capítulo específico titulado “Protección del medio ambiente, sustentabilidad y desarrollo”, y que consagra “el derecho a vivir en un medio ambiente sano y libre de contaminación, que permita la sustentabilidad y el desarrollo”, el abogado y director ejecutivo de la ong FIMA Chile, Ezio Costa, manifiesta ahí radica justamente una “tensión entre el desarrollo económico y la protección ambiental”.
Según Costa, esto “obedece a una visión muy anacrónica de la protección ambiental que no la mira como parte del desarrollo. Hay que entender que el país no solo se desarrolla con más ingresos, sino, por ejemplo, teniendo el aire más limpio”, comenta Costa a este medio. Es más, en este aspecto puntual, el abogado indica que la Constitución del 80 es más favorable al medio ambiente que la que se someterá a plebiscito en diciembre.
“La Constitución del 80 consagra el derecho a vivir en un ambiente libre de contaminación y no supedita eso a ningún otro valor; en cambio, la propuesta actual supedita el ambiente sano a una compatibilidad con la sustentabilidad y el desarrollo. Esto no es otra cosa que decir que se va a preferir el daño ambiental cuando esto produzca beneficios económicos. Esto erosiona un derecho fundamental como el derecho al medio ambiente en favor de una opción más destructiva”, opina Ezio Costa.
Similar concepto tiene la doctora en derecho ambiental y académica de la Universidad de Concepción, Verónica Delgado, para quien la inclusión de la palabra “desarrollo” a secas en varios pasajes del texto -sin el apellido “sustentable” o “sostenible”- abre la puerta ancha a que se pueda flexibilizar la normativa ambiental, en aras del desarrollo económico.
“No fue un error poner por separado la sustentabilidad y el desarrollo. Fue hecho a propósito. Todo el mundo trabaja en torno a 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), y aquí no se quiso usar la palabra ‘desarrollo sostenible’. Se quiso separar para proteger el desarrollo económico. Para crecer económicamente, la mayoría de las veces los países caen en la tentación de relajar las normativas ambientales, y eso es pan para hoy y hambre para mañana. Además, en el texto no se quiso consagrar el principio de no regresión, por lo que se torna un poco odioso instalar por separado la sustentabilidad y el desarrollo”, analiza Verónica Delgado.
En la vereda opuesta a esta interpretación se encuentra el director del Programa de Derecho y Medio Ambiente de la Universidad Católica, Ricardo Irarrázabal, para quien el Consejo Constitucional acertó en presentar el “desarrollo” a secas, modificando el anteproyecto emanado de la Comisión Experta.
“Poner el desarrollo sin apellido evita esa discusión entre protección al medio ambiente y desarrollo. La gran problemática era que en la Convención Constitucional anterior hubo analistas que decían que incluir ‘desarrollo sostenible’ en la Constitución era poner fin al modelo neoliberal. De hecho, en el proceso anterior se evitó usar la palabra sustentabilidad, como un criterio que permite conciliar lo ambiental, lo económico y lo social, junto con el concepto de la solidaridad intergeneracional”, dice Irarrázabal. Según el también ex subsecretario de Medio Ambiente, Minería y Energía durante los dos gobiernos de Sebastián Piñera, “las constituciones no existen para plantear ni imponer un modelo de desarrollo”.
En tanto, para el ex integrante de la Comisión Experta, el sociólogo Alexis Cortés, en términos generales la propuesta que se someterá a escrutinio público en diciembre “está muy por debajo de lo que se necesitaba en materia ambiental para hacerse cargo de las expectativas”. Al igual que Ezio Costa y Verónica Delgado, Cortés -militante del Partido Comunista- piensa que la redacción del nuevo texto, más que proteger el medio ambiente, “protege los negocios que se hacen con el medio ambiente y la naturaleza”.
En línea con Verónica Delgado, Cortés -que participó directamente del proceso- plantea que el texto a plebiscitar “reproduce una concepción que separa la sustentabilidad y el desarrollo, que ve la preocupación por el desarrollo como un antagonista de la protección ambiental”. También el sociólogo critica que el proyecto constitucional “entrega menos herramientas al Estado para castigar los crímenes ambientales, ya que el mal diseño del texto afecta el derecho administrativo sancionador, dejando en los reglamentos la facultad de sancionar los delitos ambientales”.
