El Mercurio
La idea de trasladar las causas asociadas al crimen organizado a regiones distintas a aquellas donde operaban los imputados antes de ser detenidos estaba en el debate público desde hace algún tiempo, debido al avance de estas organizaciones en el país. La inquietud fue recogida en una enmienda de los consejeros constitucionales del Partido Republicano y, este viernes, aunque con algunas modificaciones, la norma fue aprobada por el Pleno.
Consultados por “El Mercurio”, distintos penalistas y académicos evaluaron la propuesta. Unos consideran que puede dar garantías de seguridad a jueces y fiscales en el contexto de las amenazas a las que están expuestos, lo que es necesario. Recientemente se conoció que estos ya enfrentaban amedrentamientos de bandas vinculadas con el Tren de Aragua, organización criminal internacional de origen venezolano.
Otros, en tanto, advierten que la disposición no es clara y que ello generaría problemas a la hora de determinar qué tribunal debe resolver la causa.
El artículo propone una ley institucional que le dé “competencia en todo el territorio nacional a tribunales penales para juzgar causas cuya investigación sea de competencia de la fiscalía señalada (supraterritorial, que verá causas de crimen organizado y de alta complejidad)”.
“Abre una oportunidad”
Para la profesora de Derecho Penal de la Universidad del Desarrollo, María Cecilia Ramírez, esta norma abre una oportunidad para que “el Congreso cree una ley que establezca tribunales especializados en delitos de crimen organizado” y, de esta manera, evitar que el juez de garantía o el tribunal oral se vean expuestos a conocer estos ilícitos y ser amenazados.
Sin embargo, cree que, en tal caso, se debería crear un solo tribunal especializado, porque, de lo contrario, “podría existir un fraccionamiento de las competencias y los jueces seguirán cercanos a los lugares donde ocurren los hechos delictivos”.
Mientras que el profesor de Derecho Penal de la Universidad Católica, Jorge Gálvez, advierte que aunque se piense que la norma facilita la persecución penal, “igualmente puede dar lugar a conflictos de competencias”. Esto, en el caso de que existiera más de un tribunal para juzgar la misma materia y que conocieran los mismos hechos.
“De forma descoordinada se tomarían decisiones contradictorias”, dice, o podrían presentarse problemas en el caso de que el Ministerio Público pueda elegir el juzgado, según sus aspiraciones en la persecución, lo que con la legislación vigente no es posible, agrega.
Resguardo de actores del sistema
Por su parte, la penalista Catherine Lathrop precisa que derivar las causas del Tren de Aragua, por ejemplo, a otras regiones es “una buena idea”. Porque, afirma, “la lejanía con los hechos que se están investigando puede ser una garantía para el investigador, tanto para el fiscal como para los auxiliares de la administración de justicia”.
Aunque piensa que se debe tener presente que para efectuar el traslado no hay mucha claridad y “se podría generar una discusión respecto a problemas de competencia”.
